Por Luis Javier Valero Flores
La mayoría legislativa del Congreso del Estado (PRI, PVEM, PANAL, PRD, PT y MC) aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno de Chihuahua para 2015, en el que se incluyó una nueva emisión de bonos carreteros, hasta por la cantidad de 3 mil millones de pesos. Contrariamente a las posturas adoptadas por el grupo parlamentario panista de la anterior legislatura, en esta ocasión no sólo votaron en contra de la adquisición de esa nueva “obligación” del Gobierno local, sino que rechazaron abiertamente lo que catalogaron como un incremento a la deuda adquirida por la administración estatal.
Si tomamos como base el criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –la instancia federal– querrá decir que la deuda de Chihuahua habrá llegado (pesos más, pesos menos) a alrededor de 45 mil millones de pesos (mmdp).
Tal criterio ha sido rechazado, una y otra vez, tanto por el Gobernador César Duarte, como por su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, en lo que a ojos de muchos pareciera ser sólo una contradicción semántica. No lo es. Aceptemos, para aclarar la discrepancia, el criterio del gobierno estatal. Bien, el financiamiento adquirido por éste, derivado de los bonos carreteros no es deuda (porque no hay una fila de acreedores exigiendo el pago de ella, sostiene el secretario Herrera). Pero el problema estriba en que, ya con la aprobación del nuevo financiamiento de 3 mmdp a 34 años significa que, por la obtención de 18 mmdp (15 mmdp de la emisión anterior y 3 de la actual), el Gobierno de Chihuahua –cualquiera que sea el titular del Poder Ejecutivo– deberá destinar durante 34 años prácticamente la totalidad de los ingresos que tenga por el peaje de las carreteras propias o concesionadas, algo así, otra vez más o menos, de alrededor de mil 800 mdp anuales.
Esto quiere decir que los chihuahuenses –de ahora, y los del futuro hasta aquel año– deberemos desembolsar, por un préstamo de 18 mmdp, la escandalosa cifra de ¡61 mil 200 millones de pesos!
Y no es deuda, simplemente veremos el modo en que miles de viajeros, a lo largo de 3 décadas y media, pagan el peaje y esos ingresos estatales (recursos propios los denomina Hacienda federal) no llegarán a las arcas del Gobierno de Chihuahua. No es deuda, son compromisos de la administración estatal.
Ahora bien, así ubicado el problema, otro es el de si los recursos obtenidos pueden y deben ser utilizados por la actual administración y si es justificado que en aras de los actuales proyectos gubernamentales se comprometan los recursos que representan alrededor del 20% del total de los ingresos anuales propios que ahora tiene el gobierno estatal.
Y el otro problema es el manejo transparente de la utilización de ellos. Aquí adquieren pertinencia las preguntas realizadas por la diputada panista María Eugenia Campos a los secretarios comparecientes a las sesiones de las comisiones legislativas, consistente en que si sabían cuánto de esos 3 mmdp serían usados por ellos y en qué proyectos.
Ninguno le respondió.
Ahora bien, uno de los argumentos de Jaime Herrera pareciera tener –a la luz de las previsiones económicas, particularmente el de los precios del petróleo que ayer bajó de los 50 dólares– justificación para tener a la mano esos 3 mmdp. Es decir, para la no tan eventual disminución de las partidas federales. El problema estriba en el uso de los recursos de los bonos carreteros, pues aduce que la legislación local establece que se pueden usar para inversiones productivas (y en ellas ubica, por ejemplo, el gasto educativo) pero que sólo con calzador podría aceptarse para el pago de salarios, es decir, para el gasto corriente. Si sólo los mencionados aspectos fueran los causantes de la polémica acerca de la deuda, serían bastantes, a ellos debemos agregarles los derivados de la lucha político-electoral y más allá.
Es notorio el cambio de postura política de la bancada del PAN (Bajo la misma dirigencia estatal, la de Mario Vázquez), pues ahora pasaron al de la oposición real, sin que se pueda apreciar nítidamente si obedece a una distinta recepción de este problema o si obedece a la inminencia del proceso electoral, que para efectos prácticos es uno solo de aquí a mediados del 2016, pues si bien el vecino será el proceso federal, una vez terminado éste el clima político estará marcado por la inminencia del local, con todos los ingredientes de la actual situación estatal.
Igualmente, a la vista de los hechos, salta otra pregunta: ¿Qué tanto habrá influido, en la postura de los diputados del PAN, de la anterior legislatura, la participación del entonces diputado y ahora presidente municipal de Delicias, Jaime Beltrán del Río, en la participación de Unión Progreso?
Y de los demás partidos, ¿qué podemos decir?
Lo mejor, haciéndoles una gran concesión, es que forman parte de la “coalición gubernamental”, sin formar parte del gobierno y que sólo aportan sus votos y presencia, acompañando en todos sus actos a la actual administración estatal, confirmando en los hechos que, por lo menos desde el punto de vista parlamentario, en Chihuahua sólo existe la oposición de derecha, la del PAN, a veces muy débilmente perfilada, como lo hemos comentado reiteradamente.
Anuncio esperanzador— El de los presidentes norteamericano y cubano, Barack Obama y Raúl Castro, en el que plantean el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre sus países, después de la realización de la primera conversación telefónica entre mandatarios de ambas naciones en ¡53 años!
