Por John M. Ackerman
Ni Chile ni Guatemala son ejemplos en materia democrática, pero los gobernantes de ambos países han demostrado mayor sensibilidad a la voluntad de sus respectivos pueblos que el caduco sistema autoritario mexicano. Incluso una empresa española como OHL, dirigida por un cuestionado marqués íntimo del rey Juan Carlos I, ha tenido más valentía que el pusilánime gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
En los tres casos, importantes escándalos relacionados con supuestos actos de corrupción generaron la renuncia de altos mandos. Michelle Bachelet, Otto Pérez Molina y los directivos de OHL han removido de sus cargos a importantes aliados con el fin de demostrar su supuesto compromiso con la honestidad y la justicia. Bachelet pidió renunciar a todos los integrantes de su gabinete. Pérez Molina aceptó la dimisión de su vicepresidente. Y OHL le enseñó la puerta de salida a su director de Relaciones Institucionales.
En contraste, en México absolutamente nadie paga los platos rotos por la serie de escándalos de conflictos de interés, corrupción, censura y violación a los derechos humanos protagonizada por el gobierno en turno. Con todo cinismo, Peña Nieto y los integrantes de su gabinete siguen reprimiendo y vendiendo el país a pedazos desde Los Pinos sin consecuencia alguna. Si el pueblo mexicano no acude en masa a las urnas el próximo 7 de junio para expresar su repudio al régimen de oprobio votando por los pocos candidatos honestos, los políticos corruptos utilizarán la segunda mitad del sexenio para desaparecernos a todos.
La Constitución Política de la República de Chile vigente fue redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Si bien ha sido reformada en numerosas ocasiones, mantiene cláusulas profundamente autoritarias, como el sistema electoral “binominal”. Este sistema garantiza la continuidad de la influencia política de los cercanos a Pinochet y de la ultraderecha en general, al obligar a las fuerzas democráticas a duplicar la cantidad de votos emitidos por sus adversarios para poder contar con mayor representación en el Congreso Nacional. Esa es una de las principales razones por las cuales Chile continúa firme dentro de la órbita de las políticas económicas neoliberales. Es también la causa de que el país haya esperado hasta el año 2004 para legalizar el divorcio, y de que sostenga la prohibición absoluta del aborto.
Pero a pesar de las evidentes debilidades del sistema “democrático” chileno, Bachelet se vio obligada a actuar para frenar el derrumbe de legitimidad de su gobierno a raíz de una serie de escándalos de alto impacto. Su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha sido vinculado con la empresa Soquimich, una corporación bajo investigación de la justicia chilena por presunto financiamiento irregular de campañas electorales. Asimismo, recientemente la prensa dio a conocer información sobre un negocio inmobiliario multimillonario en que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, habría utilizado sus influencias para conseguir un préstamo de 10 millones de pesos con el propósito de que su esposa pudiera comprar terrenos.
En los últimos meses la tasa de aprobación ciudadana para Bachelet ha caído a 31%, cuando antes había llegado hasta 80%. Tanto las similitudes como las diferencias con el caso mexicano son evidentes.
El actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los principales mandos de la fuerza de “élite” de los kaibiles del ejército guatemalteco durante el genocidio y guerra civil que dejó más de 200 mil muertos en Guatemala en los años 70 y 80. Existen importantes paralelos entre la llegada de Pérez Molina a la presidencia por la vía electoral en 2011 y el retorno de los “dinosaurios” del PRI en México con Peña Nieto en 2012. En ambos países, la “transición democrática” ha funcionado principalmente para traer de regreso a los representantes de los peores atropellos del pasado.
Sin embargo, Guatemala da la impresión de ser una utopía democrática en comparación con los enormes retrocesos que hemos vivido en México. El exdictador Efraín Ríos Montt se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Y apenas la semana pasada el brazo derecho de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti, renunció a su cargo como resultado de una investigación que la vincula con una red de sobornos de empresas importadoras a funcionarios públicos para evadir el pago de impuestos de aduana.
Mientras tanto, en México todo es peor que nunca. Peña Nieto no ha pedido la renuncia de absolutamente nadie a raíz de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán; de las casas de Videgaray, Angélica Rivera y Osorio Chong, o de los escándalos revelados por The New York Times, El Mundo y Le Monde. La semana pasada, Osorio Chong confrontó directamente a la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la pauta ya establecida por José Antonio Meade en su cuestionamiento hace unas semanas del informe de la ONU sobre la tortura en México. Además, la “justicia” de Baja California ha fijado la fianza para los humildes jornaleros presos políticos de San Quintín en la exorbitante cantidad de 7 millones de pesos.
La buena noticia, sin embargo, es que al negarse a sacrificar un solo “fusible”, Peña Nieto ha permitido que aumente y se concentre aún más la ira popular hacia su persona y el régimen despótico. El siguiente estallido social se encuentra sin duda a la vuelta de la esquina. Sigamos estrechando lazos de confianza y de trabajo conjunto en preparación para nuestra próxima oportunidad de hacer historia.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 2011
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