Tras el incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en marzo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 indocumentados y dejó 27 lesionados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como al INM, luego de corroborar “violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal” de las víctimas.
Pidió a las dependencias realizar acciones para reforzar la protección y seguridad de las personas en contexto de movilidad, además de garantizar tanto el respeto de sus derechos como la no repetición. También solicitó llevar un registro nacional de aquellos que ingresen a estos centros.
Por separado, y en medio de una audiencia sin representación consular para exponer pruebas de manera anticipada que fue solicitada por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, fueron presentados dos hondureños que se encuentran como testigos en este caso.
La CNDH dio a conocer ayer que dirigió la recomendación a dichas dependencias porque “no se garantizó una estancia digna y de respeto a los derechos humanos” a las víctimas.
De igual forma, servidores públicos del INM “omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles atender sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía”, a la vez que incumplieron la obligación de realizar las acciones preventivas para salvaguardar la vida e integridad y seguridad personal.
Subrayó que “se acreditó responsabilidad” a la SG, que tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como a la SRE, que realiza la coordinación en la administración pública en esta materia,
En tanto, durante la presentación de los testigos en Ciudad Juárez, el juez ordenó que se realizara en audiencia privada. No permitió que estuvieran reporteros, familiares u otras personas, debido a que consideró que los hondureños eran víctimas que pertenecían a un grupo vulnerable.
Por el testimonio inicial de ambos, el pasado 8 de junio un venezolano fue vinculado a proceso por un juez de control federal, acusado de provocar el incendio de la estación migratoria.
Fuente: La Jornada
