La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que detectó los ilícitos cometidos por Elba Esther Gordillo Morales, podrían investigar el desfalco cometido al gobierno del estado en la administración anterior, sostuvo este día el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, tras confirmar que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) están investigando al ex gobernador Andrés Granier Melo y sus colaboradores.
Dijo que ya se presentaron las demandas en contra de los ex funcionarios involucrados en el quebranto financiero que enfrenta actualmente el estado, y aunque no mencionó cuantas y contra quienes, aseguró que más adelante dará detalles sobre el caso.
Aquí el gobierno ha informado con anticipación que entre las irregularidades se encuentra la deuda de más de 17 mil millones de pesos y un desvío de más de mil 900 millones de pesos que desaparecieron.
En entrevista con la prensa en el contexto de la ceremonia cívica para conmemorar el 149 aniversario del triunfo de las fuerzas liberales sobre el invasor francés, el mandatario estatal señaló que ya se tienen identificados a los funcionarios del ex gobernador priísta Granier Melo que realizaron las transferencias bancarias de los dineros públicos que no aparecen.
Núñez Jiménez mencionó que la hija del ex gobernador, Mariana Granier Calles, recibió depósitos, en dos cuentas, por una suma de 14 millones de pesos, y que el dinero era proveniente del erario de Tabasco. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene asegurada estas cuentas, indicó.
Durante el encuentro con los medios, el Ejecutivo estatal señaló que en los próximos días se comunicará con los titulares de la PGR y SFP para conocer los avances de las indagaciones, pues indicó que las denuncias ya están radicadas en esas instituciones del gobierno federal.
También se refirió al caso del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado, Francisco Rullán Silva, de quien demandó su destitución, al considerar que éste funcionario puede ser corresponsable de los recursos públicos desviados.
Fuente: La Jornada
