Por María López Paniagua
La carrera armamentista más importante de los últimos diez años se ha producido en América Latina, donde se invierte cada año más dinero en armamento que en la lucha contra la pobreza. Cerca de 60.000 millones de dólares se destinan a aprovisionar a las Fuerzas Armadas de distintos países, lo que, sumado a la venta ilegal de armas aumenta la preocupación global por este problema.
En los últimos años se han duplicado la cantidad de acuerdos entre países latinoamericanos y potencias extranjeras, en especial países de Europa, como Rusia, y Estados Unidos. Venezuela es uno de los mayores importadores de armas. Alrededor del 18% del total de armas exportadas por Rusia, uno de los principales fabricantes de armas del mundo, fue a parar a este país. Gracias a los acuerdos bilaterales con Rusia, Venezuela pasó de ser el país número 46 en las importaciones de armas a ser el número 15.
Muchos asocian este aumento en el gasto militar por parte de algunos gobiernos con el hecho de que la última década haya sido económicamente estable para muchos de estos países, ahora en crecimiento. Sin embargo aumentan a la par las denuncias de colectivos e individuos para cambiar esta inversión por otras para garantizar derechos sociales como educación y salud. El ejemplo más reciente de hasta dónde llega esta nueva fiebre armamentística es Haití. Tras la catástrofe de 2010, el presidente hizo público su deseo de restituir, con ayuda de Washington, el Ejército de un país en el que miles de personas siguen sin hogar y servicios básicos.
Por otra parte y no menos alarmante es el problema de la venta y posesión ilegal de armas. Según el Centro para la Información de Defensa (CID) de Washington hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina. Todos los datos muestran cómo el tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico y al aumento de la violencia callejera. Sin ir más lejos, la tasa de homicidios de América Latina duplica el promedio del mundo, según el Banco Mundial.
Algunos países, como Nicaragua, son importantes vías de entrada de muchas de las armas ilegales que llegan al continente. Al país centroamericano llegan grandes cantidades de armamento que más tarde se distribuye por el resto de países vecinos. A esto contribuye el hecho de que el país tiene inmensas lagunas legales que facilitan su tráfico.
También son cada vez más frecuentes los intercambios de droga por armas que los cárteles de la droga colombianos manejan a su antojo. Del mismo modo en que la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren ese mismo camino a la inversa. Además gran cantidad del armamento del mercado negro procede de los propios miembros del Ejército o policía, que roban y venden unas armas que mano tras mano acaban en muchas ocasiones en manos de narcotraficantes o miembros de organizaciones paramilitares.
El comercio mundial de armas, aunque controlado, contribuye al aumento en número y gravedad de los conflictos armados, la violencia callejera y la corrupción. Las iniciativas por parte de grandes organizaciones a escala global, como la ONU, han hecho poco o nada por conseguir una regulación eficaz para solventar un problema de inmensa gravedad y consecuencias, en especial en esta región del mundo, en la que muchos de esos recursos deberían ir destinados a una mejora o afianzamiento de las condiciones de vidas de las personas.
* María López Paniagua. Periodista con sede en Bélgica
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