Por Luis Alonso Lugo
El rechazo que la mayoría republicana en la cámara baja ha demostrado hacia la idea de conceder la opción de naturalización a inmigrantes sin papeles se perfila como un obstáculo para las posibilidades de que el presidente Barack Obama promulgue este año la histórica reforma migratoria aprobada el jueves por el Senado.
“Hoy, el Senado hizo su trabajo. Ahora le toca a la cámara baja hacer lo mismo”, dijo el mandatario durante su gira por Africa. “Ahora es cuando nuestros oponentes se esforzarán más para destruir este esfuerzo bipartidista y así evitar que una reforma sensata se convierta en realidad. No podemos permitirlo”.
El Senado aprobó el jueves con votación 68-32 una reforma migratoria que ofrecería la naturalización a 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos de manera ilegal y destinaría al menos 30.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza.
Catorce republicanos se sumaron a 52 demócratas y dos independientes para aprobar el proyecto.
El senador republicano por Alabama Jeff Sessions, crítico acérrimo de la reforma migratoria, calificó como “significativo” que no se hayan alcanzado los 70 votos porque “garantiza que la cámara baja tiene margen suficiente para trazar una ruta opuesta y rechazar esta iniciativa”.
El grupo bipartidista de ocho senadores que redactó el proyecto de ley original había expresado públicamente su aspiración de alcanzar los 70 votos para ejercer una mayor presión sobre la cámara baja, y con ese fin realizaron concesiones importantes a la bancada republicana.
Mientras el liderazgo nacional del partido republicano ha expresado la urgencia de apoyar una reforma migratoria como una manera de reconciliarse con los hispanos que votaron en noviembre abrumadoramente a favor de relegir a Obama, muchos legisladores republicanos más bien definen sus estrategias pensando en la realidad política de sus respectivos distritos.
Y para quienes buscan reelegirse en las elecciones de medio término de 2014, apoyar una reforma migratoria podría ponerlos en desventaja frente a rivales que cuenten con el apoyo del grupo radical conservador conocido como el Tea Party y que los acusen de facilitar una “amnistía” migratoria.
Muchos en la cámara baja -donde los republicanos son mayoría- prefieren un enfoque por partes en lugar de una reforma integral como la que está produciendo la cámara alta.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles una iniciativa para establecer un sistema que obligue a todos los patrones a verificar el estatus migratorio de sus empleados con un plazo de dos años.
La comisión enfocará su atención el jueves en una iniciativa sobre los inmigrantes calificados.
La semana pasada, aprobó otros dos proyectos, uno sobre los trabajadores agrícolas y otro para tipificar como delito federal estar en el país sin permiso legal, cuando actualmente es una infracción del fuero civil.
Ninguno de los proyectos de ley aprobados por la comisión permite a los inmigrantes sin papeles legalizar su estatus, mucho menos naturalizarse.
Un grupo bipartidista de siete representantes ha negociado de manera interrumpida desde 2009 un proyecto de ley integral en la cámara de representantes, sin haber logrado una versión final.
El demócrata por California Xavier Becerra, integrante de ese grupo bipartidista, indicó que “es momento para un liderazgo real en la cámara baja. Debemos debatir y aprobar una reforma migratoria integral y bipartidista. Si trabajamos juntos, no como republicanos y demócrata sino como colegas y representantes electos del pueblo estadounidense, haremos el trabajo”.
Agrupaciones a favor de la reforma migratoria realizarán movilizaciones y comprarán anuncios publicitarios para persuadir a los legisladores escépticos de votar a favor de la reforma migratoria.
Kica Matos, vocera del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM por sus siglas en inglés) calificó la aprobación en el Senado como una “victoria para el movimiento”.
Pero advirtió que “ahora desataremos cada onza de nuestra energía para dejar claro que el Partido Republicano debe decidir entre bloquear la reforma migratoria y acelerar el ‘espiral mortal demográfico’ que describió el senador Lindsay Graham o aprobar la reforma que mantiene a las familias unidas y arregla nuestro sistema migratorio”.
Numerosos activistas alegan que el promedio diario de al menos 1.000 deportaciones diarias imprime urgencia para que el Congreso culmine su debate cuanto antes.
Y otros se han quejado por el énfasis que la legislación pondrá en la seguridad fronteriza tras la adopción de una propuesta de los senadores republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí) para duplicar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, extender la cerca 1.100 kilómetros (700 millas) e invertir miles de millones de dólares en equipos como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a un costo de 30.000 millones de dólares.
Arturo Carmona, director de la agrupación Presente.org, dijo que tras la aprobación de la enmienda Corker-Hoeven “no adoptaremos más la estrategia de ‘frontera primero’ sobre reforma migratoria que reina hoy en Washington”.
“Ahora que la legislación pasa a la cámara baja, marcamos una línea en la arena porque no podemos y no aceptaremos más medidas extremas disfrazadas como reforma migratoria bipartidista”, agregó.
El presidente de la cámara baja, el republicano por Ohio John Boehner reiteró el jueves que “la cámara no someterá a voto cualquier cosa que apruebe el Senado”.
“Para que cualquier legislación sea aprobada en la cámara, incluyendo la versión para conciliar con el Senado, tendrá que ser un proyecto de ley que cuente con el apoyo de la mayoría de nuestros miembros”, dijo en conferencia de prensa. “La reforma migratoria tiene que basarse en una seguridad fronteriza real. Eso es lo que piensa el pueblo estadounidense, y es un principio en el que también cree nuestra mayoría”.
No está claro si Boehner podrá consolidar la mayoría necesaria para imponer una visión propia a la reforma migratoria, después de que la cámara baja no lograra los votos necesarios para aprobar la semana pasada una ley agrícola.
Según el proyecto aprobado, los inmigrantes sin documentación podrán legalizarse mientras se implementan las nuevas medidas de seguridad fronteriza, pero sólo podrán obtener la residencia permanente cuando la implementación haya concluido.
Fuente: AP
