Por John M. Ackerman
Al asumir la Presidencia después del fraude electoral de 2006, Felipe Calderón nombró a Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora como los principales operadores de su supuesta guerra en contra del narcotráfico, el primero como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el segundo como procurador general de la República.
Para muchos observadores era evidente desde el primer momento que la nueva estrategia de seguridad no se trataba de un ataque frontal al crimen, sino de un espectáculo mediático para compensar la falta de legitimidad del nuevo presidente. De manera similar a la decisión de George W. Bush de invadir a Irak tras su cuestionada victoria de 2000 sobre Al Gore, Calderón lanzó un ataque armado contra su propio pueblo con el fin de supuestamente unir al país y consolidar su liderazgo.
Pero conforme avanzaba el sexenio se iba quedando cada vez más claro que la violencia ejercida por el gobierno calderonista seguía un patrón extraño. Por un lado, favorecía sistemáticamente a los territorios y los líderes del cártel de Sinaloa (véase: https://n.pr/34nF5fp) y, por otro lado, se utilizaba para intimidar y agredir a la oposición al nuevo gobierno despótico (véase: https://bit.ly/2stw2fT). Es decir, la guerra de Calderón rápidamente dejó de ser una mera estrategia propagandística para convertirse en una potente arma política tanto en la lucha interna entre cárteles de la droga como en la disputa por el control social.
La guerra politizada de Calderón contaba con pleno respaldo de Washington, primero de Bush y después del amigo Barack Obama. Conforme avanzaba el conflicto, las agencias de seguridad de Estados Unidos aprovechaban la debilidad de Calderón para meterse hasta las entrañas de las instituciones de seguridad mexicanas, llegando incluso a establecer una red de informantes propios, incluyendo funcionarios y delincuentes, así como una comunicación particularmente estrecha con la Secretaría de Marina (véase: https://bit.ly/2RUHr2J).
Con base en esta realidad a todas luces evidente, en 2011 un grupo de abogados y figuras públicas acompañamos el maestro Netzaí Sandoval, ahora director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial, en la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Calderón, García Luna y El Chapo Guzmán por su responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en México (véase: https://bit.ly/2PLMKz6).
Hoy por fin ha quedado perfectamente claro para todos que la supuesta guerra de Calderón era una farsa de principio a fin. Quien en aquel momento estaba a cargo de procurar justicia se preocupaba más por abultar sus cuentas bancarias internacionales que por procesar a los delincuentes. Y el hombre responsable por el combate al crimen organizado más bien encabezaba una red de crimen uniformado.
Ahora bien, la renuncia de Medina Mora y la detención de García Luna son resultados directos de la llegada de la Cuarta Transformación. Durante el viejo régimen el gobierno mexicano protegía activamente a los delincuentes y los lavadores de dinero, pero hoy existe plena colaboración entre la justicia nacional y las estancias investigadoras internacionales. El gobierno mexicano ya no cabildea en favor de la impunidad de sus antiguos funcionarios, sino que defiende el principio de legalidad que hoy rinde frutos con la presentación ante la justicia estadunidense del superpolicía de Calderón.
La Fiscalía General de la República también tiene abiertos expedientes contra estos dos alfiles del viejo sistema. Pero en lugar de adelantar las detenciones para ganarle la nota a las instancias internacionales, la justicia mexicana avanza con paso firme y plena autonomía para acreditar correctamente los delitos, algo nada sencillo en el contexto de una institución totalmente desmantelada durante los gobiernos anteriores.
En suma, es totalmente falso que antes el gobierno era duro con los criminales y hoy sería suave. Al contrario, hoy es cuando se inicia la verdadera confrontación con el crimen organizado. Existe un verdadero abismo entre los actuales titulares de la FGR y la SSP, Alejandro Gertz Manero y Alfonso Durazo, y quienes estaban a cargo con Calderón. Y la intensa actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, es también testimonio de que por primera vez en la historia reciente contamos con un gobierno dispuesto a combatir a los delincuentes sin tregua y hasta el final.
La profunda reforma hoy en curso en el Poder Judicial es también crucial. En su informe de la semana pasada, el ministro presidente Arturo Zaldívar rompió con gran valentía el tabú del viejo régimen de ignorar los problemas para denunciar sin rodeos que en estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial. También anunció su compromiso más absoluto con la honestidad y la justicia, caiga quien caiga.
Fuente: La Jornada
