Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Por lo que he escuchado y leído en diversos medios de comunicación, partidos políticos, profesionistas, empresarios, funcionarios y ciudadanos, me queda en claro que hay una inmensa confusión social de dos conceptos político-electorales, (gobernabilidad y democracia) que se presuponen mutuamente y, a la par, chocan y se contraponen con otros dos conceptos (gobernanza y autocracia) ejes fundamentales del neoliberalismo.
Desglosemos la esencia y alcance de ambos rubros.
El primer rubro –gobernabilidad– tiene que ver con la acción del gobierno y/o el ejercicio del poder. El segundo—democracia– con la elección de los gobernantes y la forma en que se ejerce el poder. La gobernabilidad está estrechamente relacionada al principio de eficiencia y eficacia. La democracia a los de legitimidad y libertad.
La primera evalúa la capacidad de un gobierno en dar respuesta a los requerimientos, necesidades y exigencias de los gobernados y, la segunda, a la capacidad soberana de éstos, para elegir a sus gobernantes.
La gobernabilidad tiene sustento en el principio de autoridad heredado del Medioevo y la tradicional razón de Estado. La democracia en las elecciones libres y el sistema de representación plural, el interés de la mayoría y respeto a la minoría; la libertad y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas; la tolerancia, la construcción de consensos y la administración civilizada del disenso y desde luego, el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En síntesis. La gobernabilidad sin democracia deviene en autoritarismo, ineficiente o eficiente, pero sin legitimidad ciudadana. La democracia sin gobernabilidad es pura demagogia. En ese contexto, la relación entre gobernantes y gobernados es deficitaria, conflictiva y en consecuencia inestable. Y eso es justamente lo que infortunadamente está ocurriendo.
Teóricamente los niveles de gobernabilidad tienen que ver fundamentalmente con los grados de satisfacción de las necesidades sociales de los ciudadanos, no con los privilegios y beneficios de los poderosos, como históricamente se acostumbraba.
Los de la democracia por su parte, dependen de los grados de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos para influir en la toma de decisiones del gobierno, en apego al Estado de Derecho y respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos, no de la desigualdad social y el poder económico y financiero de las élites.
Lo ideal es que entre gobernantes y gobernados se establezca una relación de equilibrio social en términos de eficiencia y legitimidad, para que haya estabilidad, lo que en teoría política se conoce como gobernabilidad democrática.
En las sociedades contemporáneas –vean el caso de Chile y Argentina– el vínculo entre gobernabilidad y democracia radica en el principio de la soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, como son las elecciones periódicas y la participación ciudadana, entre ellas las consultas populares que son un eje central de la democracia participativa, a la que tanto temen el PRI, el PAN y el PRD.
Vamos ahora con la Gobernanza y autocracia.
En ese contexto, los sistemas democráticos enfrentan en mayor o menor grado, problemas de gobernabilidad, como el de la pandemia del Covid, la inseguridad y violencia, el desempleo, el estancamiento de la economía, etc. a los que apelan los adversarios de la 4ta Transformación, para “demostrar la ineficiencia”, de la gobernabilidad y la democracia.
Saben que el dilema central de toda gobernabilidad democrática es que las “demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras que la capacidad del gobierno democrático se estanca”, como bien lo dijo el politólogo Antonio Camou, quien señala que este desequilibrio tiene tres dimensiones:
Déficit de gobernabilidad: “Genera un desnivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental”.
Crisis de Gobernabilidad. “Describe una situación de proliferación de anomalías, es decir, una conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales.”
Ingobernabilidad: “Es, como el de la gobernabilidad ideal, un concepto “limite” que designa la virtual disolución de la relación de gobierno que une, por ambos lados, a los miembros de una comunidad política”
En resumen. Para los neoliberales la economía global nada tiene que ver con la gobernabilidad. Por ejemplo. El Banco Mundial utiliza el término de gobernabilidad para referirse a:
1.- El proceso y las reglas mediante las cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, responsabilizados y reemplazados;
2.- La capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos de manera eficiente y formular, implementar y reforzar políticas y regulaciones;
3.- Respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que gobiernan interacciones socioeconómicas entre ellos”.
En cambio, el concepto de gobernanza, para ellos, es un estadio superior a la gobernabilidad y punto de partida de una transformación de Estado. Se usa para aludir a las formas y estilos de gobernar y, concretamente, a los mecanismos de coordinación mediante los cuales los gobiernos interactúan con actores no estatales y se articula el interés público con el privado.
Dicho de otra manera; la gobernabilidad como se señaló líneas arriba tiene como referentes esenciales el modo en que se arriba al gobierno, se ejerce el poder, y la capacidad que un gobierno tiene para atender las demandas sociales.
Los referentes de la gobernanza son otros: la manera en que un gobierno autocrático articula su gestión con la iniciativa privada, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.
Para los neoliberales la gobernanza, es punto de partida “Para recuperar el control del Estado”, a partir de tres ejes político-electorales en puerta en nuestro país:
1.- Impedir a como dé lugar, que la mayoría de 35 millones de mexicanos voten en la consulta popular del 1 de agosto a favor del que se sometan a “juicio a los ex presidentes”, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que la SCJN modificó, “con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados…Entienden que de ser procesados y sometidos a juicio, el sistema neoliberal se derrumbaría.
2.- Lograr en las elecciones del 2022 la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al que de “populista y comunista” no lo bajan.
3.- Recuperar el poder ejecutivo de la República, en las elecciones presidenciales de 2024, ya no solo con candidatos de la derecha en crisis, sino con la postulación de un personaje multimillonario al estilo Donald Trump.
