Un juez federal de control de la Ciudad de México determinó asumir la instrucción del juicio contra el exsecretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos a ese partido, al estimar que los recursos implicados son federales.
Gerardo Moreno García resolvió hoy que el Juzgado del fuero común de Chihuahua no es competente para llevar el proceso contra Gutiérrez y Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones del estado, porque los recursos desviados estaban comprometidos para el ramo educativo y, como tales, su naturaleza es federal.
Moreno, quien ahora decidió hacerse cargo del caso de los desvíos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el mismo juez que instruye el proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por ‘lavado de dinero’ y delincuencia organizada.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez dio un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que entregue la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017, y advirtió que de no hacerlo le impondrá una multa.
“La representante de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua –presente en audiencia– dijo que los recursos serían para el magisterio del estado y la Ley General de Educación establece que los recursos destinados a la educación no pierde su federalidad”, mencionó Moreno García.
Esta audiencia fue celebrada porque Tarín y Gutiérrez presentaron sus respectivas peticiones para inhibir por incompetencia de fuero al juez de Control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua, un recurso que ahora puede tramitarse en el sistema oral acusatorio.
Una vez iniciada la audiencia, con más de una hora de retraso, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también se sumaron a la petición de la defensa de los acusados, reclamando la federalidad del caso.
De prevalecer esta resolución, ambas instituciones federales se harán cargo tanto del proceso que está en curso como de la carpeta de investigación por delitos electorales, exclusivamente contra Gutiérrez y Tarín.
La situación de otros procesados y sentenciados en la misma causa penal quedará intacta.
Edna Edith Alvidres, agente del Ministerio Público de Chihuahua, expuso que el destino final de los recursos, su transferencia al PRI, no eran materia del proceso al que están sujetos Gutiérrez y Tarín por peculado agravado, pues incluso mencionó que esos eran hechos no probados.
También expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya hizo una revisión de estas aportaciones y precisó que se trataba de fondos estatales; agregó que en cuatro amparos ya ejecutoriados, uno de ellos del propio Tarín, los juzgados federales también establecieron que el dinero es estatal.
Pero el motivo por el cual Moreno García no tomó en cuenta estos documentos fue por un aspecto de inequidad procesal entre las partes, ya que no fueron agregados a la carpeta de investigación que la Fiscalía de Chihuahua entregó a la defensa de los acusados y la PGR, previo a la audiencia.
“Si yo parto de esos amparos y del documento de la ASF, quienes ya dijeron que los recursos son estatales, entonces no necesitamos esta audiencia”, dijo el juez.
“Si eso fuera así, no debieran existir los tribunales de apelación o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Moreno García anticipó que el dictado de la inhibitoria probablemente no surta efecto en lo inmediato porque ahora el juez de Chihuahua, en una audiencia pública, puede no estar de acuerdo, lo que daría lugar a un conflicto competencial que resolvería un Tribunal colegiado.
Fuente: Reforma
