Por Sanjuana Martínez
“Durante siglos la división entre lo público y lo privado
ha servido para mantener el honor masculino, y dejar
en mayor vulnerabilidad a las mujeres”: Lucía Lagunes.
La violencia contra las mujeres se manifiesta de muy diversas maneras: física, psicológica, económica, sexual… siempre ejercida desde el poder del agresor sobre la víctima.
Existe la actitud de pensar que lo que pasa en el hogar, en un matrimonio o pareja es privado a pesar de los episodios de violencia. Aquello que sucede tras las puertas allí se queda, dicen.
Sin embargo, la lucha de las mujeres por hacer “lo personal-político” y “lo privado-público” cuando se trata de violencia y en especial la ejercida por hombres poderosos, continúa siendo muy difícil, debido a la impunidad con la que el mismo sistema machista protege al agresor.
Un hombre puede tener todo el prestigio del mundo en su labor profesional, obtener reconocimiento público y ofrecer una imagen de gran ser humano; pero dentro de casa, la violencia que ejerce contra su pareja e hijos, no se conoce. Y lo que es peor, cuando se conoce, se duda de la víctima y el sistema reacciona intentando proteger al agresor. En el sistema, incluyo a un segmento del añejo estamento feminista empoderado que generalmente se une a los hombres poderosos y traiciona a su género.
El agresor y sus cómplices directos o indirectos exigen guardar silencio, piden ocultar un aspecto íntimo de la vida privada del pro hombre, alzan la voz por la grosera intromisión y dudan de la palabra de la mujer que por fin se atrevió a denunciarlo, venciendo los miedos y las amenazas.
Mientras el agresor aparente públicamente que es una buena persona, tiene asegurado su prestigio y por supuesto la impunidad. Si participa en política, si es Diputado, Senador, Juez, Magistrado, empresario, periodista; o bien, ostenta cualquier cargo público o privado, no tiene de que preocuparse porque nunca se le cuestionará que demuestre que es buen padre, esposo o compañero de su pareja. Eso se le cuestiona generalmente solo a las mujeres.
Pero la doble moral masculina va ganando adeptos en este reducto aún dominado por los machos. La coherencia entre lo dicho y lo hecho; entre lo personal y lo público no es necesaria. El actuar personal se queda en casa con toda su sordidez, lo que importa es que el hombre brille en público, aunque en lo privado sea un ser mezquino, agresivo y perverso; aunque se sepa que lo es. No importa. El estatus quo lo sostiene.
Tenemos algunos ejemplos recientes: Genaro Góngora Pimentel, el pro hombre de la impartición de justicia en México, el magistrado progresista, el más justo. Frente a su imagen pública, tenemos la personal: un hombre capaz de encarcelar a la madre de sus hijos, Ana María Orozco Castillo; capaz de disminuir la pensión de sus hijos porque son autistas y “se ven imposibilitados para diviertirse” o porque él considera que pertenecen a una “clase media baja”.
El ex Ministro, cuyo salario por jubilación ronda los 350 mil pesos, fue demandado por negarse a entregar una pensión periódica a sus hijos. Se defendió y convenció a la jueza que sus hijos solo necesitaban cuatro mil pesos en concepto de comida. Está claro que el señor Góngora Pimental desde hace algunos años no va al supermercado. La miseria humana de Góngora Pimentel contrasta con su perfil público. No hay coherencia entre sus dichos y su actuar; entre lo que pregona y hace.
Lo mismo sucede con Gerardo Saade Murillo, nieto del procurador Jesús Murillo Karam. El sistema machista protegió al agresor y en este sistema está incluido el director del CISEN, Eugenio Ímaz Gispert, nada menos que el padre de la víctima, Alexia Ímaz Chavero, quien se puso de acuerdo con el Procurador para no llevar ante la justicia al golpeador y tapar el escándalo lanzado a las redes sociales por la víctima.
Los ejemplos de agresores poderosos protegidos abundan. A pesar de interponer denuncias contra ellos, el sistema los protege. La procuración de justicia en términos de género sigue siendo un anhelo inalcanzable porque todo está hecho para la simulación, no para la justicia y la reparación a las víctimas.
El caso del ex Diputado federal, empresario, boxeador y aspirante a actor, Jorge Antonio Kahwagi Macari, actualmente miembro del Partido Nueva Alianza (Panal) es público y notorio. Le propinó una golpiza a Ana Gabriela González Sánchez en una casa del fraccionamiento Marina Vallarta y fue atendida en el hospital de Puerto Vallarta. El padre de la víctima interpusó una denuncia, pero Kahwagi sigue libre e impune.
En el ámbito político los casos son conocidos, pero nadie hace nada, porque claro, se trata de la vida privada. El caso del hijo de Diego Fernández de Cevallos que a punta de pistola y con un gran operativo policial y militar le “robo” los hijos a su ex esposa, sigue en la impunidad. También el del consejero electoral Sergio García Ramírez, denunciado por su ex pareja por violencia.
La lista de los casos de hombres violentos de la política, judicatura o el ámbito empresarial es larga y no terminaríamos. El otro día, la directora de un Instituto de las Mujeres me confesó que ha recibido a las ex esposas y parejas de diputados, senadores, jefes de policía, empresarios, millonarios… todas maltratadas, víctimas de violencia ejercida desde el más alto poder de sus parejas y sufrida en silencio: “Tengo a todos los que te puedas imaginar, pregúntame, por aquí van pasando una por una. Y ellos tan campantes, tan impunes”.
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Fuente: Sin Embargo
