Por John M. Ackerman
Militarizar o desmilitarizar: esa es la cuestión. ¿La creación de una Guardia Nacional implica una traición o un cumplimiento de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador?
Las reacciones al Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente electo no se hicieron esperar. Los ‘comentócratas’ del viejo régimen y no pocas organizaciones de la sociedad civil se han ido directamente a la yugular del presidente electo. Le han dicho de todo, desde traidor hasta incongruente y mentiroso.
La acusación central es que López Obrador, supuestamente, estaría consolidando la militarización de la seguridad pública y que esto generará más violaciones a los derechos humanos y convertirá al presidente de la República en un dictador. Sé que es difícil, pero les recomiendo leer y documentarse primero antes de vociferar mentiras.
La propuesta de creación de una Guardia Nacional es el último punto de un amplio plan de seguridad y paz cuyo énfasis es resolver de raíz el problema de la violencia por medio del combate a la corrupción, una reforma del sistema de Justicia, una nueva regulación de las drogas, el fomento del empleo y la educación, un proceso de desarme y amnistía transicional, así como una necesaria reforma carcelaria.
Se propone nada menos que una transformación radical de la lógica de guerra impulsada por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Barack Obama y Donald Trump a una lógica de paz, basada en el estricto respeto a los derechos humanos y el fomento al desarrollo social.
¿Pero qué tal la creación de una Guardia Nacional con la participación de policías militares? ¿No implica esto una continuidad de la estrategia de Calderón y, además, una forma de desacatar la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior? Falso.
Las reformas que propone Morena no caminan hacia una mayor militarización sino, precisamente, hacia la desmilitarización de la seguridad pública.
En primer lugar, la mayor parte de los integrantes de la Guardia Nacional provendrán de la Policía Federal y de miles de nuevos reclutas desde la ciudadanía, no de las fuerzas militares. Segundo: los integrantes de la nueva corporación no contarán con ningún ‘fuero de guerra’, sino que tendrán que someterse a los tribunales civiles, como cualquier policía. Tercero: la Guardia Nacional tendrá un papel estrictamente auxiliar con respecto tanto a la nueva Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía General de la nación.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, dice en nuestro artículo 21 constitucional. La reforma que propone Morena respeta de manera absoluta estos principios democráticos fundamentales.
Finalmente, no se modificará un ápice el artículo 129 de la Constitución, que señala: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Este es el artículo que obligó a la Suprema Corte a anular la despótica Ley de Seguridad Interior y que garantiza la disciplina política y pública de las Fuerzas Armadas.
López Obrador quiere que los militares regresen a sus cuarteles, pero retirar de golpe a todos los soldados de la calle este 1 de diciembre sería sumamente peligroso y generaría un enorme vacío de poder. Hay que trazar una ruta responsable de remplazo paulatino de los militares por fuerzas civiles altamente capacitadas. Esto es lo que propone el próximo presidente.
Por supuesto que se vale criticar y cuestionar las propuestas de las autoridades, ¡faltaba más! Sin embargo, siempre es recomendable hacerlo con conocimiento de causa y sin caer preso de intereses facciosos, cuyo único objetivo es acabar con la enorme esperanza del pueblo mexicano en construir juntos un nuevo régimen de justicia y paz.
Fuente:: RT
