Ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a millones de connacionales, los gobernadores de los estados fronterizos de la República demandaron a Enrique Peña Nieto “acciones inmediatas”.
Los mandatarios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Francisco Vega de Lamadrid, Claudia Pavlovich Arellano, Javier Corral, Rubén Moreira, Jaime Rodríguez Calderón y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, se reunieron aquí para analizar los problemas que enfrentarán tras el arribo del magnate, quien ha advertido que renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En ese encuentro, los gobernadores fronterizos emitieron la “Declaración de Nuevo Laredo”, que consta de 11 puntos, entre los cuales destaca el llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Los mandatarios de los seis estados, encabezados por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, también condenaron las presiones de Trump para que las armadoras de autos y otras maquilas no inviertan en México.
A continuación, los puntos de la Declaración de Nuevo Laredo:
1. Ratificamos los acuerdos emanados de la mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, celebrada el pasado 9 de diciembre de 2016, en Mexicali, Baja California.
2. Creamos la Alianza política de los gobernadores de la frontera norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación eficiente e inmediata en los asuntos que más afectan: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles derivados del petróleo, carestía de productos básicos, derechos humanos, salud y vivienda.
3. Ante la amenaza expresa del presidente electo de Estados Unidos de América sobre la deportación masiva de millones de connacionales, y la afectación de sus derechos humanos, demandamos que el gobierno federal tome acciones inmediatas, acompañado de los estados y municipios.
4. Rechazamos las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanecer en nuestro país con medidas arancelarias violatorias de todos los acuerdos internacionales suscritos, y exhortamos al gobierno federal para defender proactivamente los intereses de los inversionistas mexicanos y extranjeros en territorio nacional, así como los suscritos lo estamos llevando a cabo.
5. Fortaleceremos y profundizaremos los lazos y las relaciones con todos los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio, la competitividad y el desarrollo regional de América del Norte, y demandamos al gobierno federal el diseño e implementación de un programa emergente específico para el desarrollo integral de la región.
Asimismo, promover que los consulados mexicanos incrementen acciones de apoyo a migrantes y connacionales, así como fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de migrantes en ambos lados de la frontera.
6. Solicitamos al gobierno federal que las negociaciones que se establezcan entre México y Estados Unidos de América deberán realizarse de manera integral, incluyendo todos los temas de la agenda, destacando derechos humanos, migración, seguridad, economía y medio ambiente, entre otros.
7. Solicitamos al gobierno federal la NO reducción de los Fondos de Seguridad y el incremento al Fondo de Apoyo al Migrante para los estados de la frontera norte para los ejercicios 2017 y 2018.
De igual manera, nos comprometemos a generar un mecanismo de comunicación permanente entre los estados de la frontera norte para poder actuar corresponsablemente y de forma inmediata en caso de cualquier eventualidad, como lo hemos venido haciendo.
8. Los gobiernos de los estados de la frontera norte demandan la creación de un “fondo de fronteridad”, con claridad en sus reglas de operación y su aplicación, con la finalidad de solventar los costos inherentes a los migrantes en tránsito y repatriados, operar albergues para los migrantes, infraestructura urbana y vivienda para quienes permanezcan en nuestra región, así como su integración económica y social.
9. Nos solidarizamos con los gobiernos de Baja California y Sonora para demandar el cumplimiento a los acuerdos de atención integral al contingente de extranjeros intercontinentales que han arribado a esas entidades, previamente establecidos con el gobierno federal.
10. Como estados fronterizos, constituidos en buena parte por migrantes, exigimos un cambio en el paradigma de las políticas públicas de la migración, pasando de un enfoque de seguridad nacional y en el temor a los otros, hacia un enfoque que ponga el acento en la seguridad humana y garantice las condiciones de vida en sus lugares de origen, busque alternativas ante la pobreza y la violencia, así como velar por el reconocimiento de los derechos tanto en los lugares de tránsito como de destino.
11. Promoveremos activamente encuentros con gobernadores homólogos de la frontera sur de Estados Unidos de América, así como con congresistas, senadores, alcaldes y autoridades locales, sectores progresistas, académicos, artistas, medios de comunicación, para elaborar una agenda conjunta que atienda los asuntos comunes y fortalezca la franja como una región binacional.
Los gobernadores acordaron que la tercera mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país” se realice en Monterrey, Nuevo León, en fecha por definir.
Fuente: Proceso
