Por Denise Dresser
Un ejercicio contra la impunidad. Un argumento para que los intocables no sigan siendo intocables. Un llamado de atención a quienes tomaron el país como su propiedad. Su feudo. Su reino particular. Una denuncia contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y Marisela Morales por lo que hicieron en el caso controvertido de Florence Cassez. Así es el libro de José Reveles, El affair Cassez / La indignante invención de culpables en México. En cuyas páginas describe ese caso paradigmático que evidenció la podredumbre de las instituciones que supuestamente imparten justicia en México pero acaban saboteándola.
He allí al gobierno de Calderón manipulando, politizando, criminalizando, prefabricando el caso Cassez para demostrar que actuaba con “firmeza” contra la delincuencia organizada. Creando una “justicia a la carta”, al gusto y conveniencia de Los Pinos y sus aliados. Llevando a que muchos mexicanos continúen considerando a Cassez culpable, liberada por razones ajenas a su condición de “secuestradora”. Y por ello es imprescindible desmenuzar las iniquidades de su detención, arraigo y consignación. Los procesos judiciales irregulares que acompañaron su caso. La condena excesiva sin evidencia. La siembra de rehenes y testigos. Irregularidades y arbitrariedades a las que se ven sometidos muchos más que el caso Cassez tan sólo sacó a la luz.
La forma en la cual numerosos mexicanos son torturados. La manera en la cual familias enteras son criminalizadas. Cómo se compran testigos. Cómo se alteran archivos, testimonios y peritajes. Cómo se siembran rehenes. Por qué hay tantos inocentes presos a los que se han negado los más elementales derechos de acceso a la justicia. Y la responsabilidad de sucesivos procuradores de la República –Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales– que encarcelaron con imputaciones apoyadas sólo en declaraciones de testigos protegidos o comprados. Responsables de manufacturar delitos con fines propagandísticos o personales.
Valiente el hecho de que José Reveles vaya a contracorriente de lo que la mayoría de la población cree sobre Florence Cassez. Valiente que cuestione la “verdad única” que los medios y la autoridad sembraron con la pregunta: ¿Pesan más las violaciones a los derechos de una secuestradora que el sufrimiento de sus víctimas? Valiente que ponga en tela de juicio dos premisas falsas y percepciones equívocas: Que ella sí era plagiaria y que las víctimas fueron violadas o lastimadas. Reveles expone –a pesar de lo que piensan muchos mexicanos de manera prejuiciosa– que la justicia se prostituyó por motivos políticos y de glorificación personal.
No hay que olvidar que Genaro García Luna promovió un montaje televisivo para engañar a la opinión pública y fingir un rescate “en vivo” de tres víctimas de secuestro. O que los supuestos plagiarios habían sido detenidos un día antes. O que Florence Cassez pasó –según Reveles– 53 horas sin asistencia consular. O que a lo largo de un proceso amañado no tuvo acceso efectivo a la justicia. Y que a pesar de la decisión de la Suprema Corte que la liberó, el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables de esta gran impostura nunca ocurrió.
No hay que olvidar las preguntas sin respuesta: ¿Por qué las víctimas del secuestro jamás denunciaron que fueron utilizadas por la Policía Federal para una recreación televisiva? ¿Por qué no presentaron una queja por el abuso de su calidad de rehenes dobles, primero de la delincuencia y después de la autoridad? ¿Por qué insistieron en que fueron rescatadas el día del montaje y nadie les ha reclamado esa mentira, repetida hasta el cansancio? ¿Por qué cambiaron drásticamente sus declaraciones después de que la PGR las premió enviándolas a vivir a Estados Unidos? ¿Las víctimas se convirtieron en victimarios a modo?
Y en todo ese proceso irregular, plagado de interrogantes a las que nadie quiere responder, hay un tema fundamental. Si Genaro García Luna y Marisela Morales no son investigados y sancionados, el gobierno de Enrique Peña Nieto seguirá mandando el mismo mensaje de siempre. Que los mexicanos estamos a merced de policías corruptos, jueces parciales y magistrados politizados. Que el histórico fallo de la Suprema Corte –en el cual se liberó a una mujer a la cual le violaron todas sus garantías fundamentales– habrá servido de poco. Que nadie pagará en México por tanto abuso. Hasta el momento la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado sobre si los delitos posiblemente cometidos por Genaro García Luna han prescrito o no. Prevalece el silencio, y con él la impunidad.
La impunidad que protege a Genaro García Luna. A Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Investigación Policial. A Garza Palacios, director de Operaciones Especiales. A Jorge Rosas García, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro. A Israel Zaragoza Rico, subdirector del área de secuestros de la AFI. A los AFI José Aburto Pazos, José Escalona Aldama, María Isabel Arzate, Germán Ovidio Zavaleta y Carlos Servín Castorena. Por obstaculizar la administración de la justicia, por abusar de la autoridad, por falsedad de declaraciones y por el ejercicio indebido del servicio público.
El caso de Florence Cassez debería funcionar como una alerta, un foco rojo, un llamado a la acción urgente. Porque reveló cómo no funciona la justicia en México, desde el momento en que la captura fue recreada como montaje a modo. Porque reveló que los intereses políticos y personales –en esta instancia de Genaro García Luna– pesaron más que el respeto a los derechos individuales. Y así el “debido proceso” se convirtió en el “indebido proceso”. La justicia convertida en farsa, lo que indigna a José Reveles y que debería indignar a cualquier mexicano. La capacidad que tiene el sistema judicial para aprehender a presuntos inocentes y transformarlos en indudables culpables. La capacidad que tiene el sistema penal para encarcelar a alguien porque al presidente en turno le conviene. La sensación surrealista que queda después de leer el libro y entender lo que ocurrió. El Estado mexicano inventó un culpable y, dado que no hubo sanción, sigue y seguirá haciéndolo.
Fuente: Proceso
