La impunidad, que según Amin Maalouf es tan perversa como la injusticia, fue durante más de tres décadas la argamasa que mantuvo unido al régimen neoliberal en México.
Sin el acuerdo de cubrirse mutuamente las espaldas, la alternancia entre PRI y PAN en la Presidencia de la República, por más que ambos partidos compartieran entonces como comparten ahora el mismo proyecto político-económico, hubiera sido imposible.
Ni un pelo tocaron nunca los panistas a los priistas de alto nivel, y viceversa. Más que cruzarse la banda presidencial en el pecho se cubrían con ella los ojos, se ataban las manos y se las ataban también a quienes supuestamente deberían procurar e impartir justicia. Impunes quedaban unos y otros de masacres, corruptelas de toda laya, fraudes electorales y otros muchos crímenes.
Todo comenzó cuando los neoliberales descubrieron que la única manera de mantenerse en el poder —después de la irrupción de una oposición poderosa en 1988 y el desgaste sufrido por el sistema autoritario en 1994— era, precisamente, compartiendo el poder. Eso hicieron con Vicente Fox Quezada, adoptaron la fórmula del Gatopardo: cambiaron de partido en el poder, para que no cambiara nada.
Fox fue el hombre con el que la alternancia dejó de ser democrática y se tornó proyecto de dominación. Él tenía la legitimidad, el respaldo y las razones jurídicas para acabar con el PRI, pero, en lugar de cumplir con la promesa de sacarlo “a patadas” de Los Pinos, terminó entregándose a él y le entregó el país.
Cometió así el guanajuatense un crimen de lesa democracia, traicionó el mandato expreso de los 17 millones de votantes que lo llevaron a la Presidencia, orquestó el fraude electoral de 2006 y sentó las bases para lo que sería la masacre y el saqueo bipartidista de la nación, consumados por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Luego de las dificultades —de familia— entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, todo entre Fox, Calderón y Peña Nieto fue miel sobre hojuelas. Salvo las imprescindibles piezas de sacrificio mediático (personajes desechables del régimen, chivos expiatorios que cada partido ponía en baza), nada inquietaba en realidad a priistas o panistas.
La impunidad era el seguro de vida de presidentes y miembros del gabinete en el viejo régimen. Nada que amenazara su continuidad podía ir más allá de las acusaciones, mentiras y bravatas electorales. Tan sólida sentían la estructura construida en esos 36 años que se dieron el lujo de unir la cadena con eslabones cada vez más débiles.
Juan Collado, Genaro García Luna, los dos Emilios (Lozoya y Zebadúa), Tomás Zerón, Alonso Ancira, Rosario Robles, el propio general Salvador Cienfuegos, el mismísimo Luis Videgaray, quedaron con el cambio de régimen en el desamparo. Hoy ya no hay, como ocurría siempre, quien les garantice impunidad en las altas esferas del poder.
Dependen de las argucias de sus abogados y de la fragilidad o fortaleza de cómplices y colaboradores menores que se encargaban de apoyarles y que lo sabían todo de ellos. Unos ya han comenzado a negociar o habrán de hacerlo para tratar de evitar, aquí o en Estados Unidos, largas condenas de cárcel.
Los dos Emilios se acogen al criterio de “oportunidad” y delatan; Robles resiste y se finge rehén; Zerón huye; Ancira contrademanda. A Videgaray se le comienza a acorralar. Solo señalar hacia arriba podría salvarlos. El cerco de la justicia se cierra, por fin y para el bien de México, en torno a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
@epigmenioibarra
