Por Luis Javier Valero Flores
Conforme pasan los días, la élite política chihuahuense –y muy probablemente la nacional– sigue demostrando cuán lejana se encuentra de las aspiraciones democráticas de la sociedad. O quizá será que el grupo hegemónico en nuestra entidad, al unísono que su par en el gobierno federal, profundiza en la regresión democrática.
Probablemente no viaje solo en tal travesía, muy seguramente una parte importante de los dirigentes y militantes de las otras agrupaciones políticas existentes en Chihuahua los acompañan, y casi de manera cierta, no con la convicción del grupo mandón, sino por la pretensión de mantener, o aumentar, sus prebendas y privilegios.
En la sesión del martes del Congreso del Estado se presentó una muy ríspida discusión entre representantes del PRI y el PAN, y no cualquier representante, sino los coordinadores parlamentarios, Rodrigo de la Rosa y César Jáuregui, respectivamente.
El tema central fue el Plan de Movilidad Urbana (PMU) de Juárez y el evidente y desastroso retraso de las obras emprendidas en la gestión anterior, la de Héctor “Teto” Murguía, bajo una nueva modalidad financiera, basada en el financiamiento de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, cuyo pago terminará en 20 años, con un costo superior al 100% al del empréstito.
El incendio de Troya fue provocado por la postura de los diputados del PAN, particularmente por la legisladora de Juárez, Daniela Álvarez Hernández, de modificar la composición de la Comisión especial encargada del seguimiento de las obras del PMU.
Son de tal simpleza los cambios propuestos que da escozor la indignada –e “inexplicable”– oposición de la mayoría parlamentaria a ellos: Informar detalladamente al Congreso de las acciones y resultados del PMU; incluir a un representante de Acción Nacional –extrañamente no hay ninguno, a pesar de que este partido es la segunda fuerza política, tanto en el Congreso, como en el Cabildo– y cambiar al presidente de la comisión, el diputado Enrique Licón, de origen priista, pero postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La objeción es cualquier cosa: El diputado Licón es concuño del ex alcalde Teto Murguía, pues la ex primera dama municipal es hermana de la esposa del diputado, quien, además, y nadie dijo nada en su momento, fue el Director de Desarrollo Social de la administración municipal encabezada por el cuñado de su esposa (Ay, Gabriel García Márquez ¿Qué tal si no hubieras escrito los “100 años de soledad” y no nos hubiéramos graduado en estos asuntos del nepotismo de la casta política mexicana?).
Bueno, pues a pesar del evidente conflicto de interés del diputado Licón, éste defendió –y fue defendido por el líder de su grupo parlamentario, el diputado De la Rosa– permanecer en la presidencia de la mencionada comisión que, por puritita casualidad, revisará, entre otras cosas, la calidad y avance de las obras que el cuñado de su esposa aprobó se hicieran en Juárez, a costa de un desmesurado endeudamiento.
Todo ello después de que la diputada Álvarez Compeán desquiciara a los gobernantes locales al abrir por su cuenta, primero, y luego se plantara en uno de los cruceros de la vialidad Ejército Nacional, a fin de exhibir el enorme retraso y la inexplicable indulgencia de las autoridades municipales, y del Congreso del Estado, con la que tratan a los responsables de la obra, una de las que han desquiciado la vida de los juarenses en el último año y medio.
El desquiciamiento fue tal que las autoridades municipales buscaron –y encontraron– alguna falla en la gestión del permanente manifestante, José Luis Rodríguez, quien, entre cosas, se ha convertido en uno de los mejores críticos de las obras del PMU, quien fuera el Director de Obras Públicas en la última administración panista y ahora le endilgan la responsabilidad de fallas en la construcción del puente del kilómetro 20 de la Panamericana, ya que era el encargado de la revisión de la construcción del puente. Pero de eso han transcurrido ¡11 años!
Bueno, pues pueden buscarle la comisión de delitos e irresponsabilidades a Rodríguez, la pregunta salta a los ojos ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes, cuando no protestaba en las calles o en el Congreso del Estado?
Puede coincidirse o discrepar de las acciones del mencionado José Luis Rodríguez, lo que no puede aceptarse es que solo hasta el momento en que un ciudadano, cualquiera, decide manifestarse, entonces en ese momento se le busca procesar por reales o supuestos delitos cometidos.
Pero más grave que lo anterior, es que el grupo gobernante no acepte –o no conciba– que está cometiendo una irregularidad, que el parentesco en los niveles de los aquí presentados impide a los funcionarios públicos formar parte de cualquiera de las comisiones, dependencias o grupos de trabajo en los que pudieran tener un interés personal, como es el caso ahora planteado.
¿Acaso se necesita tener un mayor conocimiento para no incurrir en tal desaguisado, o será que a la élite política ya no le importa?
En cualquiera de los casos, nos encontramos, otra vez, ante una inaceptable concepción del ejercicio del poder público.
