Por Pablo Gómez
El artículo 127 de la Constitución, reformado totalmente en julio de 2009, comprende las remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de “los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano.
Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.
El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes reglamentarias, ¡luego de nueve años de vigencia!
López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para que expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi siete años!, pero se encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.
El tema de los sueldos de servidores públicos es uno de los más soterrados dentro del sistema político mexicano. Está relacionado con la corrupción porque las remuneraciones arbitrarias, dentro o fuera de presupuesto, al margen de la Constitución, son un mecanismo para gratificar lealtades políticas, complicidades, encubrimientos y demás mecanismos del Estado corrupto vigente hasta ahora en el país.
Esta situación se repite en los gobiernos locales, dentro del Congreso y en las legislaturas de los Estados, muchos ayuntamientos y especialmente en el sector paraestatal.
Como no se aplica la condensación de todos los ingresos, en efectivo o en especie, tal como lo señala la Carta Magna, entonces se reciben conceptos fraudulentamente disímbolos, cuya suma rebasa el sueldo nominal del Presidente de la República, quien también se lleva dinero por fuera.
Hay personas pensionadas por los bancos del Estado sólo por haber pasado por ahí durante poco tiempo, en aplicación de reglas internas de por sí ilegales que han sido inconstitucionales durante los últimos nueve años, pero los pagos han continuado. Lo mismo se puede decir de tantas liquidaciones y pensiones pagadas en otras empresas públicas a favor de altos funcionarios, incluyendo directores generales.
La corrupción es una hidra de muchas cabezas, pero no se trata de ir cortando una por una sino de elaborar una política que acorrale y elimine a ese monstruoso mecanismo de gobierno.
En lo que toca a los sueldos, no se trata sólo de detener gastos ilegítimos e ilegales sino principalmente de dignificar la función pública, de sustraer a los funcionarios de aquello que les obliga a soslayar sus deberes en aras de conseguir prebendas porque los altos jefes reparten todo el tiempo dineros públicos como si fueran de su propiedad.
Fijar con claridad los límites de las remuneraciones conforme a la Constitución es una cuestión política, es decir, un modelo de administración que debe estar basado en la transparencia, el profesionalismo, la probidad y la dignidad de los servidores públicos.
Cuando López Obrador plantea que el Presidente de la República debe ganar la mitad de lo que se le entrega ahora, lo que está diciendo es que a los gobernadores también les han de reducir sus sueldos y cancelar los sobresueldos y gastos que no comprueban, lo mismo que a legisladores y alcaldes de las grandes ciudades que a veces ganan lo indecible.
En México, los altos funcionarios no pueden ganar como en los países ricos, ya sea porque en éstos el costo de la vida es mucho mayor, como porque acá los sueldos de los empleados de base y supernumerarios es demasiado bajo en términos reales.
Alguna vez se consideró que la corrupción tendría que combatirse mediante el aumento de las percepciones de los altos funcionarios. Eso ha sido un fracaso porque ya se ha visto que el robo al erario, la mordida y el tráfico de influencias aumentan a pesar de los altísimos sueldos.
Luego de nueve años de incumplir el mandato de legislar, los estados también tendrán que hacerlo debido a la nueva composición de muchos congresos locales.
Después vendrán algunas otras leyes y decretos que ayuden al gobierno a cerrar los agujeros de la corrupción que tiene ese queso gruyer que se llama Estado mexicano y, ante todo, los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades que han renovado sus legislaturas. En especial, hay que cortar las uñas de los gastos discrecionales con los cuales se financian familias y grupos políticos, además de comprar votos.
No se tienen que dar palos de ciego. Estamos sencillamente en un proceso bajo una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe que el tema de la corrupción no es el único, pero casi todos los demás se encuentran de alguna forma enredados en éste.
Fuente: Proceso
