Algunas personas que viven en Idaho tras haber ingresado a Estados Unidos sin permiso se están beneficiando de un programa de visas diseñado para ayudar a las víctimas de delitos.
Marcas Zurita ingresó a Estados Unidos hace 18 años al cruzar la frontera con México a la altura de Tijuana, informó el periódico Idaho Statesman. Aunque estaba en el país sin la documentación correcta, desarrolló una relación con una mujer con quien tuvo dos hijos, de 15 y 12 años en la actualidad.
Sin embargo, su ex novia lo denunció a las autoridades y fue deportado. Cuando estaba en una prisión de inmigración fue agredido.
Como resultado de su cooperación en ese delito, a Zurita, ahora residente de Nampa, se le permitió regresar a Estados Unidos bajo el programa de “visas U”. Zurita dijo que, durante gran parte de los 18 años que pasó en el país, le temía a los tribunales y a la policía, pero eso ha cambiado gracias al programa de visas.
“Tenía que confiar en la ley”, dijo Zurita, de 37 años.
Ese tipo de visas están disponibles para las víctimas de ciertos delitos que cooperan con la policía y la fiscalía. El Congreso ha autorizado al Departamento de Seguridad Nacional el otorgar hasta 10.000 visas “U” anualmente a los residentes que cruzan la frontera sin permiso o se quedan después de que sus visas expiraron. Después de aprobar las pruebas de antecedentes y otros requisitos, los que reciben la visa U pueden permanecer otros cuatro años en el país y tienen la oportunidad de solicitar la residencia permanente después de tres años.
A mediados de la década de 1990, Zurita cruzó la frontera hacia Estados Unidos, relata, con la intención de ahorrar dinero y regresar a la Ciudad de México, construir una casa y abrir un mercado. Entonces conoció a la mujer que se convirtió en su novia y con quien tuvo dos hijos. Y se quedó.
“Los planes no siempre salen como uno piensa”, destacó.
En el 2009, su relación había terminado y su ex novia cumplió con su amenaza de hacerlo deportar debido a su estatus. Tres después de ser encarcelado en una prisión de inmigración del condado Canyon donde iba a permanecer ocho meses hasta su deportación, Zurita fue golpeado en la cara por otro recluso que era procesado por cargos de drogas.
Se le dislocó la mandíbula, se le cayeron dientes y se le nubló la visión. Durante un mes estuvo a base de dieta líquida.
Fue deportado en el 2010. Pero debido a su cooperación con las autoridades en el caso de agresión, el fiscal del condado Canyon, Bryan Taylor, firmó la certificación en el 2011 que le permitía regresar a Estados Unidos. En noviembre Zurita pudo reingresar al país.
Taylor, un funcionario electo, ha certificado 123 solicitudes para visas U desde el 2010.
“Estas son víctimas de delitos”, comentó. “No creo que nadie en este mundo se merezca ser abusado, golpeado o dañado de alguna manera. Se trata de un principio fundamental”.
En Boise, el jefe de policía Mike Masterson ha certificado 27 de 35 solicitudes para estas visas.
Sin embargo, otros departamentos se han mostrado renuentes a usar el programa. En Meridian, el subjefe Tracy Basterrechea dijo que el Departamento de Policía evita usarlo.
“La inmigración es trabajo del gobierno federal”, destacó. “Como regla general, no firmamos esos documentos. Nos sentimos renuentes a participar en todo eso”.
El alguacil del condado Ada, Gary Raney, señaló que sólo ha tenido tres o cuatro solicitudes para estas visas pero no ha autorizado ninguna.
“Me parece que tiene que ser usado juiciosamente”, indicó. “En algunos de nuestros casos, al parecer la información no era correcta”.
Fuente: AP
