In memoriam Pablo Sandoval Ramírez, gran luchador y
político guerrerense hoy más imprescindible que nunca.
Por John M. Ackerman
Sería difícil encontrar un sitio más apropiado que Iguala de la Independencia, Guerrero, para iniciar el urgente proceso de reconstrucción nacional. Fue ahí donde se concretó la Independencia de México con la firma del Plan de Iguala y la elaboración de la Bandera Nacional el 24 de febrero de 1821. En aquella fecha histórica lograron unirse las diversas fuerzas nacionalistas que después rápidamente derrotarían a la Corona de España. Hoy hace falta repetir aquella hazaña para, con medios pacíficos pero contundentes, derrotar una vez más al despotismo que reina en el país.
Los desesperados esfuerzos del gobierno federal para apagar el fuego de la resistencia ciudadana en Guerrero han resultado contraproducentes. El gobernador interino, Rogelio Ortega, perdió toda credibilidad desde el primer momento de su mandato al comportarse como un servil empleado de Enrique Peña Nieto. En lugar de tomar acciones concretas para encontrar a los estudiantes desaparecidos y resolver la crisis de gobernabilidad en el estado, Ortega acudió a Palacio Nacional para rendir pleitesías y comprometerse a “entregar buenas cuentas” al Virrey contemporáneo.
La reunión de Peña Nieto con los padres de familia y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue igualmente un fracaso. “Tal parece que se están burlando de nosotros”, señaló con mucha razón el padre de familia Epifanio Álvarez. “Que no se le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas”, sentenció otro valiente padre de familia, Felipe de la Cruz. Cada vez son menos creíbles los vacíos compromisos de parte del ocupante de Los Pinos para “llegar al fondo” de la masacre.
El intento de criminalizar a los normalistas, y los ridículos esfuerzos por responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador también evidencian la enorme vulnerabilidad del régimen. Arrinconado por la movilización social y atrapado en su laberinto de impunidades, el dinosaurio da coletazos sin racionalidad alguna, como un perro herido y resentido. Quienes conocen el verdadero contexto para la selección de Abarca en Iguala han revelado que no fue López Obrador, sino Jesús Zambrano, quien lo impuso como candidato. Asimismo, no hay que olvidar que el municipio de Cocula, donde aparecieron los nuevos restos humanos, es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero la filtración más importante no son las fotografías del líder de Morena, sino las acusaciones con respecto al posible financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas de José Luis Abarca y Ángel Aguirre. Esta información tiene la clara intención de encapsular la problemática en el ámbito local, pero es muy probable que al régimen le salga el tiro por la culata.
Los jefes de los cárteles de las drogas son sin duda criminales violentos e inhumanos, pero sería un error imaginar que también son tontos. Tanto el narcotráfico como el crimen organizado están tipificados como delitos federales. Si financiaron campañas políticas a niveles municipal y estatal, tendrían que haber participado también en las elecciones federales, y en particular en las presidenciales, donde se selecciona quién estaría a cargo de las fuerzas de seguridad responsables de perseguir precisamente los delitos que más interesan a los narcotraficantes.
El IFE –ahora INE–, convenientemente, jamás ha llegado al fondo de la vasta red de triangulaciones que permitieron financiar el exorbitante gasto ejercido por Peña Nieto para arribar a Los Pinos. Sin embargo, la Comisión Monex de la Cámara de Diputados ha estimado que el actual presidente rebasó por 12 veces el tope de gastos de campaña al erogar aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. ¿De dónde salieron todos esos recursos para las tarjetas Monex y Soriana, para los “incentivos” a los medios de comunicación y las casas encuestadoras, así como para el masivo operativo de compra y coacción del voto el día de la elección?
En general, será imposible para el gobierno federal evitar ser llamado a cuentas por la masacre. Guerrero ha sido ocupado por los militares desde hace décadas. Y durante el mandato de Ángel Aguirre se consolidó el control federal sobre la seguridad pública en el estado por medio del “Grupo Coordinación Guerrero”, con la protagónica y consistente participación de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sería ingenuo imaginar que la pasividad criminal del 27 Batallón de Infantería –ubicado en Iguala– durante la masacre, así como la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas, se deben solamente a la probada ineptidud de las instituciones federales.
El estado de Guerrero siempre se ha colocado a la vanguardia de las transformaciones políticas y sociales de México. Su nombre mismo constituye un homenaje al gran revolucionario Vicente Guerrero, originario de Tixtla –donde se encuentra Ayotzinapa– y uno de los líderes más visionarios y comprometidos con el pueblo durante la guerra de Independencia. Sin la tenacidad del general Guerrero, la artera ejecución de José María Morelos en 1815 muy probablemente hubiera puesto fin a los sueños de tener un país libre y soberano.
Recordemos que fue en Acapulco donde Morelos dio a conocer sus Sentimientos de la Nación y llamó a crear el Congreso de Chilpancingo para fundar la nueva patria desde la capital del estado. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social indudablemente central para la democratización del país.
El sistema autoritario ya casi toca fondo, y Guerrero se coloca como el sitio ideal para iniciar la ardua labor de reconstrucción de la patria. Los valientes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya han puesto el ejemplo al ir más allá de las importantes huelgas estudiantiles para también organizar caravanas de apoyo y de solidaridad desde la Ciudad de México hasta Iguala. Otras universidades y agrupaciones sociales de todo el país harían bien en realizar acciones similares para ir convirtiendo a Iguala, y a la normal de Ayotzinapa en Tixtla, en centros para la articulación de una gran red de poder popular capaz de, finalmente, transformar a la nación y “mover a México” hacia una democracia verdadera.
Twitter: @JohnMAckerman
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 1983
Fuente: Soberanía Popular
