Por Luis Javier Valero Flores
Finalmente, por los preparativos, los rumores, los “trascendidos” de las diversas columnas políticas de varios medios de comunicación, por los “tips” que algunos actores políticos han compartido y porque mañana se realizará una muy urgente reunión -según confiaron algunas “fuentes” creíbles al escribiente- del gobernador César Duarte y los legisladores locales, (no sabemos si todos, o sólo los coordinadores parlamentarios, y de estos solamente los de la coalición mayoritaria en el Congreso) pero de que se van a reunir, aparentemente, es cosa segura.
Son varios los temas que el mandatario local tiene como prioritarios en dicha reunión, sobresalen los referentes a la reforma política. Uno de ellos, por la extrema importancia que tiene es el de minigubernatura.
Se dice que está extremadamente interesado en imponerle un inverosímil candado a las candidaturas independientes: La de que sólo podrían acceder a ella quienes tuviesen, por lo menos, cinco años de no pertenecer a partido alguno.
De aprobarse tal especie, sería la primera respuesta del régimen a la aparición de los “independientes”. De ese tamaño es el terror a los “broncos”.
Además, también soltaron la especie de que ¡Bajarían el porcentaje mínimo de votación alcanzada por los partidos para acceder a las diputaciones plurinominales y regidurías! Y de esa manera acallar las tibias e inesperadas resistencias de los partidos menores.
Si todo lo anterior es cierto, querrá decir que el gobernador Duarte está preparando concienzudamente su relevo para lograr que uno de sus allegados sea el ungido como candidato a gobernador para la próxima elección.
En esa visión tiene especial importancia que el próximo período gubernamental sea de 2 años.
Digámoslo claramente, en estos momentos, de acuerdo con las modificaciones realizadas en 2012 las elecciones de gobernador en Chihuahua ESTAN EMPATADAS CON LAS FEDERALES A PARTIR DE 2021 (Perdonen el uso indiscriminado de las mayúsculas, cosa inusual, pero en un pasado evento de empresarios en Chihuahua, un porcentaje de ellos muy cercano al 30% no sabía lo anterior) por eso es que el próximo gobernador durará en su encargo, solamente por una única ocasión, 5 años.
Es decir, tendríamos elección de gobernador en 2016 y la siguiente sería en 2021, empatada con la elección de diputados federales.
De este modo, así está plasmado actualmente, habría elecciones en los siguientes años:
En 2016, gobernador, alcaldes y diputados locales;
En 2018, presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes;
En 2021, gobernador, diputados federales, diputados locales y alcaldes y el ciclo se reiniciaría nuevamente en 2024 con los mismos del 2018.
Lo que pretende el gobernador Duarte es lo siguiente:
En 2016, gobernador, alcaldes y diputados locales;
En 2018, gobernador, presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes;
En 2021, diputados federales, diputados locales y alcaldes.
Y el ciclo volvería al de las elecciones del 2018.
En esencia, si dejamos de lado lo circunstancial, es que la elección de gobernador se empate con la de presidente de la República y no con la de diputados federales, como está ahora.
Es falso el argumento usado por los legisladores locales quienes, al momento de defender la modificación, esgrimen que es para ahorrarnos procesos electorales, eso ya está contemplado en las leyes actuales; también cuando dicen que es para empatar los procesos electorales, eso es lo que hicieron en la legislatura pasada.
Quizá el argumento más sólido, de ellos, sería el de que de ese modo iniciarían simultáneamente las administraciones federal y estatal y podrían empatar, así lo reconocen, el “aprendizaje” de los funcionarios.
Queda para la picaresca nacional el de que al implantar la minigubernatura un chihuahuense podría aspirar a la Presidencia de la República.
Ahora bien, en términos de ventajas para los chihuahuenses ¿Cuáles obtendríamos en adelantar la elección del 2021 al 2018?
No parece haber alguna fuera de las ya mencionadas, a cambio tendríamos un mini período -a eso se refiere el término de minigubernatura, no porque se refiera a la administración estatal, o a la entidad, como chabacanamente se han referido a este término desde el gobierno- de solamente, en términos reales, de un año y algo más, habida cuenta que, si se aprueba tan desastrosa reforma, al cumplir un año la administración estatal 2016-2018, ya habría candidatos -o aspirantes muy involucrados en actividades previas a las designaciones de candidaturas- de los partidos a la gubernatura 2018-2024.
Los nuevos funcionarios -los del gobierno de 2016, elaborarían un Plan Estatal para escasos 15-16 meses, sin posibilidad alguna de influir en la administración federal para cambiar algunos programas o planes porque el Gobierno de Peña Nieto (en la eventualidad que termine “tranquilamente”) estaría inmerso en la campaña electoral del 2018 y preparando la salida.
Y en términos de funcionamiento del gobierno estatal, ya lo sabemos, el nombramiento de los nuevos funcionarios (los del 2016) de los 3os. y 4os. niveles apenas estaría dándose entre marzo y junio ¡De 2017! A sólo unos meses de entregar el Gobierno.
Para quienes se acuerdan, el Gobierno de Chihuahua tiene una complejidad infinitamente mayor a la que tenía en 1985, cuando el régimen quitó a Oscar Ornelas y puso a Saúl González Herrera, no para mejorar la administración pública, sino para quitar al que juzgaron como responsable de la derrota del PRI en las alcaldías en 1983.
Don Saúl entró para prepararle el terreno al candidato del PRI, Fernando Baeza, ante la certidumbre de que Francisco Barrio sería el abanderado del PAN. Sobrevino el verano caliente del ’86.
Hoy se revive el pasado. Fuera de las discusiones semánticas, el régimen se apresta a no perder las elecciones del año próximo.
Todo lo está preparando, habla de un gobierno de “transición”, pero ¿Transición a qué? ¿Es un nuevo concepto usado sólo para enmascarar que se pretende un miniperíodo gubernamental?
Que se pueda postular un candidato de coalición y que pretendan establecer un gobierno de coalición, los partidos políticos que así lo acuerden, está bien, pero de ahí a que esa sea la ventaja para los chihuahuenses, hay un mar de diferencia. No borra el hecho de que lo harían, exclusivamente, para intentar mantenerse en el poder.
¿Depende del gobernador Duarte la decisión de cambiar la Constitución de Chihuahua para establecer el miniperíodo? Si fuéramos un estado libre y soberano, sí.
Duarte pretende otras posiciones políticas (Reforma lo menciona a la dirigencia del PRI, tema que merece reflexión posterior), para ello requiere no distanciarse del grupo mandón en el país, deberá esperar la aprobación del presidente Peña Nieto, así opera el priismo cuando está en el gobierno.
Conforme va apareciendo la información va creciendo la certidumbre de que se trata de una “simple” operación política.
El grupo gobernante pretende, primero, bajarle el tope mínimo para mantener registro y prebendas a los partidos políticos (entiéndase PT, PRD, Movimiento Ciudadano -que a ciencia cierta no se sabe si éste participaría- PANAL, PES y Verde; segundo, ponerle un candado extremo a los candidatos independientes -no tener militancia partidaria en los 5 años previos al día de la elección- lo que tendría destinatarios específicos, la rumorología local habla de Marco Adán Quezada y Héctor “Teto” Murguía.
Pero aún si no fueran estos, la operación política se adelanta a lo que podría ocurrir en varios municipios en los que los militantes que, sintiéndose merecedores de la candidatura, no la obtuviesen, podrían optar la independiente.
Pero la “jugada” mayor, por lo menos para el escribiente, es que Duarte pretende atribuirse la responsabilidad mayor en el triunfo del PRI en 8 de los nueve distritos y esgrimirlo como garantía para que le permitan operar, él solo, el proceso electoral del 2016, incluida la designación del candidato “que al cabo es sólo para un período de 2 años”.
¿Le representaría ventajas? Indudablemente, una de ellas, fundamental en cualquier relevo, es que de ganar su candidato tendría mayores garantías de que la revisión de sus cuentas públicas pudiese transitar sin problemas y se mantendría su grupo en el poder, con la posibilidad de hacer lo mismo en 2018 ¡Nada!
Tiene argumentos ante la dirigencia nacional. Le permitieron -como a todos los gobernadores priistas- designar a los candidatos a diputados y obtuvo un saldo favorable en el número, no en el de los votos alcanzados.
Es decir, las ventajas son sólo de carácter político-partidario y solamente para una parte de las fuerzas políticas existentes en Chihuahua, en ello no van las inquietudes de la sociedad.
Como hace 30 años, pareciera que no pasan los años.
