Por Luis Javier Valero Flores
Cuando la Policía Municipal llegó por él, “por trastocar el orden”, se los repitió a voz en cuello: “¡Igual que el año pasado!”.
Así estamos en Chihuahua tras la ilegal destitución de Rodolfo Leyva como presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la indigna toma de posesión del sucesor, Alejandro de la Rocha, durante años director general de Coparmex, el organismo empresarial en el que la familia Terrazas es la mandona y que ahora es dirigido por el exalcalde panista, Álvaro Madero, hermano del jefe del gabinete estatal, Gustavo.
Ahora resulta que una parte del panismo, aliada a los grupos empresariales y, a su vez, con los restos del priismo duartista, se confabularon para destituir a Leyva. ¡Nunca lo hubiéramos imaginado! Que, para obtener sus objetivos, el nuevo grupo gobernante se aliara, en el Ichitaip, con las comisionadas ahí colocadas por Duarte (Alma Rosa Armendáriz y María Nancy Martínez) y con el sector empresarial que se opuso a su candidatura, al grado de apoyar a José Luis Barraza, que eso significa el arribo de De la Rocha a la presidencia del Ichitaip.
Y, claro, a la simpatizante del panismo y del gobernador Corral, Amelia Martínez Portillo.
La Ley de Transparencia es clarísima:
“Artículo 17…
Los (las) Comisionados (as) Propietarios (as) designarán a su Presidente (a) de entre sus miembros, el (la) cual durará en su encargo un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto (a) por un periodo igual”.
El pleno de comisionados del Ichitaip no tiene facultades para remover a su presidente -podrá estar mal, pero eso dice la ley. Los funcionarios públicos sólo están facultados para hacer lo que la ley les permite- y mucho menos en “asuntos generales”, esto es, sin tenerlo en el orden del día, para fundar y motivar la propuesta de remover al presidente.
Cuando defenestraron a Gabriel Sepúlveda del Tribunal Superior de Justicia, hubo hasta reconocidos y respetados abogados que justificaron la remoción del magistrado como presidente del TSJ. “Había que hacerlo así, de otra manera no se podía”, las formas correctas se tardarían mucho, se dijo.
Muchos lo justificaron, se trataba de desmantelar la estructura de poder dejada por el ballezano César Duarte.
¿Y ahora? Cuáles son los argumentos para deponer a un abogado que ha demostrado su compromiso con la legalidad, la transparencia, la plena división de poderes y el respeto a la autonomía de los organismos con ese carácter y que, encima de ello, había denunciado públicamente el intento de colocar en la estructura del Ichitaip -ahora lo ha ratificado- a Ricardo Gándara, esposo de la secretaria de la Función Pública, Rocío Olmos.
Lo peor es la ratificación de esa intención, a juzgar por las expresiones, tanto del gobernador Javier Corral, como de su secretario de Gobierno, César Jáuregui. Ninguno de ellos fue capaz de enjuiciar la ilegalidad del acto.
Al contrario, a juzgar por sus propias expresiones, públicamente lo convalidaron.
El gobernador Corral así lo dijo: “Que Leyva no se quiera limpiar con nosotros por sus fracasos”. ¿Cómo, sabe algo el mandatario de las razones de los comisionados para la remoción, tan grave como para que se deba “limpiar”?.
“… yo soy respetuoso de las instituciones pero me parece que ahí sucedieron cosas muy delicadas”. (Diversos medios digitales, 09/03/17).
“Está tan clara la situación, a ver, ¿que sucedió para que una persona como él perdiera de esa manera la confianza de sus colegas y de sus compañeros? Yo creo que ahí es donde está la explicación, se quiere limpiar en nosotros, no, la explicación está ahí adentro”.
El segundo de a bordo, el secretario César Jáuregui Robles fue más explícito -y más nítido en las intenciones del grupo gobernante- pues aseveró que “fue el Consejo de ese organismo, en uso de su autonomía y de sus facultades, quien tomó esa decisión”. (Comunicado oficial del Gobierno de Chihuahua, 09/03/17).
Más, rechazó las acusaciones de Leyva y afirmó que “no sólo son infundadas, sino que dejan claro que no prestó atención a los señalamientos que se le hicieron sobre la forma como manejaba a esa institución”. (Ibídem).
Entonces, sí le reclamaron algo de lo sucedido al interior del Ichitaip ¿Pues no que son respetuosos de la autonomía?. Y agregó: “Él bien sabe que el Ejecutivo reconoció su trayectoria y sus capacidades, pero que fueron los mismos consejeros del Ichitaip y los usuarios de esa institución quienes externaron quejas sobre su actuación”. Bueno, ahora resulta que hasta usuarios del Ichitaip se quejaron de lo realizado por el expresidente.
Tampoco los diputados locales, Miguel La Torre (PAN), Pedro Torres (Morena), Blanca Gámez (PAN), además, presidenta del Congreso; ni Miguel Vallejo (MC), fueron capaces de repudiar la ilegalidad de la remoción, evidente a todas luces.
El respeto a la autonomía de los organismos no implica la convalidación de los actos ilegales, los diputados debieron tener a la mano su conocimiento sobre la ley para opinar.
Lo deberán hacer, con toda seguridad les llegará este asunto pues, con los antecedentes de Leyva, éste buscará ampararse y una vez obtenido, el paso lógico será la petición de sancionar a los comisionados del Ichitaip por realizar actos ilegales como el ahora referido, porque el Congreso sí tiene facultades para destituir a los comisionados.
Siempre y cuando presenten la motivación y la fundamentación.
¿Tiene razón Rodolfo Leyva Martínez al sostener que se pretendía incluir a Ricardo Gándara en el Ichitaip y que eso generaría, automáticamente, un conflicto de intereses pues su esposa, Rocío Estefany Olmos, es la secretaria de la Función Pública, es decir, la encargada de vigilar, desde adentro del gobierno, el buen ejercicio de los recursos públicos?.
Cuando los actuales gobernantes niegan esa acusación, dejan de lado un importantísimo dato, que no lo pueden negar, ni ocultar: el hecho de que Ricardo Gándara buscó la designación, como comisionado del Ichitaip, a sabiendas de que su cónyuge ya era la secretaria.
¿Quien renunciaría, en caso de alcanzar la designación? ¿O permanecerían ambos? ¿Esa era la pretensión?.
No es el único hecho correlacionado. Mónica Soto, exaspirante a comisionada del Ichitaip en el mismo proceso que Gándara, es amiga cercana de la secretaria Olmos, con la que guarda estrechos vínculos amistosos, ¿cómo, pretendían ingresar al Ichitaip el esposo y la amiga de la secretaria? ¿Y así pretenden que no creamos en las afirmaciones de Leyva Martínez?.
Así, asistimos a un episodio más de los desaciertos de la actual administración.
¿Por qué calificarla así, dirá más de uno de los lectores, si todos lo hacen de ese modo?.
Esa es la diferencia, porque en el pasado no habíamos contado con un nuevo grupo gobernante que enarbolara tan alto tantas banderas democráticas; no se puede, en aras del supuesto desmantelamiento de las viejas estructuras, o de la búsqueda de ocupar todas las posiciones, quebrantar el orden jurídico, ese que la vieja administración tanto violó.
Y no se pueden dejar pasar los episodios. Muchos aprobaron lo realizado en el Tribunal Superior de Justicia -el fin justifica los medios, dijeron-. De ninguna manera, se empieza por tolerar una vez y se termina en verdaderos escándalos.
Hoy estamos en uno de ellos; de tal magnitud, que sus ecos alcanzarán a los medios de comunicación y centros de discusión de la capital del país, ¿cómo podrá el gobernador Corral justificar, ante la élite académica e intelectual, con la cual convivió durante tanto tiempo, un hecho de la naturaleza que hoy evaluamos?.
Ante un hecho semejante, la destitución del presidente del Poder Judicial, esto escribimos el 13 de noviembre anterior: “¿Quién podría estar en contra, desde el campo democrático, de la auténtica reforma del Poder Judicial de Chihuahua y que éste adquiriera, ahora sí, la independencia y autonomía soñadas frente al Poder Ejecutivo? ¿Quién, medianamente informado, podría oponerse a que la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueran removidos, porque sus designaciones fueron claramente opuestas a la correcta aplicación de las leyes y la ética y que llegaron a sus puestos por la decisión del entonces gobernador César Duarte?… Pero lo que menos necesitamos los chihuahuenses son las respuestas maniqueas. ¡Ah, lo que ahora se hace está bien, no importa si se violan las normas, porque lo hacemos en nombre del bien! ¡Porque nosotros somos los buenos y la sociedad -y nosotros hablamos por ella- lo “está pidiendo”!.
No se puede justificar un grupo político sólo porque obtiene una mayoría electoral, no puede repetir los vicios y defectos del pasado.
Igual que el año pasado…
PD. Se nos quedó en el tintero el comentario sobre el sostenido crecimiento de las simpatías por “El Peje” a la Presidencia de México. Habrá tiempo.
