Por Sanjuana Martínez
Las condiciones están dadas. El gobierno de Enrique Peña Nieto, debe ser acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por crímenes de Estado.
Hay que recordar que México es parte del Estatuto de Roma y firmó la creación de la Corte Penal Internacional desde el 28 de octubre de 2005, lo cual, le obliga a reconocer la competencia a este tribunal para juzgar crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad, de guerra, en fin, crímenes de Estado, como el de Ayotzinapa.
Las instituciones mexicanas han quedado absolutamente desprestigiadas y desautorizadas para seguir dizque investigando un crimen que fue cometido por el propio Estado.
El gobierno peñista, no solamente no colaboró con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), sino que torpedeó su trabajo, manipuló las pruebas, tergiversó los hechos, protegió al Ejército, torturó a los detenidos, “extravió” documentos, omitió y escondió información, sembró evidencia y presentó peritajes con escasa cientificidad para sostener por sobre todas las cosas, la llamada “verdad histórica”.
El expediente de Ayotzinapa es un símbolo de la podredumbre del sistema judicial y policial, muestra la histórica complicidad de autoridades con los narcotraficantes y otros delincuentes. Exhibe los fallos endémicos de la procuración de justicia en México. También la inoperancia de las instituciones para otorgarle acceso a la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares. No hay independencia del poder judicial.
Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es un sembrador de pruebas. Lo que hizo es un delito y no solo debe renunciar, sino también ser enjuiciado por sembrar pruebas en el Río San Juan, el video donde aparece con una bolsa es una prueba contundente.
Al despedirse, el GIEI recomendó a la PGR una investigación independiente en el caso Iguala. Antes de decir adiós, los expertos le entregaron una copia del video donde se ve al titular de la AIC, Tomás Zerón, conocido ahora mejor como Tomás “Zembrón”, realizando una visita muy interesante en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, una visita tan sospechosa que las autoridades decidieron convenientemente no incluirla en el expediente.
El caso Ayotzinapa se queda con grandes huecos. Por eso, los expertos solicitaron al subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, la imperiosa necesidad de continuar con la indagatoria. Urgen también que realicen las entrevistas a policías del municipio de Huitzuco y particularmente a los elementos de la Policía Federal.
Las 20 recomendaciones del Informe Ayotzinapa II, Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a Víctimas, son claras y contundentes y urgen al gobierno investigar como el móvil de la agresión a los normalistas, el transporte de estupefacientes en camiones de Guerrero.
Pero ¿que posibilidades tienen de ser atendidas debidamente y con absoluta pulcritud, las recomendaciones del GIEI a un gobierno que nos ha demostrado no estar interesado en aclarar la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa por la implicación directa de las fuerzas de seguridad del estado, incluido el ejército?
De las autoridades mexicanas ya no podemos esperar nada. El gobierno de Peña Nieto nos ha dejado claro que es cómplice del crimen de Estado de Ayotzinapa.
Por tanto, es imposible que sea juez y parte en la búsqueda de justicia. La siguiente meta es buscar justicia en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Cómo se puede activar la jurisdicción de la CPI? De tres formas: a solicitud del Estado, y tomando en cuenta el historial negro del estado mexicano en crímenes de estado, nunca lo hará.
La segunda forma para activar la jurisdicción es a través del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algo ciertamente improbable porque conocemos la tibieza con la que actúa esta institución en crímenes de Estado y seguramente no se enfrentaría a Enrique Peña Nieto.
La tercera posibilidad para accionar la jurisdicción es la más adecuada en este caso. Se trata de una facultad de oficio del Fiscal de la CPI para iniciar investigaciones en donde cualquier organización no gubernamental o bien, otras fuentes fidedignas, pueden solicitar oficialmente la apertura de una investigación sobre el caso Ayotzinapa.
En este caso, es el fiscal quien esta facultado para indagar información, buscar testimonios escritos y orales para presentarlos en La Haya. El crimen de estado de Ayotzinapa puede ser investigado según consta en el artículo 15 del estatuto.
Si el fiscal, luego de investigar toda la información sobre Ayotzinapa, accediera a iniciar una investigación, deberá tener una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en donde por cierto, se podrá escuchar a los padres de los normalistas.
Como en México existe una guerra contra el narcotráfico, cabría la posibilidad de que el crimen de Ayotzinapa se inscribiera en un crimen de lesa humanidad, algo que está contemplado en el artículo 7 del Estatuto de Roma que explica que son crímenes de lesa humanidad los que se cometen por ataque generalizado o sistemático contra la población civil, como el asesinato, la tortura y la desaparición forzada de personas.
Sobre los crímenes de guerra, la CPI es muy clara al respecto: “La violencia armada extendida o prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre dichos grupos entre sí dentro de un Estado, lo cual implica que dichos grupos cuenten con la habilidad de planear y llevar a cabo operaciones militares por un periodo de tiempo prolongado”.
Solo la CPI podría juzgar a los autores materiales e intelectuales del crimen de Ayotzinapa y a los mayores responsables de acuerdo al Estatuto, como funcionarios de mayor nivel en la estructura del Estado, quienes gozan de mayor nivel de impunidad, debido a que es el mismo aparato de justicia quién lo protege y los tribunales no gozan de la independencia indispensable para hacerlo.
Si el ejército está implicado en el crimen de Ayotzinapa, ¿quién creen ustedes que es su jefe supremo?… Exactamente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es Enrique Peña Nieto.
La CPI podría entonces investigar al señor Peña Nieto, a Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa, a Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado de la Policía Federal, al ex procurador Jesús Murillo Karam, a la actual procuradora Arely Gómez…. y una larga lista de funcionarios y políticos cómplices en el peor crimen de lesa humanidad que haya ocurrido en México en los últimos años: Ayotzinapa.
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