La “atransición” del priísmo

Los gobernadores salientes de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte, están terminando de mostrar todo el cobre, rejegos a entregar en buenos términos el poder a quienes los derrotaron en las urnas, urgidos de pertrechar a toda costa su impunidad. Tratan de blindarse contra la acción de la justicia y urden burdos mecanismos para dejar a sus sucesores una herencia envenenada de deudas, de funcionarios cuasi inamovibles, de pesadas cargas de burocracia.

No se vaya a pensar que en nuestra entrega pasada (El Duartexit y la transición saboteada, La Jornada, 1º de julio) agotamos todas las chapuzas del Duarte chihuahuense para entregar mal o no entregar el poder a Javier Corral el próximo 4 de octubre. El repertorio de mañas del gobernador saliente daría para otras cuatro secuencias de la película La dictadura perfecta, por lo menos.

Ya relatamos cómo, siguiendo sus órdenes, la mayoría priísta en el Legislativo chihuahuense modificó la Ley de Disciplina Fiscal para quitar al Ejecutivo saliente la obligación de pagar las deudas de corto plazo a lo más 90 días antes de la entrega del poder. Parecía que era lo máximo que se agacharía el Congreso del Estado, pero no fue así:

El pasado miércoles 5, el gobernador logró que la mayoría priísta en el Congreso, más los diputados de Nueva Alianza, del Verde, del PRD, del MC y uno del PT, le volvieran a lamer las suelas, por decirlo de la mejor manera. Contra el sentir del pueblo de Chihuahua, contra los llamados del gobernador electo, contra las críticas de los analistas independientes, la caricatura de Legislativo aprobó una nueva deuda por 6 mil millones de pesos para el Estado, respaldada por lo que quedaba sin comprometer de los fideicomisos carreteros. Con varias agravantes: la mitad de ese nuevo endeudamiento es para liquidar otra deuda al Banco Inbursa, propiedad de Carlos Slim, institución privilegiada por las bursatilizaciones del gobierno de Duarte, que, además, cobra intereses muy por encima del promedio del resto de los bancos. Además, el nuevo endeudamiento compromete ingresos por este rubro hasta 2038 y le quita todo margen de maniobra a la administración entrante.

Duarte agoniza en su poder superando a Moreira en la deuda contraída por su administración, que ya raya en los 50 mil millones de pesos, la mayor del país en varios sentidos. También ve cómo se erosiona el mito, tan celosamente construido por él, de que logró pacificar al estado. En un excelente e informado artículo, el periodista Alejandro Salmón muestra cómo en los seis años de este gobierno ha habido más asesinatos dolosos que en el sexenio del gobernador Reyes Baeza: 14 mil 385 homicidios de octubre de 2010 a mayo de 2016, contra 12 mil 884, de octubre de 2004 a mayo de 2010.

Porque es un hecho que la violencia repunta en Chihuahua. No sólo en la zona serrana, de donde nunca se ha ido, sino también en Juárez y en la capital del estado, donde los homicidios y delitos de alto impacto, como el robo de autos, van en ascenso. El sol de estos datos duros, quiere taparlo la Fiscalía General del Estado con el dedo de una mentira que ni los servicios de inteligencia con más bajo IQ se creerían: que la reciente ola de crímenes en Chihuahua se debe a que el septuagenario Caro Quintero, aliado con los muy golpeados Beltrán Leyva, viene a disputar el territorio norteño a El Chapo y a La Línea.

Duarte, como Borge y el Duarte veracruzano, trata de torpedear la transición, pero con sus pataleos se hunde más y con él su partido. Parecería ser que Peña Nieto está tratando de dar respiración artificial al PRI desafanándose de sus aliados incómodos: por lo pronto la PGR ya presentó acciones de inconstitucionalidad contra el nombramiento de fiscales anticorrupción en las tres entidades, y el lunes pasado contra la Ley Anticorrupción de Chihuahua.

El distanciamiento de Peña contra sus chicos malos se corroboraría si Hacienda escucha las demandas del gobernador electo, Javier Corral, y no aprueba el nuevo endeudamiento transexenal del gobierno duartista. Pero el mexiquense tendrá que ir más allá y dejar que la PGR proceda contra Duarte en la demanda por enriquecimiento inexplicable interpuesta por el abogado Jaime García Chávez desde septiembre de 2014. Cosa difícil porque sería proceder contra uno de los principales financiadores de la campaña presidencial del ahora Presidente.

Si Peña Nieto va más allá contra sus aliados en la corrupción, se arriesga a que éstos lo descobijen; si no actúa, la debacle electoral que ahora sufrió su partido en la periferia hará una acelerada y devastadora metástasis en el centro en 2018. No hay de otra, ellos solos se metieron en este perverso juego del perder-perder.

Fuente: La Jornada