La guatemalteca Crisanta Pérez encabeza resistencia contra la compañía extranjera y rechaza la contaminación del agua potable
Por Anayeli García Martínez/ Cimac
A sus 43 años, con siete hijos y sólo tres años de educación básica, la indígena guatemalteca Crisanta Pérez se dice orgullosa de haberse aventurado a la defensa de las tierras de su comunidad, y enfrentarse a la minera canadiense Goldcorp que insiste en explotar los bienes naturales en busca de oro.
Esta lucha contra el despojo se recoge en el libro “En defensa de la madre tierra, sentir lo que siente el otro y buen vivir: la lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp”, de Morna Macleod, investigadora de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En días recientes, Crisanta estuvo en esta capital para presentar su libro en el Museo Nacional de Antropología e Historia y accedió a repasar parte de su vida en entrevista con Cimacnoticias.
Como mujer de bríos, esta indígena contó que su lucha comenzó en 2005 cuando personal de la minera Goldcorp fue a su casa a informarle del nuevo proyecto y pedirle autorización para poner un tendido eléctrico. Generosa con el personal y expectante del desarrollo que eso significaría, accedió a la petición.
Sin embargo, más tarde en su casa colocaron postes para instalar cables de energía, a lo que ella se inconformó porque nunca le avisaron que invadirían su propiedad. Nadie escuchó sus quejas. Lo ocurrido a Crisanta le pasó a más vecinos de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, en Guatemala.
Ella fue una de las primeras en oponerse a que se invadieran las tierras de su pueblo, y para el siguiente año, en 2006, otras personas se organizaron para quejarse por daños a sus viviendas, ya que la empresa canadiense hizo perforaciones, mientras que otros pobladores reclamaron pagos justos para vender sus tierras.
“Yo no sabía que también existían problemas sobre casas rajadas (dañadas)”, dijo esta mujer que se unió a sus vecinos para repudiar la enajenación de sus bienes y alertar sobre las perforaciones en busca de oro que contaminaban los nacimientos naturales de agua.
Hubo protestas y en una ocasión bloquearon durante 13 días las labores de la empresa, pero los cuerpos de seguridad capturaron a dos de los manifestantes.
Ahí la activista se dio cuenta de que era muy fácil acusar y detener a los compañeros varones, por lo que más tarde la estrategia sería colocar a las mujeres como las líderes del movimiento opositor.
En 2008, relató Crisanta, hubo un despliegue policiaco para detener a las personas que estaban quitando los postes de sus casas y las autoridades municipales decidieron ser mediadoras entre la minera y las 60 comunidades afectadas por la explotación del suelo.
La mujer recuerda que la intervención del Estado no tuvo efectos positivos, ya que Goldcorp se comprometió a retirar los postes en un plazo de tres meses, lo cual no sucedió así y ella y otros vecinos bloquearon la corriente eléctrica colocando alambres en el cableado.
Ante la lucha de resistencia de esta indígena, personal de Goldcorp –empresa propietaria de la mina Marlín– se acercó a Crisanta para tratar de negociar y hacerla desistir de su protesta; hasta le ofrecieron trabajo.
Muchas otras mujeres se convirtieron en empleadas domésticas de la empresa y los hombres consiguieron trabajo como mineros.
En 2009 la empresa siguió buscando oro, relata Crisanta, pero la comunidad se dio cuenta de que los manantiales se secaban, el agua que podían consumir estaba contaminada, al parecer de cianuro, y las y los niños comenzaron a tener enfermedades en la piel, por lo que se pidió el cierre de la mina.
En una ocasión un grupo de vecinos quemó una máquina perforadora, y aunque ella no era responsable sí era la líder opositora más conocida, por lo que fue acusada del daño. Entonces decidió huir y salió de su pueblo durante seis meses.
Una vez que pasó el peligro regresó a la comunidad y justo cuando su hija cumplía un mes de nacida la policía llegó a detenerla, pero la comunidad impidió su detención.
Hasta ahora las comunidades indígenas no han sido escuchadas y aunque consiguieron asesoría jurídica y lograron llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2011 la instancia desechó su recomendación inicial de cerrar la mina.
No obstante –dijo Crisanta– cada vez se suman más inconformes a la mina: “Cuando salieron las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, (los pobladores) se dieron cuenta de que se mueren nuestros hijos por la contaminación” y decidieron integrarse a la lucha.
La indígena consideró que aunque la empresa canadiense diga que la mina llevó desarrollo a las comunidades, en realidad hay más contaminación del agua y la tierra, se abrieron bares para el entretenimiento de los trabajadores, y hoy la descomposición de las familias es más que evidente.
Por ejemplo, hay hermanos de la activista que la apoyan en la defensa de la tierra y el territorio, pero otros prefieren ser trabajadores de la mina. Hoy lo que la comunidad pelea es el abastecimiento de agua potable, porque no se puede consumir con residuos químicos.
Aunque el futuro podría avizorar una derrota para Crisanta, ella sigue de pie y ahora se alista a contestar un escrito del gobierno de Guatemala, en el que informó que de las más de 380 familias afectadas por la falta de agua para el consumo, sólo 79 tendrían apoyo gubernamental.
Fuente: CIMAC Noticias
