Por Mitch Stacy
El viaje de 1.600 kilómetros hasta la frontera de Texas supuestamente llevaría a los adolescentes guatemaltecos hacia una vida mejor. En lugar de eso, fue el inicio de un terrible calvario: Los fiscales aseguran que fueron extraídos con engaños de la custodia federal por conspiradores que se hicieron pasar por familiares o amigos, y los obligaron a trabajar en condiciones de esclavitud.
Luego de que el sistema migratorio del país se viera abrumado por un flujo sin precedentes de niños sin acompañante adulto que huían de la violencia en Centroamérica, uno de sus paisanos ingenió un plan para obligarlos a trabajar en granjas avícolas en Ohio, asegura la fiscalía.
Arodolo Rigoberto Castillo Serrano se declaró el lunes culpable ante una corte federal de Ohio de los cargos de asociación delictuosa para trabajos forzados, trabajos forzados, manipulación de testigos y alentar el ingreso ilegal al país. No se ha fijado la fecha para que se le dicte sentencia.
Castillo Serrano, un guatemalteco de 33 años, había estado ilegalmente en Estados Unidos durante gran parte de la última década, según la fiscalía. En algunos casos, obligaba a los familiares de las víctimas a que le firmaran a su nombre las escrituras de sus propiedades en Guatemala para pagar el transporte de los jóvenes, asegurándoles que serían inscritos en escuelas una vez que llegaran a Estados Unidos. Eso nunca sucedió.
Su abogado se negó a comentar el lunes.
Las políticas migratorias de Estados Unidos dictan que los menores no acompañados que intentan escapar de situaciones peligrosas no pueden ser devueltos.
Una vez que los adolescentes estaban bajo custodia federal, se entregaban documentos falsos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, según la acusación presentada en julio. Entonces, los conspiradores tomaban custodia, prometiendo brindar refugio y su asistencia a las fechas ordenadas por la corte para determinar su estatus migratorio.
En lugar de eso, choferes conocidos como “coyotes” llevaban a los jóvenes hasta Ohio, donde, esencialmente, eran obligados a trabajar largas jornadas y a vivir en casas rodantes en mal estado, además de que se les quitaba la mayor parte de su salario para pagar por el traslado hacia Estados Unidos.
Los agentes federales encontraron 10 víctimas – ocho adolescentes y dos hombres de al menos 20 años – en este caso, pero los testigos aseguran que muchos otros han sido llevados a Estados Unidos desde Guatemala mediante el esquema de Castillo Serrano.
El año pasado, cuando según los fiscales siete de las víctimas adolescentes cruzaron la frontera de México hacia Texas, los estados fronterizos lidiaban con una crisis humanitaria luego de que miles de niños sin compañía de adultos llegaron procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Existe una ley diseñada para proteger a los niños no acompañados y ponerlos al servicio del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS por sus siglas en inglés) hasta que se pueda resolver su situación, y hay gente sin escrúpulos que sacó provecho de eso”, dijo David Leopold, un abogado migratorio de Cleveland familiarizado con el arribo de menores sin supervisión adulta que pasaron por la frontera estadounidense el año pasado. “Creo que lo que sucedió aquí es que sacaron provecho de un sistema que estaba abrumado y lo hicieron a costa de los niños”.
Kenneth Wolfe, portavoz del HHS, no comentó sobre el caso criminal, pero en un correo electrónico dijo que los directores de los casos asignados a niños no acompañados de un adulto deben verificar la identidad de un posible patrocinador y su relación con el joven, antes de entregárselo. Eso, supuestamente, debe incluir una revisión de antecedentes y revisión de huellas digitales con las bases de datos del FBI. No está claro si se realizó todo el procedimiento en estos casos.
Los jóvenes, de 15, 16 y 17 años de edad al momento de su llegada desde Guatemala, fueron amenazados con actos violentos si se quejaban o si no obedecían, señalan los fiscales en documentos de la corte. Los recogían en camionetas antes del amanecer en un terreno para casas rodantes en Marion, a una hora por carretera al norte de Columbus, para llevarlos a trabajar, y por la noche los llevaban de regreso a la vivienda.
Los adolescentes eran obligados a trabajar en Trillium Farms, que dependía de un contratista -una de las personas acusadas en el caso- para reclutar y contratar a los empleados. Trillium, que produce más de 2.000 millones de huevos al año en varias granjas en la región central de Ohio, señaló que no tenía conocimiento de lo que sucedía con el contratista y los trabajadores, y no ha sido acusada en el caso.
El caso comenzó a desenmarañarse luego de que las primeras supuestas víctimas y sus familiares comenzaron a hablar con las autoridades en 2013. Luego, el 17 de diciembre pasado, agentes federales realizaron un operativo en el terreno de casas rodantes y sacaron a las víctimas. La acusación del jurado investigador generó cargos contra Castillo Serrano y tres personas más por delitos que incluyen conspiración para trabajos forzados, engañar al gobierno, alentar el ingreso ilegal a Estados Unidos y albergar a un inmigrante con residencia ilegal en el país.
Uno de los acusados será sentenciado en diciembre, luego de declarase culpable a un cargo de conspiración para trabajos forzados y alentar el ingreso ilegal a Estados Unidos. Otros dos se han declarado inocentes.
Las autoridades federales no han comentado sobre los planes para los jóvenes guatemaltecos que fueron rescatados.
“Los vemos como víctimas, que son testigos en nuestro caso”, dijo Michael Tobin, portavoz de la oficina de la procuraduría federal en Cleveland. “Así que nos estamos asegurando de que reciban los servicios que necesitan”.
Fuente: AP
