Por Sergio Aguayo
¿Participó Enrique Krauze en una campaña de desprestigio contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, o se trata, como asegura el prestigiado historiador, de una “persecución desde el poder”?
Krauze y Fernando García Ramírez recibieron millonadas empresariales para pagar un equipo de hasta cien personas que, durante año y medio, desarrollaron desde el anonimato una campaña para denigrar al candidato de Morena. Eso dicen Tatiana Clouthier en su libro Juntos hicimos historia, el periódico Eje Central en un amplio reportaje de Juan Carlos Rodríguez y Ricardo Sevilla -acusador en busca de redención- en Aristegui Noticias. Sevilla proporciona información sólida y relata episodios más propios de los tres chiflados (fueron grotescas algunas iniciativas de los autonombrados “intelectuales de alto rendimiento”). Krauze negó participación o conocimiento y lo mismo hicieron otros señalados.
El hecho está confirmado: estamos ante otro intento deliberado y muy posiblemente ilegal, por desprestigiar a uno de los candidatos a la Presidencia. En incidentes similares, el desenlace era la impunidad. En esta ocasión podría ser diferente, porque fuentes bien informadas me dicen que ya fue presentada una denuncia por este caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Al conocer la calidad ética de José Agustín Ortiz Pinchetti, estoy seguro hará un trabajo pulcro y riguroso que, respetando la libertad de expresión, explique quién hizo qué, cuándo, para qué y a cambio de qué.
La vida pública está tan deteriorada por la tolerancia a irregularidades como las campañas negativas. En tanto el asunto recorre el proceso judicial, abordo el trasfondo de este escándalo: la relación entre el intelectual y el político. Los académicos interesados en comprender el poder buscan el diálogo con quienes lo detentan. Los políticos aceptan el intercambio porque esperan beneficiarse con los conocimientos de un gremio que tiene la capacidad de legitimar el trabajo del político. La relación puede ser pulcra y mutuamente beneficiosa. El poderoso da información y puntos de vista; el intelectual los registra, verifica y aporta textos útiles para el político y el debate público.
En México, hay factores estructurales que han facilitado pervertir esta relación. Partamos de que el intelectual de universidad pública tiene un trabajo precarizado. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, hay un sistema basado en salarios bajos y estímulos altos, que se esfuman cuando el académico quiere jubilarse. Una consecuencia es el envejecimiento de la planta de investigadores y el bloqueo a las nuevas generaciones.
La precariedad en el empleo y los ingresos afecta la relación con el político, porque predispone al intelectual a buscar beneficios personales con quienes controlan premios, becas o contratos, que en ocasiones usan como instrumento para obtener opiniones favorables del académico. Ello desvirtúa la función del intelectual: generar conocimientos utilizando de manera objetiva información confiable y verificable.
Es más fácil enunciar un problema que resolverlo. Es evidente que deben terminarse los tumores que contaminan la relación entre intelectual y político y entre gobierno y universidades. ¿Cómo lograrlo? Sería absurdo proponer la creación de una burocracia inquisidora que vaya pegando estrellitas a los bien portados o colocando orejas de burro a los infames.
He sido académico durante bastantes años y la mejor manera de sanear este ámbito de la vida nacional es transparentando los mecanismos que llevan a la entrega de promociones, reconocimientos o contratos concedidos a intelectuales. Algunos se justifican plenamente, otros son el resultado del pago de favores o tráfico de influencias.
La vida interna de El Colegio de México mejoró, en la medida en que la comunidad y las autoridades fueron creando mecanismos colegiados y abiertos para la admisión y promoción de los integrantes de los centros y para regular la relación entre el académico y el ente público que busca algún estudio o asesoría. En instituciones sin reglas claras son frecuentes opacidades y corrupciones como las denunciadas en la “Estafa Maestra”.
Fepade debe hacer una investigación impecable. Espero que Krauze sea exonerado. Y es urgente que se limpien y transparenten las relaciones entre intelectuales y políticos.
