Por Carlos Fernández-Vega/ México SA
El encontronazo por las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobadas por el Congreso– no se da entre los poderes Judicial y Ejecutivo, sino entre éste y la denominada minoría rapaz, es decir, el grupo compacto de empresarios con grandes fortunas amasadas –a costillas de la nación– en los tiempos neoliberales. Y en este capítulo resulta más que obvio que los “defensores” de esa mafia no son más que fichas pagadas: jilgueros disfrazados de “representantes del pueblo” y jueces “autónomos” e “imparciales”, para quienes “la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada” (el Alazán tostado dixit).
Como el raudo juez Juan Pablo Gómez Fierro –una de esas fichas– no se daba abasto en eso de conceder “suspensiones provisionales” a diestra y siniestra para “proteger” a los consorcios privados de las citadas modificaciones, otro magistrado, Rodrigo de la Peza López, entró al quite para atender, a la velocidad de la luz, las “peticiones” de la minoría rapaz que se niega a perder los privilegios que generosamente les dieron los gobiernos neoliberales.
Pero en el Ejecutivo conocen la fórmula: para uno que amanece temprano, otro que no duerme, y en este sentido el presidente López Obrador subrayó que “si los jueces, magistrados, ministros determinan que es inconstitucional y que no procede (la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica), entonces enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres. Privatización en México, en el periodo neoliberal, es sinónimo de corrupción”.
La polémica, dice el mandatario, surge a raíz de que su gobierno frenó el atraco, “corregimos todos estos excesos”. Se trata de “una banda de cuello blanco; se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda; pero no sólo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo; no perdían ni siquiera su respetabilidad y decían que eran negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos”.
López Obrador no descubre el hilo negro, pero siempre es bueno tenerlo presente: “venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista y eso ya cambió. Pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales orgánicos, desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores… Acuérdense, porque se olvida, se padece de amnesia, pero hay una denuncia en la Fiscalía General de la República, porque cuando se aprobó la reforma energética (la de Peña Nieto) se entregaron sobornos a legisladores para votar a favor de ella, que sirvió de paraguas, de marco, para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y en la industria petrolera. Entonces, ese es el fondo del asunto”.
De cualquier suerte, el mandatario señaló que las “suspensiones provisionales” otorgadas por el mencionado par de jueces (y las fichas que se agreguen) permiten transparentar todo lo relacionado con la política de privatización en el periodo neoliberal, cuando “se le dio prioridad a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos. Querían dejar todo a particulares, nacionales y extranjeros, todo al mercado, y utilizar nada más al Estado para protegerlos, para rescatarlos en caso de que les fuera mal, como sucedió cuando el Fobaproa”.
Pero se les apestó, porque todo esto se trata de “un asunto de interés nacional, no de la ambición de malandros, fifís”.
Las rebanadas del pastel. Bien por la cancillería mexicana que “conmina” a Luis Almagro, (aún) secretario general de la Organización de Estados Americanos, a dejar su injerencismo en Bolivia, aunque haría mejor si promueve la destitución de ese nefasto personaje, o cuando menos para que comparta celda con Jeanine Áñez… Hoy, 83 aniversario de la expropiación petrolera.
Fuente: La Jornada
