Por John M. Ackerman
El estado de Guerrero siempre se ha caracterizado como un sitio de lucha, de dignidad y de conciencia particularmente transformador. Desde el siglo XIX, José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez protagonizaron batallas clave, primero en la lucha por la Independencia y después en la derrota de los imperialistas y conservadores. Durante la Revolución, el pueblo de Guerrero su sumó a la lucha de Emiliano Zapata y convirtió a la entidad en una zona rebelde y radical.
Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, las contundentes luchas estudiantiles, campesinas y guerrilleras en Guerrero pusieron en jaque al estado autoritario priista y pavimentaron el camino hacia la esperanza democrática en todo el país. Hoy los jóvenes de Ayotzinapa, los pueblos indígenas, los maestros democráticos y los policías comunitarios en el estado están dando una continuidad ejemplar a estos históricos combates.
Sin embargo, hoy como antes, las luchas populares han tenido que enfrentarse a un Estado represor que prefiere aliarse con los criminales y los caciques en lugar de apoyar las causas ciudadanas. La violencia, la represión y la criminalización de la protesta social han sido la norma a lo largo de la historia en esta combativa entidad.
La situación se agravó a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, en diciembre de 2012. Con el fin de generar las condiciones para la aprobación y aplicación de las “reformas estructurales” neoliberales del Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, desde sus respectivos gobiernos, simultáneamente agudizaron la represión en contra de los movimientos sociales en el país y dejaron sueltos a los delincuentes para infundir miedo en la población.
En Guerrero, las baterías se dirigieron con particular saña en contra de los tres grupos más conscientes y movilizados del estado: los estudiantes de las escuelas normales, los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La desaparición forzada de 43 alumnos y la ejecución de otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fue la consecuencia directa de la instauración de esta estrategia antimovimientos sociales en todo el país. El acoso constante a la CETEG, con múltiples órdenes de aprehensión contra sus líderes y la fatal golpiza de Claudio Castillo por la Policía Federal en Acapulco, en 2015, también forma parte de esta estrategia.
La criminalización de los policías comunitarios es particularmente escandalosa y cínica. En muchas comunidades estas organizaciones absolutamente legales, de acuerdo con la ley 701 del estado de Guerrero, constituyen la única herramienta de los pueblos para defenderse de los delincuentes coludidos con los aparatos de seguridad pública. El propio Xavier Olea, fiscal de Guerrero y exabogado de Raúl Salinas de Gortari, ha aceptado públicamente que tanto los policías municipales como su propia policía judicial están infiltrados hasta la médula por el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno represor prefiere seguir trabajando de la mano de la delincuencia a arriesgarse a permitir un empoderamiento social que podría poner en riesgo los grandes negocios transnacionales en la minería y la heroína.
La dirigente de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, recientemente fue liberada después de más de dos años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, con enorme cinismo, tanto la Fiscalía General del Estado de Guerrero como la Procuraduría General de la República han impugnado las sentencias y buscan volver a apresar a esta digna luchadora social. Mientras, grandes líderes sociales como Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez siguen desde hace tres años en la cárcel, acusados de delitos totalmente fabricados. Ninguno de los tres ha sido condenado por delito alguno, sino que se encuentran en “prisión preventiva”, como un castigo impuesto desde el poder por su osadía de no someterse al narcogobierno.
Gonzalo es un gran dirigente indígena de Tixtla con una cultura política y un análisis particularmente profundo de la coyuntura nacional. Lee, escribe y pinta constantemente en la cárcel. Su labor principal en la CRAC era la de filtrar el ingreso de nuevos elementos a la policía comunitaria. Evitaba así que la organización fuera invadida tanto por los delincuentes como por el gobierno. También participó en el desarme comunitario de la corrompida policía municipal de Tixtla. Su liderazgo había crecido tanto que el gobierno decidió detenerlo el 6 de noviembre de 2013, para evitar un empoderamiento más generalizado de la población en esta plaza estratégica para la delincuencia organizada.
Samuel tenía apenas 18 años cuando fue detenido por el Ejército en octubre de 2013, mientras participaba en un operativo para capturar a un grupo de delincuentes en la comunidad indígena de Metlatónoc, Guerrero. En lugar de perseguir a los delincuentes, el Ejército prefirió aprehender a Samuel, junto con 11 de sus compañeros, por “portación de armas”.
La semana pasada visitamos personalmente a Gonzalo y Samuel en el penal estatal de Chilpancingo para expresar nuestra solidaridad con su causa y exigir su libertad inmediata. Tuve el honor de acompañar a una comitiva organizada por el presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, en la cual también participaron diputados del mismo partido, como Guillermo Santiago, Ariel Juárez y Citlali Hernández. Contrasta este compromiso social de Morena con la actitud servil del académico Enrique Krauze, quien unos días antes había recibido la presea Sentimientos de la Nación de las manos del gobernador Héctor Astudillo sin hacer mención alguna a la injusta criminalización desde el Estado de quienes hoy siguen el legado y el ejemplo de Morelos.
Quienes tendrían que estar en la cárcel son las autoridades cómplices del crimen y los policías represores, no los luchadores sociales. México se encuentra de cabeza y nos toca a todos poner nuestra parte para ponerlo de pie. Exijamos juntos la libertad inmediata de Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, así como de todos los presos políticos y de conciencia de México.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: Proceso
