La ilusión de que ingresarían a Estados Unidos como lo hicieron en México se hizo añicos. Se toparon con una frontera estadunidense impenetrable. Blindada por bardas de acero corrugado, garitas extremadamente bien vigiladas y abundante personal militar, el cual ya había preparado el terreno para evitar cruces forzados.
Por Raúl Fernández de Castro*
Al rebasar un mes del arribo de la caravana migrante a Tijuana (10 de noviembre), la desilusión es el sentimiento generalizado entre sus integrantes. Más aún, la caravana se ha diluido y comienza a convertirse en uno más de los grupos de migrantes que llegan a la ciudad fronteriza, como los haitianos (2016), los desplazados de Michoacán y Guerrero (desde 2017) o los deportados que lo han hecho por miles todos los meses durante los últimos ocho años.
Las preguntas que flotaban en el aire el 12 de octubre, cuando se organizó la caravana en San Pedro Sula, Honduras, y el 19 de ese mes, cuando cruzó la frontera México-Guatemala, eran: ¿Se trata de un movimiento espontáneo?, o ¿se trata de una marcha organizada con móviles políticos?
La caravana es espontanea en la medida en que el perfil socioeconómico y lugares de origen de sus miembros son similares a los migrantes que transitan por nuestro país para intentar un sueño americano.
Según la encuesta que realizó El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los miembros de la caravana son abrumadoramente del triángulo del norte centroamericano: 82% hondureños, 9.6% guatemaltecos y 7.3% salvadoreños. Menos de 2% son de otras latitudes. El 76.9% eran hombres, 23.2% mujeres. El grueso era joven. La mitad tienen entre 18 y 29 años. De escolaridad baja; 65% de hombres y mujeres sólo tenía seis años o menos. (Encuesta a 1,037 migrantes, 22 de noviembre, Unidad Deportiva Benito Juárez, Tijuana).
Como en otras ocasiones, las caravanas migrantes son organizadas inicialmente por grupos y líderes específicos. En esta ocasión había activistas políticos en Honduras que deseaban mandar un mensaje al presidente Orlando Hernández –el pueblo está huyendo despavorido de la pobreza y de la violencia.
Pueblo Sin Fronteras, organización no gubernamental basada en Chicago con tintes radicales pro defensa de los derechos de los migrantes, apareció una vez más para guiar a la caravana. En esta ocasión, y gracias a las redes sociales, no fueron cientos de participantes como suele ocurrir con las caravanas, sino poco más de 7 mil. También destaca que la propia caravana en su tránsito tuvo ciertos tintes de autogobierno. Por ejemplo, se prohibió que los varones bebieran en las noches y no dejaran dormir.
Al aproximarse a la frontera con Estados Unidos apareció un grupo importante de abogados estadunidenses empeñados en asesorar a los migrantes. Unos de buen corazón; otros con fines ambiguos.
La conformidad de México
Son tan cotidianos los abusos en territorio nacional contra los migrantes en tránsito, tanto de grupos criminales como de autoridades de los tres niveles de gobierno, que el gobierno federal “no tenía cara” para entrar en diálogo con la caravana.
La transición debilitó más a un gobierno endeble. El equipo de Enrique Peña Nieto no quería actuar, pues sentía que ya le tocaba al de Andrés Manuel López Obrador. Los funcionarios ya nombrados, pero aún no en funciones, se negaron a entrarle a un tema particularmente espinoso. Por ejemplo, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitó la frontera Tijuana-San Diego el 20 de noviembre y ningún secretario de estado de Peña –ni los prospectos de Andrés Manuel López Obrador– acudió a verla.
Ahora bien, al entrometerse Donald Trump y utilizar a la caravana con fines electorales –“está cundida de terroristas y maras salvatruchas”– y exigir al gobierno de México impedir su avance, le ató las manos tanto al gobierno saliente como al entrante.
No había forma de hacerle el trabajo sucio al inquilino de la Casa Blanca, quien no tiene empacho en llamar a nuestros migrantes “violadores” y “criminales” y decir que los salvadoreños “provienen de un país de mierda”.
Ante la parálisis federal, estados y ciudades por las que pasaba la caravana hicieron lo que más les convino –ayudarlos y cuidarlos, pero sobre todo despacharlos de prisa a la frontera.
Improvisación en Tijuana
Antes de lo que se esperaba, los miembros de la caravana empezaron a llegar a Tijuana (10 de noviembre). El gobierno federal ni siquiera intentó disuadirlos para que no llegarán todos a esa ciudad. En esas cantidades, decían, generaban peligros y, seguramente, rechazo social.
La ciudad no estaba preparada. Los dos primeros contingentes llegaron a Playas de Tijuana, una zona residencial, lo que provocó una airada crítica de los vecinos. También llamó la atención que no llegaran a ninguno de los 30 albergues de migrantes con los que cuenta la ciudad.
Los líderes decidieron que querían permanecer unidos. La autoridad local improvisó una pequeña unidad deportiva, la Benito Juárez, en la Zona Norte, el 14 de noviembre. Sólo contaba con un espacio cerrado, el gimnasio o cancha de basquetbol. Supuestamente sólo estarían familias. En los hechos, no había separación. Según fueron llegando, los migrantes eligieron los lugares menos malos. Llegó un momento en el que hasta la cancha de beisbol se llenó de tiendas de campaña y bolsas de dormir. Irónicamente, la cancha colinda con la barda de fierro corrugado que demarca y muestra una frontera impenetrable.
El 25 de noviembre, después de una protesta de un grupo de aproximadamente 300 miembros de la caravana en la garita de El Chaparral, se generó una situación tensa y peligrosa. Decenas de migrantes corrieron hacia territorio estadunidense, donde serían repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Las imágenes de niños y mamás huyendo son terribles. Se evitó, sin embargo, un derramamiento de sangre. Trump había amenazado responder con balas.
Cuando la unidad estaba a tope a finales de noviembre, con más de 6 mil personas, empezó el frío y la lluvia; así es Tijuana en esta época del año. Crecía el temor de que la hacinación humana pudiera causar una epidemia sanitaria que acabara en tragedia. Dos días antes de la toma de posesión de López Obrador (29 de noviembre), se habilitó un nuevo campamento, El Barretal, un centro de espectáculos abandonado lejos de los puertos fronterizos.
La autoridad federal, el Instituto Nacional de Migración (Inami) rentó el inmueble, donde hubo orden desde un inicio. Separaron familias, niños no acompañados, varones y mujeres. En el patio de entrada se establecieron distintos servicios del gobierno federal: un convoy médico del IMSS, obviamente bien dotado, y la presencia visible de agencias multilaterales, como la Cruz Roja y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Incluso, para fortalecer el control y la seguridad del nuevo campamento, el Inami decidió registrar a los miembros de la caravana y darles una credencial con fotografía, lo cual también tuvo un efecto de expulsar a vendedores, polleros y maleantes que se aprovechaban de los servicios y comida brindada a la caravana.
La caravana, un hito
Después de un mes de estar en Tijuana, los primeros contingentes de la caravana, el movimiento migrante de cerca de 7 mil personas, se encuentra desilusionado y diluido.
La ilusión de que ingresarían a Estados Unidos como lo hicieron en México se hizo añicos. Se toparon con una frontera estadunidense impenetrable. Blindada por bardas de acero corrugado, garitas extremadamente bien vigiladas y abundante personal militar, el cual ya había preparado el terreno para evitar cruces forzados.
La encuesta del Colef evidencia que la mayoría de los miembros de la caravana tiene el deseo ferviente de ingresar a Estados Unidos, pero pocos tenían idea clara de cómo hacerlo; mucho menos una estrategia al respecto. La mitad (51% varones y 48% mujeres) reportó cruzar a Estados Unidos como su principal expectativa. Para menos de una cuarta parte (19.2% varones y 24.4% mujeres) la prioridad era pedir asilo. Sorprendentemente, poco más de 20% dijo querer quedarse en Tijuana y 6.7% de varones y 5.5% de mujeres respondieron no saber qué hacer.
De las más de 6 mil personas que llegaron a abarrotar la Unidad Deportiva Benito Juárez, hay aún cerca de 2 mil 500 en El Barretal y aproximadamente unos 400 permanecen en la calle aledaña a la unidad Benito Juárez. Muchos, cerca de mil, han decidido regresar a sus lugares de origen, ya sea con ayuda de las autoridades mexicanas o bien por sus propios recursos. Los jóvenes y más aptos están aprovechando las visas humanitarias que ofreció el gobierno de México y están trabajando o en búsqueda de empleo en Tijuana, donde la industria de la construcción presenta un gran dinamismo. Los que tienen familia en Estados Unidos y pueden acceder a recursos intentarán la vía de coyotes y traficantes de personas. Los más esperarán internarse a través del recurso de asilo; es decir, esperarán en fila hasta que al cabo de unos meses pasen a la entrevista con la autoridad estadunidense. La mayoría serán rechazados.
Al diluirse, la caravana se está normalizando y transformándose en otro movimiento más de migrantes que llegan a Tijuana. Es decir, se comportará como otros contingentes: unos logran cruzar; otros se quedan; unos más se regresan.
Sin embargo, la caravana de hondureños marcará un antes y un después, pues descorrió el velo y dejó al descubierto las intensas causas de expulsión del triángulo del norte centroamericano: pobreza y violencia. También evidenció que nuestro país es, por lo menos, negligente ante los flujos de migración en tránsito.
El nuevo gobierno de López Obrador está forzado a dar la cara a los migrantes que transitan por nuestro país.
Es excelente la idea de un plan de desarrollo masivo para el triángulo del norte centroamericano y el sur de México. Pero en el corto plazo, y para darle viabilidad al plan, el gobierno de López Obrador tiene que dejar de jugar una política que oscila entre avestruz y policía –a muchos se les deja pasar y otros tantos son deportados.
El paso de la caravana evidenció la necesidad de coordinación entra los tres niveles de gobierno; de hacer de la protección de los derechos de los migrantes una prioridad, y, finalmente, de apostar por una visión regional que involucre a gobiernos y sociedad civil del corredor de intensa migración que constituyen Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.
* Raúl Fernández de Castro. Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego. Es el fundador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y fue director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica.
Fuente: Proceso
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Son invasores de México que no esta en condiciones de dar lo que no tiene.