Por John M. Ackerman
El régimen autoritario desaparece paso a paso la autonomía de las pocas instituciones públicas que habían generado esperanza en la posibilidad de una transición democrática. Con el Pacto por México se cancelaron la independencia y la pluralidad del Congreso de Unión. Con la reforma electoral y los nuevos consejeros electorales, la organización de todas las elecciones del país ahora se somete al mandato de Los Pinos.Y la semana pasada, tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron claras señales de haber sido infectados por el virus del priísmo centralizador. También empiezan a sonar las alarmas en Ciudad Universitaria.
El pasado martes 12 de agosto el pleno de la Suprema Corte ratificó una vez más la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. De acuerdo con ocho de los 11 ministros de la Corte, las enormes fortunas y los evidentes conflictos de interés de nuestros gobernantes son asuntos privados que simplemente no competen a la nación. Según esta torcida lógica, el papel de los ciudadanos no sería cuestionar o llamar a cuentas a la autoridad, sino simplemente obedecer y confiar ciegamente en la santidad de quienes nos malgobiernan.
En su defensa, los ministros de la mayoría aclararon que ningún derecho es absoluto y que las declaraciones patrimoniales incluyen información sobre terceras personas que, al divulgarse, podrían afectar su derecho a la privacidad. Pero este problema podría resolverse fácilmente con la divulgación de versiones públicas de las declaraciones sin datos personales u otra información que podría poner en riesgo a los titulares de los datos, tal como propuso el ministro José Ramón Cossío.
Sin embargo, el fundamentalismo de los ministros de la mayoría no les permitió avalar siquiera la propuesta salomónica de Cossío. Para la Corte, el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que sólo permite la divulgación de las declaraciones patrimoniales con autorización explícita del servidor público de que se trata, establece un equilibrio armónico entre los dos derechos en conflicto. De acuerdo con los ministros, el derecho de acceso a la información debe tener límites, pero el derecho a la privacidad no tendría ninguno, sobre todo cuando se trata de esconder las fechorías de la clase política.
Pero cuando se trata de la privacidad de los ciudadanos, de repente las instituciones del príato invierten totalmente su lógica argumentativa. Apenas un día después de la resolución de la Corte, el miércoles 13 de agosto, el Ifai se negó a presentar una controversia constitucional en contra de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los artículos 189 y 190 de esta ley violan flagrantemente el derecho a la privacidad de los ciudadanos al obligar a las empresas de telecomunicaciones a llevar un registro en tiempo real tanto de la geolocalización de todos sus clientes como del contenido de sus comunicaciones. Asimismo, la ley requiere que las empresas almacenen esta información por un periodo de dos años y la entreguen a las autoridades sin tener que informar a los ciudadanos espiados. También exige la suspensión inmediata del servido de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente sin especificar control judicial alguno.
En defensa de la posición mayoritaria, la comisionada presidenta Ximena Puente aclaró que ningún derecho es absoluto. Y la comisionada Patricia Kurczyn señaló que la aplicación de los artículos 189 y 190 es lo menos mal que puede pasar; doloroso sí, pero tenemos que tolerarlo para salvaguardar intereses mayores, como la seguridad pública, nacional y personal.
Quedan perfectamente claras las prioridades del priísmo institucional. De acuerdo con su lógica convenenciera y autoritaria, en cada caso habría que torcer la ley para acomodarla a los dictados de Los Pinos. En el caso de las declaraciones patrimoniales, habría que poner límites al derecho a la información para evitar la fiscalización de los corruptos por la sociedad. Pero en el caso la ley Telecom, los límites ahora se imponen al derecho a la privacidad, con el fin de permitir un acceso indiscriminado de la clase política, en alianza con las agencias de seguridad de Washington, a la vida de los ciudadanos. La contradicción argumentativa es evidente y sumamente reveladora.
Mientras, el pasado lunes 11 de agosto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó un convenio de colaboración académica que implica el intercambio de personal con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el martes 12 de agosto militares en activo se apostaron afuera de la entrada a Ciudad Universitaria ubicada en la calle Cerro del Agua. Hace unos meses la UNAM ya había firmado otro convenio llamativo, para un diplomado titulado: Un viaje por el proceso televisivo, impartido por personal de Televisa.
Al parecer, el virus del priísmo se propaga más rápidamente que el virus del ébola. Si no se toman medidas drásticas y urgentes para proteger al carácter público y autónomo de nuestras instituciones independientes, mañana podría ser demasiado tarde.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
