La guerra estalló públicamente el jueves al interior del Partido Popular (PP), entre el presidente de la formación, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de meses de un conflicto soterrado, y alcanzó un nivel inédito con acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje.
Esta confrontación tiene lugar en el PP –el partido tradicional de la derecha— cuando es asediado por el avance de Vox, el partido de la ultraderecha en España, con el que ha pactado en Madrid, Andalucía y Murcia para poder gobernar. Es cada vez más declarada la carrera por el control de la derecha y la ultraderecha española, y en ese mismo contexto se inscribe la batalla entre Casado y Ayuso.
A través del secretario general Teodoro García Egea, la dirigencia del partido anunció la apertura de un expediente informativo contra Ayuso, luego que ésta declarara la guerra a Casado al asegurar que éste la persigue “de forma cruel”, porque “me quiero presentar al congreso del PP de Madrid. Es insensato”.
Y acusó a Casado y su entorno de fabricarle un presunto caso de corrupción, donde su hermano Tomás Ayuso, recibió una “comisión” ilegal en la compra de mascarillas durante la pandemia, a través de la empresa de un amigo.
“Lo único que hemos pedido a Ayuso ha sido colaboración real”, dijo García Egea, en relación a la investigación interna sobre este caso de presunta corrupción. Pero, en cambio, “ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictiva, contra el presidente y toda la formación. Es algo nunca visto en nuestro partido”.
La prensa española considera que la apertura de un expediente informativo abre la posibilidad de una eventual expulsión de Ayuso, que representa el neoconservadurismo del trumpismo.
En noviembre pasado, eldiario.es publicó que la Comunidad de Madrid adjudicó sin licitación un contrato a una empresa que es propiedad de un amigo cercano de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás.
En abril de 2020, la etapa más difícil de la pandemia, la Comunidad de Madrid compró 250 mil mascarillas FFP2 y FFP3 para el hospital de Ifema, a la compañía Priviet Sportive S.L., dedicada al ramo textil y ganadero, que es propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo desde hace décadas de los hermanos Ayuso.
El monto del contrato fue de 1.5 millones de euros, sin embargo, se hizo como una adjudicación directa, porque había entrado en vigor una modificación legal que no obligaba a licitar (antes era cualquier monto por arriba de 15 mil euros) por la situación de excepcionalidad en las circunstancias por la pandemia.
Sin embargo, este día varios medios hicieron publicaciones, desde ambas posiciones, con lo cual estalló la guerra. Por ejemplo, el diario ABC adelantó que el hermano de Díaz Ayuso habría cobrado una `mordida´ de 280 mil euros por haber operado como intermediario. Esta no es la primera vez que Tomás Díaz Ayuso es señalado por recibir moches con contratos relacionados con el gobierno de su hermana Isabel, y que han sido denunciados por la oposición en la Cámara Regional.
Asimismo, el diario El Mundo y el digital ElConfidencial.com publicaron que altos cargos cercanos a la presidencia del partido habría contactado con detectives privados, a quienes iba a contratar para investigar el entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El 21 de octubre pasado, poco antes de que eldiario.es revelara la información del contrato, la dirigencia nacional del PP ya contaba con indicios, y en una reunión en la sede del partido, en la madrileña calle Génova, se discutió el tema con Ayuso.
Coincide que tras esa reunión se ha vivido un progresivo deterioro en la relación de Casado y Ayuso, cada vez más frecuentes y una guerra por el liderazgo del partido.
La campaña electoral de Castilla y León (cuya votación se celebró este domingo pasado) abrió una tregua, que hoy voló por los aires.
En su comparecencia, la presidenta Ayuso acusó directamente al presidente del PP. Pablo Casado, de intentar destruirla de “forma cruel” tras conocerse el presunto espionaje a su hermano para investigar el supuesto cobro de comisiones como intermediario en un contrato público.
Aseguró que, tras reunirse con Casado, en octubre pasado, éste le dijo que tenía conocimiento de la presunta irregularidad y que el informe provenía de La Moncloa, la sede del gobierno, actualmente presidido por el socialista Pedro Sánchez.
Añadió que es víctima de una campaña de “infundios y calumnias”, y se presentó como víctima al señalar que “es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir”, afirmó Ayuso, quien dijo que todo ello es porque pide el adelanto de un congreso para dirigir al PP en la Comunidad de Madrid, un bastión del PP.
La prensa que cubre la política citaba a fuentes del PP para interpretar que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidencia de Ayuso y viejo colaborador del expresidente José María Aznar, quien filtró la historia de los detectives para de ese modo blindarse de las acusaciones de presuntas corruptelas contra su hermano. “Es una voladura controlada”, aseguran, hablar de detectives y quitar el foco en el contrato millonario a un amigo y el soborno al hermano.
Fuente: Proceso
