En un duro revés contra el gobierno de Donald Trump, un juez federal consideró “ilegal” el desmantelamiento del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y reiteró que la administración debe restaurar completamente este esquema en beneficio de hasta 800 mil jóvenes indocumentados.
En su resolución, de 25 páginas, el juez John Bates dió al gobierno un plazo de 20 días para apelar.
El magistrado consideró que el ejecutivo de Donald Trump falló una vez más en justificar su propuesta de poner fin al mecanismo aprobado por el ex presidente, Barack Obama.
A través de ese programa, casi 800 mil jóvenes que fueron traídos ilegalmente a este país durante su niñez, conocidos como “dreamers” (soñadores), recibieron permisos de trabajo y empleo, y evitaron la posibilidad de deportación.
Bates, cuya decisión se considera un duro traspiés para Trump, en momentos en que su gobierno llama a endurecer las leyes de inmigración, reconoció que el presidente y su Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tienen el poder de revocar el DACA, pero cuestionó el modo en que lo hicieron.
De acuerdo con el juez, el Gobierno necesita probar que ha considerado los beneficios para la sociedad de tener inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral, en comparación con el interés del ejecutivo en hacer cumplir las leyes tal y como están escritas.
Estimó que el DHS no hizo eso en su revocación original del programa, anunciada en septiembre pasado, e incluso después de que el magistrado le dio la oportunidad de actualizar su razonamiento, la agencia federal no logró convencerlo.
“La corte no ve razón para cambiar su determinación anterior de que la rescisión del DACA fue arbitraria y caprichosa”, dictaminó.
Sin embargo, Banes dijo que había aceptado retrasar su decisión para dar al ejecutivo 20 días con el fin de establecer si tiene la intención de discutir el fallo del tribunal y, de ser así, solicitar una apelación pendiente de suspensión.
El juez, quien fue designado por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), se convirtió este año en el tercer magistrado federal en rechazar la explicación de Trump para terminar el DACA, otra de sus medidas migratorias que provocó protestas y críticas.
A través de un fallo anterior consideró que la determinación del Departamento de Justicia de que el programa era ilegal era “virtualmente inexplicable”.
Hasta el momento los miembros del Congreso no han logrado una ley que beneficie a los soñadores con un estatus legal o con un camino hacia la ciudadanía, como reclaman defensores de los derechos de los inmigrantes.
Nada más conocer la resolución del juez, un portavoz del Departamento de Justicia se limitó a señalar que el fallo del magistrado “no cambia” la postura del gobierno Trump sobre los hechos: “DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”.
(Con información de Prensa Latina)
