Por Gisela Salomon/ AP
Cecia Sosa no se despega ni un segundo de su teléfono celular. Espera una llamada que definirá su futuro y el de su familia. Su padre, un nicaragüense que vive en Estados Unidos sin papeles desde 1995, fue detenido por manejar sin licencia de conducir y podría ser deportado a su país de un momento a otro.
Cecia llegó a Estados Unidos cuando tenía 18 meses de nacida y desde entonces no ha vuelto a Nicaragua. Su hermanito Ronald nació en Estados Unidos, apenas habla español, y jamás ha viajado a la tierra donde nacieron sus padres.
La chica ha solicitado el beneficio de suspensión temporal de la deportación y un permiso de trabajo, como resultado de la medida ejecutiva expedida por Obama, que cobija a los jóvenes que llegaron al país de niños. Ahora vive con su hermano Ronald, estadounidense de 14, en la casa de la nicaragüense Nora Sándigo, quien fue declarada guardiana legal de los menores.
El problema es que el futuro de ambos es incierto pues si las autoridades deportan a su padre, los menores se quedan sin el único sustento económico y emocional en el país porque a principios de 2009 su madre fue deportada tras haber permanecido en Estados Unidos sin papeles durante unos 12 años.
“Yo sabía que había posibilidad de que algo así pasara, pero siempre me despertaba en la mañana pensando que todo iba a estar bien”, dijo la joven a The Associated Press entre lágrimas y con la voz acongojada.
La esperanza de los chicos se cifraba en unas directrices que permiten revisiones especiales de casos de padres detenidos y en proceso de deportación que tienen hijos menores de edad en el país. Pero la solicitud para frenar la deportación de Ronald Sosa padre fue negada el 29 de agosto pasado.
Sosa, quien cumple 46 años el jueves, fue detenido el 8 de agosto por un policía porque su vehículo tenía la placa vencida. Como no tenía licencia de conducir, lo llevaron preso y tras ser identificado en la cárcel vieron que tenía un proceso de deportación pendiente y transfirieron su caso a las autoridades de inmigración.
Cecia no lo ha ido a visitar por temor a que también la detengan en el centro de detención. El pequeño Ronald tampoco quiere ir porque se acuerda de que, poco después de haber visitado a su madre, la deportaron y teme que ahora suceda lo mismo con su padre.
En agosto, los chicos debieron sacar su ropa y pertenencias del departamento que alquilaban porque no pudieron pagar la renta mensual de 950 dólares y fueron desalojados. Tampoco han podido ir a la escuela porque les queda muy lejos del lugar donde viven con Sándigo.
El caso de la familia Sosa es uno de los miles que ejemplifican el drama de la división familiar que soportan niños cuyos padres sin papeles son deportados o detenidos.
En las pasadas dos campañas presidenciales, Barack Obama prometió una reforma migratoria que allanaría el camino a la legalización de unos 11 millones de personas, pero hasta ahora sólo el Senado ha aprobado un proyecto de ley que entró a discusión en la Cámara de Representantes. Controlada por la oposición republicana, la cámara baja se ha negado hasta ahora a debatir esa iniciativa y algunos de sus líderes han manifestado su desacuerdo en aprobarla.
Alfonso Oviedo, abogado que lo defendió hasta hace poco más de un año, dijo que el nicaragüense podría calificaría para permanecer en el país bajo el proyecto de reforma porque el nicaragüense no ha sido sentenciado por haber cometido un crimen grave ni tampoco es considerado una persona que sea una amenaza a la seguridad nacional del país.
“Están deportando a gente que calificaría para mantenerla aquí por razones humanitarias”, dice Oviedo. “Es verdaderamente atroz lo que están haciendo con él… (Sosa) es el sustento de esos chicos”.
Entre tanto, las deportaciones han aumentado a niveles récord durante el actual gobierno a un promedio de 400.000 personas por año, según cifras de la Policía de Inmigración y Aduanas. En 1990 las deportaciones anuales llegaban a las 30.000 personas.
Cerca de 5.100 niños estadounidenses de padres sin papeles que fueron detenidos o deportados vivían en hogares sustitutos en 2011, de acuerdo con el estudio “Familias Destrozadas” publicado en noviembre del 2011 por el Centro de Investigación Aplicada, una organización que se creó hace cerca de 30 años en busca de crear conciencia racial y que tiene oficinas en Nueva York, Oakland y Chicago.
El informe estimó que otros 15.000 chicos podrían terminar en casas sustitutas en 2016 si continúa el actual ritmo de detenciones y deportaciones.
No existen estadísticas oficiales, pero abogados y centros de investigación creen que unos 200.000 padres de niños estadounidenses han sido deportados entre 2010 y 2012. Esa cifra no incluye a los niños inmigrantes que llegaron al país cuando eran pequeños, como el caso de Cecia.
Los activistas de inmigración coinciden en que las autoridades generalmente deportan a los hombres y dejan a las madres para que atiendan a sus hijos. Pero también hay casos en que ambos padres han corrido con la misma suerte.
Al momento, ni ella ni su hermano han podido hacer nada legalmente para detener el proceso de su padre.
“El caso del señor Sosa ha recibido revisiones importantes del debido proceso en los niveles más altos del gobierno”, dijo un vocero de la Policía de Inmigración y Aduanas.
Indicó que la Junta de Apelaciones de Inmigración y la Corte de Apelaciones del 11vo circuito han negado múltiples pedidos para que el caso sea reabierto.
Sosa fue inscrito en 2012 en un programa de prisión alternativa mientras se tomaba una decisión final, dijo la Policía de Inmigración. Debía llevar un grillete electrónico en su tobillo las 24 horas del día, presentarse ante los agentes de inmigración en sus oficinas una vez por semana y estar presente en la casa cuando un oficial acudiera al lugar para asegurarse de que vivía allí.
Las autoridades dicen, no obstante, que Sosa transgredió varias veces estas disposiciones y por eso ha vuelto al centro de detención de inmigrantes de Krome, al suroeste de Miami. Dijeron que en 29 oportunidades hubo transgresiones pasivas al sistema de rastreo del grillete electrónico, una especie de GPS que permite saber exactamente dónde está la persona en cada momento, y que en varias oportunidades no se presentó a las oficinas de inmigración y no estuvo presente en su casa en algunas de las visitas como se le había indicado.
Las autoridades no ofrecieron detalles puntuales sobre las trasgresiones.
Sosa dijo que solo una vez llegó tarde a la presentación semanal en las oficinas de inmigración y que en un par de ocasiones se demoró en arribar a su casa cuando los agentes de inmigración lo estaban esperando pues debía llevar a sus hijos a la escuela.
“Siempre iba y todo el tiempo estaba cuando me visitaban”, dijo en entrevista realizada en una sala del centro de detención.
En el centro de detención, Sosa se dedica a pensar y a orar buena parte del día. “Lo que más me preocupa son mis hijos, su futuro”, dijo el hombre vestido con un traje anaranjado de preso y un brazalete en la muñeca que llevaba su nombre y fecha de nacimiento. “Sería un desastre llevarlos para allá (Nicaragua) teniendo un futuro aquí. Mi vida ya está hecha, pero el futuro de ellos es lo que me preocupa”.
“*Él no tiene riesgo de fuga, no es un riesgo para la seguridad nacional”, dijo Sándigo, la guardiana legal de los chicos y su perro ‘Snoopy’. “Él estaba en cumplimiento de la ley. Ha estado bajo vigilancia y ha cumplido sus citas”.
La esposa del detenido, Marisela Sosa, de 36 años, no entiende cómo las autoridades pueden deportar a los dos padres de sus hijos.
“Ya me deportaron a mí. ¿Qué hacen deportando al papá?”, dijo la mujer, quien no tiene trabajo en su país y vive en casa de unas hermanas que la ayudan económicamente.
Fuente: AP
