Es factible que en las próximas semanas se destrabe el caso Odebrecht –el emblema de la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto– que implica al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin por los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. En el juicio de amparo que se resolvió el pasado 30 de noviembre, la juez Luz María Ortega Tlapa dio 30 días hábiles a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de desahogar pruebas, así como 40 días naturales para determinar si ejerce o no la acción penal contra el exfuncionario peñanietista.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
Cuando estuvo al frente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán se resistió a entregar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) documentos clave sobre el caso Odebrecht.
Entre esos legajos había copias certificadas de la carpeta de investigación de la PGR sobre la empresa brasileña, así como la información entregada por la fiscalía de Brasil al gobierno mexicano, con las que la FEPADE busca determinar si Emilio Lozoya Austin recibió sobornos de Odebrecht y si los utilizó para financiar de manera ilegal la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Lo anterior se conoció durante el juicio de amparo 702/2018, cuya acta en versión pública muestra que la FEPADE solicitó los documentos “por lo menos en dos ocasiones” a la subprocuraduría dirigida por Elías Beltrán y a la Coordinación General de Servicios Periciales. Sin embargo, esos informes “no obran” en su expediente.
Elías Beltrán asumió la subprocuraduría a partir de noviembre de 2016. Y aunque el 16 de octubre de 2017 Raúl Cervantes Andrade renunció a la PGR, Elías Beltrán se convirtió en titular de facto de la dependencia, pero siguió al frente de esa subprocuraduría.
En el juicio de amparo, que se resolvió el pasado 30 de noviembre, la juez Luz María Ortega Tlapa, del Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dio 30 días hábiles a la FEPADE para desahogar pruebas, y otros 40 días naturales para determinar si ejerce o no la acción penal contra Lozoya Austin.
A pesar de que aparentemente no obren los informes que la FEPADE solicitó a la PGR, la juez estimó que “ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos”, por lo que consideró que la dependencia está “en aptitud de determinar la carpeta de investigación”.
Asimismo, ordenó a la FEPADE que reformule un oficio del pasado 10 de julio, en el que la dependencia rechazó una petición de Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, quien pidió la prescripción de los cuatro delitos que le imputan a su cliente –dos de ellos del Código Penal Federal y dos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales–, con el propósito de anular la investigación.
El juicio de amparo 702/2018 es el más reciente de una serie de 14 amparos que interpusieron Lozoya, la FEPADE y la PGR sobre el caso Odebrecht desde el 12 de agosto de 2017.
Ese día, Proceso publicó una investigación de Quinto Elemento Lab, la cual reveló los contenidos de los testimonios que tres exdirectivos de Odebrecht rindieron ante la justicia de Brasil.
En sus declaraciones juramentadas, Luis Alberto de Meneses Weyll, Luiz Mameri y Hilberto da Silva confesaron que entregaron 10.5 millones de dólares de sobornos a Lozoya, y que le depositaron 4 millones 130 mil dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto, en la que Lozoya era coordinador de Vinculación Internacional.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2197, ya en circulación)
