Por Luis Javier Valero Flores
Pueden argüirse mil cosas. Nos encontramos en el centro de una nueva oleada homicida, puede no ser de las dimensiones de la anterior, quizá no alcance los números del 2008, pero se encuentra muy cercana -y acaso superará- lo sucedido en los años 2012 y 2013.
Frente a ella aparecen, como entonces, aciertos y desaciertos de la autoridad, pero en cualquier caso, aparentemente, sin una estrategia para enfrentar a lo que es, sin duda alguna, una nueva confrontación entre los grupos del crimen organizado; pueden ser los del Cártel de Jalisco Nueva Generación, como dice la DEA de El Paso, en busca de hacerse de rutas y posiciones en Chihuahua, confrontando, por tanto, a los cárteles de Sinaloa y el de Juárez, o tratarse nuevamente de una reedición del enfrentamiento sostenido por estos dos últimos a lo largo de, ya, más de una década en Chihuahua.
Hay un hecho siniestro en la mayor parte de las ejecuciones de personas a bordo de vehículos -por lo que se puede inferir en el caso de los victimados en casas habitación, locales comerciales, bares,etc.- que los grupos criminales están utilizando a grupos especializados: Los disparos realizados se hicieron con toda precisión, pues no rebasan una área de 50 centímetros cuadrados, a diferencia de lo ocurrido en la guerra anterior en la que los disparos abarcaban a todo el vehículo en que se trasladaban las víctimas, lo que no descartaba que también participaran los sicarios especializados.
Este hecho, macabro y de ninguna manera frívolo, pudiera dar una idea de las características de quienes han decidido iniciar una nueva guerra en nuestro territorio; no es, por tanto, enfrentar a delincuentes comunes que incrementaron, de pronto, sus actividades; por ello, contar con una estrategia y la más completa coordinación de todos los niveles de gobierno es indispensable.
Aspecto central constituye el cumplimiento irrestricto de la ley; ningún operativo, ninguna detención, ninguna acción gubernamental, podrá tener éxito si no está fincada en tal cualidad.
Y en el caso presente, por lo menos dos aspectos podrían ubicarse en esos supuestos, denunciados por tres alcaldes, antípodas en el número de personas gobernadas; uno, el de Gómez Farías, Jesús Noé MendozaOchoa, quien informó no haber sido notificado de que la policía bajo su mando había sido removida y sustituida por los policías estatales; el otro, el juarense Armando Cabada, quien criticó el traslado de policías ministeriales y estatales a la Sierra, hasta ese momento destacamentados en Juárez, con lo que, dijo, “nos desprotegieron; debieron traer más (policías)” y, finalmente, la alcaldesa de Casas Grandes, Yesenia Reyes Calzadillas, quien rechazó la presencia de los policías estatales, debido a que, dijo, en ese municipio no tienen “fuertes problemas de seguridad como lo argumentó Javier Corral en el acuerdo de mando único”. (Nota de El Diario, 22/02/17).
Ese acuerdo implicaba concentrar a los policías municipales en la ciudad de Chihuahua durante tres meses, pero el problema es que para llevarlo a la práctica debiera contar con la autorización de los alcaldes, a pesar de lo declarado por el gobernador Javier Corral, quien adujo tener facultades legales para sustituir a los polimunicipales, sin notificar a los alcaldes, algo que difícilmente podría aceptarse como legal.
La denuncia de la alcaldesa Reyes Calzadillas va más allá. Sostiene que los estatales dejaron sin vehículos y sin armas a los elementos preventivos y trasladaron las patrullas a otros municipios.
Por el mismo rumbo están las afirmaciones del presidente municipal juarense, quien reclamó que, en lugar de disminuir el número de elementos estatales en Juárez, debiera hacerse lo contrario.
“Yo he sido muy prudente y he tratado de no echar culpa, pero es frustrante como hacemos nuestro trabajo y otras corporaciones no”. (Ibídem).
Tales discrepancias se dan en medio de un preocupante incremento de las ejecuciones. Tan solo en el mes de enero, superior en 65 por ciento al del mes de enero de 2016, lo que llevó a ubicar a Chihuahua en el cuarto lugar nacional.
Y se trata no solamente de homicidios recientes, sino del descubrimiento de cadáveres más añejos, así como del incremento del número de asesinatos de mujeres.
Ante ello, que no exista la necesaria coordinación entre las autoridades estatales y las municipales, nos lleva a una mayor preocupación.
