Por John M. Ackerman
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es cualquier centro de enseñanza superior, sino que se ha consolidado como la conciencia de la nación y como el principal motor para la movilidad social en el país. Con sus más de 340 mil alumnos, 38 mil académicos y 28 mil trabajadores, es de las pocas instituciones públicas que todavía sirven desinteresadamente a la sociedad mexicana. En el contexto actual de privatización descarada, corrupción desbordada, censura expansiva y represión desmedida, entrar a territorio puma significa respirar una enorme bocanada de aire fresco. Al pasear por cualquier zona de la máxima casa de estudios, el alma se llena de esperanza en la posibilidad de construir un México más justo y democrático
Pero el régimen autoritario encabezado por Enrique Peña Nieto no tolera el florecimiento de este tipo de libertades democráticas. Desde el 1 de diciembre de 2012 el “nuevo PRI” ha sometido a la sociedad mexicana, y en particular a los jóvenes estudiantes, a un acoso constante que busca desarticularlos, criminalizarlos e intimidarlos. El actual ocupante de Los Pinos jamás perdonará la explosión de esperanza juvenil que surgió aquel viernes 11 de mayo de 2012 cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana corrieron al entonces candidato presidencial de su campus entre gritos de “¡Fuera!”, “¡Asesino!”, ¡Cobarde!”. La masacre y la desaparición forzada de los estudiantes activistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, fue el resultado de la sed de venganza del presidente, así como de su política general de “limpieza” social y política. Para Peña Nieto los jóvenes son más un problema que una potencia nacional.
El desgobierno del Pacto por México tampoco respeta la autonomía de las instituciones públicas. Por medio de acuerdos cupulares, y en la más absoluta oscuridad, el régimen ha ido colocando sus cuadros más fieles en posiciones clave de organismos supuestamente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Asimismo, se han ido desarticulando y privatizando instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la SEP, el IMSS y el ISSSTE.
La colocación en la Rectoría de la UNAM de una persona fiel al actual proyecto de autoritarismo neoliberal es de suma importancia para el régimen. Una Universidad Nacional verdaderamente democrática, participativa y plural rápidamente se convertiría en una enorme piedra en el zapato para la clase política dominante. Desde la perspectiva de Peña Nieto, urge clausurar cualquier posibilidad de surgimiento de nuevos liderazgos juveniles o de proyectos intelectuales que podrían poner en riesgo sus planes transexenales.
En esta difícil coyuntura, una coalición cada vez más amplia de universitarios se ha movilizado para exigir un proceso transparente y democrático en la selección del nuevo rector de la UNAM, quien tomará posesión el próximo 17 de noviembre. El pasado lunes, un centenar de académicos de una docena de entidades de la máxima casa de estudios emitimos un comunicado público titulado Por la defensa de la Universidad Pública, de la UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STF4G). Numerosos grupos estudiantiles también han empezado a organizarse con objetivos similares (véase, por ejemplo: http://ow.ly/STGCr). Y en su último congreso general, celebrado en agosto, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emitió un histórico resolutivo exigiendo “transparencia plena” en el proceso de relevo en la Rectoría.
Frente a estas importantes exigencias de la comunidad universitaria, tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como los candidatos a la Rectoría han elegido seguir el ejemplo del padrino político de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo ni los oigo”. Hasta la fecha, ni un solo integrante de la Junta de Gobierno se ha dignado en contestar la carta enviada el pasado 26 de agosto por 35 académicos de carrera exigiendo que las deliberaciones de la misma sean públicas y transmitidas en vivo por TV UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STIa3). Y ni un solo candidato ha respondido al emplazamiento a un debate público de sus planes de trabajo lanzado por 100 académicos el pasado 28 de septiembre (documento aquí:http://www.democraciaunam.blogspot.mx/).
Todo parece indicar que las autoridades universitarias están decididas a imponer de manera unilateral, y sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, a uno de los dos candidatos enviados por Peña Nieto. Sergio Alcocer ha participado directamente en la privatización del petróleo y en el sacrificio de la soberanía nacional, primero como subsecretario en la Secretaría de Energía con Felipe Calderón y después en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Peña Nieto. Francisco Bolívar Zapata ha fungido como coordinador de Ciencia y Tecnología directamente en la Oficina de la Presidencia de la República desde 2012. Bolívar Zapata es conocido como el “Príncipe Monsanto” por organizaciones sociales a raíz de su aguerrida promoción de los transgénicos por medio de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Pero no será tan fácil como lo imaginan. En el simulacro electoral organizado por estudiantes de la UNAM el 17 de mayo de 2012, Peña Nieto recibió solamente 5.19% de la votación. Es casi unánime el rechazo de la comunidad universitaria al proyecto económico, político, educativo y cultural del actual ocupante de Los Pinos. Un rector impuesto por Peña Nieto generaría una situación de ingobernabilidad universitaria profundamente nociva para la institucionalidad democrática. Apostemos todos por la inclusión, la autonomía y la pluralidad.
@JohnMAckerman
