Cuando decenas de miles de familias migrantes, principalmente centroamericanas, cruzaron el río Bravo hacia Texas a mediados del año pasado, el gobierno estadounidense invirtió millones de dólares en dos grandes centros de detención para mujeres y niños, con el propósito de impedir el cruce de más personas sin autorización legal.
Pero a medida que amplía los centros en previsión de una nueva oleada de arribos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta demandas políticas y legales que podrían obligarlo a cerrar esas instalaciones. Y el nuevo flujo de migrantes plantea el interrogante de si la estrategia ha servido para disuadir a los migrantes.
Uno de los centros, construido con ese fin, está en un campo de 20 hectáreas (50 acres) en Dilley, al suroeste de San Antonio. El otro, más pequeño, está rodeado de grúas en Karnes City. En total pueden alojar a 4.300 personas, apenas una fracción de los que entran, lo cual le deja al ICE escasas opciones aparte de dejarlos en libertad con la orden de comparecer ante una corte, como hizo en el pasado.
Unos 130 representantes y 33 senadores demócratas han pedido al gobierno que deje de detener a las familias, en tanto una jueza federal en California falló de manera tentativa que la política viola un acuerdo judicial de hace 18 años según el cual no se puede detener a los menores. ICE prometió mejorar los centros mientras aguarda el fallo definitivo.
“Avanzamos en la dirección de cerrar estos centros”, dijo Jonathan Ryan, director ejecutivo del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes.
En abril, la jueza Dolly Gee sostuvo en un fallo tentativo que la detención de familias viola un acuerdo judicial en el caso Flores V. Meese de 1997, según el cual los niños deben ser entregados solamente a familias adoptivas, parientes o bien en ambientes lo menos restrictivos que sea posible en instalaciones autorizadas a cuidar menores.
Gee mantuvo su fallo en secreto y en suspenso para que el gobierno y los abogados de los inmigrantes intenten negociar una solución para mediados de junio. Sin embargo, Carlos Holguín, un abogado del Centro por los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional en California, afirmó en un memorando que Gee aceptó que el acuerdo regía para todos los menores detenidos por las autoridades de inmigración, incluso aquellos que viajaban con un padre, y determinó que los nuevos centros de detención no estaban autorizados a alojar niños.
La directora de ICE, Sarah Saldaña, respondió a la corte que la agencia revisará los casos de familias detenidas durante más de 90 días, aumentaría la supervisión y estudiaría cómo mejorar las condiciones. “Comprendemos la naturaleza singular y delicada de la detención de familias”, dijo.
Cuando el Departamento de Seguridad Nacional expuso el año pasado su postura sobre las detenciones arguyó que los centros eran necesarios para terminar con la creencia generalizada entre los inmigrantes de que el gobierno les extendía permisos de permanencia, cuando lo cierto es que eran avisos para que comparecieran ante un tribunal.
Según el memorando, Gee puso en duda si los centros habían servido al propósito de disuadir la llegada de más migrantes. Holguín escribió que la corte consideró “insólito” que las autoridades migratorias hubieran adoptado la política de exigir una infraestructura tan costosa sin pruebas sólidas de que construirla desalentaría la inmigración ilegal. Casi 17.000 familias fueron capturadas en la frontera durante los primeros siete meses del año fiscal que dio inicio en octubre.
La detención de familias no es barata. Un funcionario del ICE dijo que cuesta 300 dólares diarios tener a cada mujer o menor en Dilley. Con cupo para 2.400 personas, el gobierno federal gastará 720.000 dólares diarios, o casi 263 millones de dólares al año.
El centro de detención menos grande en Karnes cuesta al ICE 160 dólares diarios por detenido y está previsto que tenga 1.000 camas para fines de año.
El otro centro de detención familiar se ubica en el condado Berks, Pennsylvania. Empresas privadas de prisiones cobran por administrar las tres instalaciones que supervisa el ICE.
Las mujeres y sus hijos enfrentan que se les deje en libertad o se les envíe a un centro de detención después de su captura por ingresar sin permiso en el país.
El ICE afirma que sus decisiones de detener o no a las personas depende de factores como las camas disponibles así como las edades y sexos de los menores.
Fuente: AP
