Por John M. Ackerman
Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche.
El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.
Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad.
Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su eventual candidatura presidencial.
Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales respecto de la aplicación de la ley.
Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.
Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.
Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.
El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.
Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma).
Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria. l
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