Un inmigrante que vive sin autorización legal en el país, pero que se graduó de la escuela de derecho y aprobó un notoriamente difícil examen para abogados, pedirá a la Corte Suprema del estado de California que lo certifique, pese a las objeciones del gobierno federal.
Por Paul Elías/ AP
Sergio García llegó sin permiso a Estados Unidos hace 20 años con su padre y comenzó a trabajar en la cosecha de almendras, pero eso no era todo lo que deseaba hacer en la vida.
Mientras trabajaba en el campo y en una tienda de abastos, comenzó a estudiar en un programa universitario de dos años para ser asistente jurídico y luego aprobó el examen de leyes del estado de California en el primer intento, algo de lo que no pueden jactarse ni el gobernador Jerry Brown, ni el ex gobernador Peter Wilson, ni casi el 50% de los abogados en oficio.
Ahora García, que aún vive sin autorización legal, pedirá el miércoles a la Corte Suprema estatal que le otorgue su licencia profesional. García cuenta con el apoyo de la asociación de abogados de California, de la fiscal general Kamala Harris y de otros que alegan que la condición migratoria de un candidato no es requisito para recibir una licencia de abogado en California. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos se opone.
El departamento asevera en documentos judiciales que certificar a García violaría una ley federal que prohíbe que los inmigrantes que viven sin permiso legal en el país reciban prestaciones públicas. La dependencia dice que la licencia para practicar la abogacía es una prestación pública.
La ley federal “fue escrita claramente para impedir que inmigrantes indocumentados obtengan licencias comerciales o profesionales expedidas por los estados y el gobierno federal”, destacó el departamento en su alegato judicial cuando la Corte Suprema pidió conocer la posición del gobierno federal.
“Ha sido una verdadera bofetada en la cara”, destacó García.
La pugna es el más reciente choque en el campo de la inmigración entre las leyes estatales y federales. Por lo general el gobierno de Barack Obama se opone a las leyes de Arizona y de otros lugares donde hay políticas contra los inmigrantes.
La posición del gobierno de Obama en este caso ha sorprendido a algunos porque fue él quien adoptó un programa para proteger a las personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños, se graduaron de la escuela secundaria y han cumplido con la ley evitando su deportación por delitos y les permite trabajar legalmente en el país.
García, de 36 años, no reúne los requisitos para el programa de Obama. Pero él y los grupos de inmigración que lo respaldan alegan que éste es exactamente el tipo de candidato que el gobierno de Obama tenía en mente cuando adoptó su programa.
La posición del gobierno sorprendió a García, quien se costeó sus estudios en la Escuela de Derecho Cal Northern, con sede en Chico, mientras trabajaba en una tienda de abastos y publicó un libro de autoayuda en 2006.
“Me sentí muy contrariado” por la postura del gobierno, dijo. “Me he esforzado mucho y nunca he sido un lastre para el estado”.
Sin embargo, los expertos en derecho y otros dicen que García enfrenta varios obstáculos incluso si ganara el caso para obtener la licencia.
García tendría que trabajar como independiente porque ninguna firma de abogados ni otros empleadores lo podrían contratar legalmente. Y estaría automáticamente descalificado para representar a ciertos clientes o tomar algunos tipos de casos debido a su estatus inmigratorio.
Un caso similar se ventila en la Florida. La Corte Suprema de ese estado se ha negado hasta la fecha a certificar a una persona que vive sin permiso legal en Estados Unidos, pero no ha dado un fallo definitivo.
El tribunal de California tiene 90 días para emitir un fallo después de la audiencia del miércoles.
© 2013 The Associated Press.
