Por Jesusa Cervantes
Si los pronósticos no fallan, dentro de cuatro meses Enrique Peña Nieto habrá dejado de ser el hombre por el cual redoblan los tambores del Ejército. Es el presidente de la República, a quien ya casi nadie volteará a ver, porque ahora todos dirigirán sus halagos al hombre que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), ungirá como candidato de la embriagadora silla presidencial.
El próximo 12 de agosto, la Asamblea Nacional del PRI determinará el método de elección y en octubre estaría nombrando a quien esperan sea el sucesor del peñismo.
Peña Nieto descansará, pues, y su poder y presidencia se habrán desvanecido, ello si los cánones priistas se mantienen.
A partir de octubre será el candidato quien recibirá halagos y responsabilidades. Primero para utilizar mágicamente el dinero que lo lleve a la Presidencia, y en segundo lugar para cubrir las espaldas al grupo Atlacomulco, en especial por los señalamientos que giran en torno a ellos en los grandes temas de corrupción, ya sea OHL, Odebrecht o Petróleos Mexicanos (Pemex).
A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón, Peña Nieto descansará y dormirá tranquilo porque no podrá ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que, respaldado por 23 mil firmas, el 26 de noviembre de 2011 el abogado Netzaí Sandoval acudió a La Haya, sede la Corte Penal Internacional, y acusó al panista de incurrir en dicho delito en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
Y no es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no se hayan cometido delitos como la desaparición forzada, el uso de la tortura como mecanismo para la auto inculpación o las ejecuciones sumarias o que se hubiera modificado la lucha contra el crimen organizado, y menos que México haya dejado de ser una gran fosa clandestina, lo que sucede es que uno de sus primeros actos de gobierno fue modificar la ley de la administración pública.
Para protegerse y evitar que se le atribuyan las mismas responsabilidades de Calderón Hinojosa, Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade, el mismo que lo exoneró de la Casa Blanca y hoy encabeza la llamada “caja chica” del gobierno (Bansefi), que modificara la ley para que no fuera el jefe de las Fuerzas Armadas el responsable de los actos en contra del crimen organizado, sino el secretario de Gobernación.
Recuerde usted que, en su demanda, el abogado Netzaí Sandoval responsabilizó directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, y entre ellos a los exsecretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez, y al entonces titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero también al jefe de las Fuerzas Armadas.
Hoy, todos los actos en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado son autorizados por el titular de Gobernación, así es que será Miguel Ángel Osorio Chong quien podría no solo perder ese mes de octubre la candidatura presidencial del PRI, sino además empezar a preocuparse por armar su defensa ante la CPI, si es que la ciudadanía logra aglutinarse y encuentra otro abogado con el arrojo de Netzaí Sandoval para denunciar al Estado por crímenes de lesa humanidad.
Sabemos que ahora es más factible documentar las violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial en Tlatlaya o Tanhuato. El uso de la tortura está documentado y no será difícil denunciarlos ante la CPI. También es posible que Osorio Chong venza a Luis Videgaray, José Antonio Meade o Aurelio Nuño en la búsqueda por la candidatura presidencial, y también es cierto que puede ganar un pleito ante la CPI.
Mientas tanto, Peña Nieto estará a gusto, disfrutando de alguna otra de sus casas… Esperemos tranquilos el mes de octubre.
Fuente: Proceso
