Por Diego de la Mora Maurer
El gobierno mexicano ha creado una nueva leyenda energética: somos el 6º país en el mundo con más reservas de gas natural (shale o gas de lutitas) y podremos mantener nuestro consumo energético a través de la explotación de dicho combustible. No solo eso, las campañas mediáticas que celebran la aprobación de la reforma energética, no solo festejan la competencia económica en el sector que bajará los precios de los energéticos, sino que ahora aseguran que quienes critican dicha reforma son (somos) los mismos que siempre se quejan, que no quieren que el país avance.
Y no es necesariamente así: la explotación de gas de lutitas podrá servir para la sostenibilidad energética del país en el corto plazo; sin embargo, las afectaciones y los costos son altísimos y se acabarán pagando con enfermedades, contaminación de agua y de lugares que hoy viven de la agricultura, entre otras. Hasta ahora, dichas afectaciones solo han sido denunciadas por la Alianza Mexicana contra el Fracking, una red de organizaciones de la sociedad civil que se ha dado a la tarea de investigar por qué la fractura hidráulica o fracking no debe permitirse en nuestro país y cuáles son las consecuencias de este tipo de extractivismo. Pero además, las lecciones de la experiencia de este tipo de extracción en otros países tendrían que funcionar como alerta para no permitir que esta actividad se realice en nuestro país.
El fracking es un mal negocio
El gas que se extrae mediante el fracking se encuentra atrapado entre rocas llamadas lutitas que están situadas a gran profundidad (entre uno y cinco kilómetros bajo la superficie terrestre). Para extraerlo, no se utilizan solo pozos verticales, sino que se hacen perforaciones horizontales por los que se inyecta agua y químicos a presión para fractura las lutitas. Cuando las rocas tienden a cerrarse, la producción de los pozos declina entre un 29 y un 52% cada año, por lo que se tienen que perforar nuevos pozos.
Las grandes dificultades para extraer el gas de lutitas hacen que se tenga que invertir una gran cantidad de recursos para perforar y mantener los pozos. Además de tener que perforar constantemente nuevos pozos, solo se recupera entre 4.7 y 10% del total de los hidrocarburos. Incluso, la industria gasera de EUA ha reconocido que hasta el 80% de los pozos son viables. El único negocio es a corto plazo y para unas cuantas personas (inversionistas y empresas) a un costo altísimo para quienes habitan en las zonas de producción.
El fracking es altamente contaminante
No solo se utilizan entre 9 y 29 millones de metros cúbicos de agua para fracturar la lutita, sino que al mezclarla con químicos (alrededor de 750, entre ellos sustancias cancerígenas y neurotóxicas como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) y arena para poder extraer el gas, el agua se contamina y no puede ser utilizada para actividades humanas. Lo anterior tiene impactos sobre la disponibilidad de agua en las regiones en las que se explota dicho gas y también sobre las tierras de siembra y pastura, por lo que los alimentos cultivados en esas zonas quedan contaminados y tienen afectaciones posteriores sobre la salud de las personas. Además, los recubrimientos de los pozos fallan por las grandes presiones a las que son expuestos, lo que genera fugas y contaminación en los mantos acuíferos alrededor de los campos de explotación.
La experiencia internacional
Ante las graves afectaciones a la salud y al medio ambiente, algunos países y regiones han prohibido este tipo de actividad extractiva. Francia y Bulgaria han prohibido el fracking por ley y, en el caso de Francia, dicha prohibición fue ratificada por la Corte Constitucional. Otras regiones han establecido moratorias hasta saber mejor cuáles son las consecuencias de dicha actividad. Además, en varios países existe legislación local que prohíbe esta práctica, como es el caso de las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña en España, la provincia de Quebec en Canadá, el estado de Vermont en Estados Unidos, así como varios municipios y comunidades de dichos países y de Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Argentina e Irlanda.
Lo que sigue
La Alianza Mexicana contra el fracking ha sido muy activa para denunciar este fenómeno. Sin embargo, la discusión pública se ha centrado en los supuestos beneficios del gas natural para la transición energética y no ha contemplado las afectaciones y los costos reales de dicha actividad. Ante esta situación, la alianza promovió un foro en la Cámara de Diputados el 19 de febrero. El próximo lunes 24 habrá un nuevo foro en el Senado con expertos sobre el tema para promover una discusión más abierta de una actividad que de la que hasta ahora poco se ha hablado.
Fuente: Sin Embargo
