Por Luis Javier Valero Flores
Fue tanto lo realizado por la administración anterior para llevar a los gobernantes a la peor de la crisis de credibilidad en Chihuahua, probablemente semejante a la de los gobernantes porfiristas, que ante hechos tan destacados en la vía de lo que tanto y tantos reclamaron y que fueran el centro del discurso del hoy gobernador de Chihuahua, no lo asimilan bien.
No pueden ser unas simples coincidencias –de ahí la esperanza del escribiente– que en el curso de la misma semana, primero se anunciara que se reabrirían las denuncias presentadas en contra de César Duarte y Jaime Herrera, por un lado, y en contra de Carlos Hermosillo por otra, archivadas por orden del fiscal a días del término de la pasada administración.
Javier Corral adujo que había sido una decisión del “Consejo de la Judicatura Estatal” y que, además, la orden del archivado había sido por órdenes directas de Jorge González Nicolás, por entonces Fiscal General del Estado.
Luego, a finales de la semana terminante, Corral nombró al abogado, Maclovio Murillo, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua. No, no pueden ser coincidencias. Por un lado se reabre el proceso en contra de los ex funcionarios y por otro se incorpora al gabinete al litigante que en mayores aprietos jurídicos puso al gobierno de Duarte.
Sin más palabras: César Duarte ya está frente al proceso judicial que muchos votantes –y seguramente más chihuahuenses– querían; deberá enfrentar a la justicia, aquí, en Chihuahua, frente a tribunales chihuahuenses y, además, quien llevará, seguramente, la mayor parte de la carga de esas denuncias y las próximas que se enfilarán en contra del ballezano y sus compañeros de gabinete, será su principal impugnador jurídico, Maclovio Murillo.
A lo anterior habrá que agregarle el antecedente inmediato de la remoción de Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que descarta la posibilidad de que, llegado el caso de Duarte a esa instancia jurídica, tuviera el beneficio de la luenga amistad existente entre éste y Sepúlveda.
Pero en esos dos casos, el de la reapertura de las denuncias y el de la remoción de Gabriel Sepúlveda, los mecanismos utilizados dieron pie a la duda sobre su legalidad.
Y es que el Consejo de la Judicatura no existe, fueron nombrados los 4 magistrados que participarán pero faltan por designarse a los 2 del Congreso del Estado y el que debe nombrar el gobernador.
Esos son hechos que pudieran darse por terminados a juzgar por las primeras declaraciones de Murillo, cuando afirmó que “no habrá más decisiones políticas que tienden, la mayoría de los casos, a ser inconstitucionales o van en contra de la Ley”, (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 22/XII/16) frases en las que, obviamente, se refería a lo acontecido en el sexenio anterior pero que deberá ser la preocupación del actual.
Sin embargo, el hecho de anunciar que esa dependencia se fortalecerá con la contratación de especialistas en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, financiero, público, entre otros, no deja lugar a la duda, conformará un equipo que, o lleva la principal de las cargas, o coadyuvará grandemente con el que elabore las denuncias en contra del ex gobernador y los principales de sus colaboradores. De esas dimensiones ubicamos el nombramiento del litigante originario de Buenaventura.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para el gobierno del amanecer. La aprobación del presupuesto para el 2017 le ha traído innumerables críticas, sobre todo de los sectores de la población menos ligados al panismo, entre ellos, claramente, el priismo y Morena y, obviamente, de muchos ciudadanos no identificados con partido alguno.
Sí sorprende, desagradablemente, la elevación de algunos rubros, especialmente los relacionados con los vehículos automotores, en una entidad que solamente es superada por la Ciudad de México en cuanto al número de ellos por el de habitantes y que se explicaría por el desastre financiero en que se encuentra el gobierno de Chihuahua, pero que no guarda congruencia con las expectativas creadas a lo largo de la campaña y que da pie a la preocupación porque anteriormente se habló de hasta la continuidad de las fotomultas en la ciudad de Chihuahua.
Lo que no es una sorpresa –por lo menos para el escribiente– es la decisión de recurrir a la bursatilización, en un monto a definir en el curso del año y que puede llegar a la suma de 4 mil millones de pesos (mmdp).
Según lo que han informado los gobernantes, la suma que se solicite dependerá –al igual que los apoyos extraordinarios del gobierno federal– de los avances mostrados en el ahorro del gobierno de Corral, tanto por el ajuste presupuestario, como de lo derivado de la desaparición de innumerables prácticas corruptas en la adquisición de bienes y servicios, así como en la construcción de obra pública.
De repente sorprende la impaciencia de algunos sectores de la sociedad.
La estructura general del presupuesto para el 2017 es prácticamente la misma que dejó el gobierno anterior ¿El actual la podía cambiar en el curso de mes y medio que tuvo para tomar posesión de las dependencias, efectuar los cambios de mandos necesarios, elaborar un diagnóstico de las dependencias, empaparse del proyecto de presupuesto elaborado por los salientes (en el supuesto de que lo hubiesen hecho) y elaborar el propio, con los limitantes generados por la estructura, no sólo del presupuesto, sino del gobierno en su conjunto y de las dependencias en particular por aquello de la nómina inflada o derivado del enorme crecimiento de algunas áreas, especialmente las de educación y salud?
La respuesta podría ser obvia, pero lo que sí podría aportar el nuevo gobierno sería en el ahorro logrado a lo largo del año pues lo retrataría nítidamente, en muchísimos aspectos, entre ellos el de demostrar que la llegada de un nuevo grupo gobernante no significa el nuevo reparto del presupuesto público, pero fundamentalmente el de que será una administración honesta; esperamos que sea eficiente y sensible a los reclamos –como lo dijo Corral a lo largo de la campaña– de los más vulnerables de la sociedad chihuahuense.
Visto lo anterior, lo lógico, desde el punto de vista estrictamente financiero, era que el gobierno de Corral recurriera al endeudamiento por la única vía que le dejó el de Duarte, la de bursatilización de los remanentes carreteros y por los montos que Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas, les había dicho a los representantes del entonces gobernador electo Javier Corral, de 10 mmdp, 6 de los cuales, sostendría Herrera en diversas ocasiones, utilizaría Duarte y los 4 restantes el nuevo gobierno.
Reacio a creerle en modo alguno al gobierno anterior, Corral no aceptó ese endeudamiento y nombró al actual Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, como su representante para vigilar que los recursos –en lo general– se aplicaran del modo que lo habría aprobado el Congreso de Chihuahua en diciembre anterior.
Por eso aceptó, porque ese endeudamiento formaba parte del presupuesto aprobado por el total de las bancadas en esa fecha y que sólo se puso en marcha una vez pasadas las elecciones, porque Duarte no quiso arriesgarse a aumentar el encono ciudadano si antes de ellas operaba esa bursatilización, la mitad de la cual sería usada para pagar un financiamiento anterior.
De ahí que, o bursatilizan o bursatilizan; lo pertinente, con todo lo negativo que tiene, es usarlo en la medida que se necesite en el año, merced al ahorro y las medidas aplicadas y esperar que el siguiente año, ya en plenitud del control sobre el gobierno, elaboren y apliquen un presupuesto de las características descritas en la campaña.
¡Y el priismo oficial se desgarra las vestiduras y reprueba lo que aprobó apenas un año atrás, diciendo que la “bursa” no era deuda!
Pero una cosa sí le deben a la sociedad chihuahuense los nuevos gobernantes: La austeridad que le pretenden aplicar al presupuesto, al gobierno, no la aplican en sus percepciones; una disminución significativa de las percepciones de los funcionarios de los 3 primeros niveles, diputados y funcionarios de los organismos descentralizados incluidos, sería la mejor muestra, no solamente de su solidaridad con los chihuahuenses, sino de que su “vocación del servicio público” son auténtica y no, simples frases de campaña.
Insistimos, que ganen lo percibido por los maestros universitarios de excelencia.
ANTIMOTINES.- La presencia de los policías antimotines en el Salón de Plenos del Congreso del Estado, es un hecho absolutamente inaceptable. Es responsabilidad de la presidenta del Poder Legislativo, Blanca Gámez, tanto la autorización, como el retiro. Debe una disculpa la legisladora con una amplísima trayectoria, tanto en el servicio público, como en el activismo social, si autorizó –o, peor, que alguien ordenara la entrada de los policías, por encima de su autoridad– o dejó hacer. Debe ser, de inmediato, aclarado quien ordenó, al tiempo que está obligada a pedirle disculpas a la sociedad chihuahuense.
Recuerde que no hace mucho tiempo, ella estaba enfrente de los antimotines.
