Por Alvaro Delgado
¿A qué puede aspirar un servidor público que a los 80 años de edad es electo para un cargo de nueve años? Un octagenario, un hombre de casi un siglo, ¿puede ambicionar más dinero y más poder o jugarse hasta la vida contra la impunidad para heredar honor? El fiscal Alejandro Gertz afronta esta encrucijada: Justicia y verdad o el muladar de la historia.
En tres semanas, el 31 de octubre, Gertz Manero cumplirá 82 años de edad y en tres meses, el 18 de enero, conmemorará el tercer aniversario de su elección como fiscal independiente, en el Senado, y le restarán otros seis años en el cargo: tres del gobierno de su principal impulsor, Andrés Manuel López Obrador, y tres del sucesor de éste.
Muy pobre es la obra de Gertz en el primer tercio de su gestión al frente de la Fiscalía General de la República, constitucionalmente autónoma y subordinada, en los hechos, a poderes de facto, los de antes y los de ahora.
Ante la PGR de Enrique Peña Nieto, la FGR es más continuidad que cambio y urge rectificar.
Con Gertz Manero no tiene sustento la curva de aprendizaje ni los obstáculos desde dentro, porque tiene él casi toda su vida hundido en el ámbito de la procuración de justicia, caracterizado por la podredumbre estructural, y en casi tres años como fiscal ha integrado un equipo para dar los resultados que espera la sociedad.
El emblemático caso de la alta corrupción en Pemex, el financiamiento a la campaña de Peña Nieto y los sobornos para aprobar la reforma energética, cuyo pacto con Emilio Lozoya sería clave para el esclarecimiento y el deslinde de responsabilidades, ha sido un fiasco, con un solo involucrado, el panista Jorge Luis Lavalle, en la cárcel.
Dos años y medio después de que Lozoya se fugó y a 15 meses de que fue extraditado a México –con todo y la denuncia que presentó ante la FGR para inculpar de corrupción a 70 personajes, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Peña Nieto–, se robustece la hipótesis de otro pacto de impunidad en la cúpula del poder, la de antes y la de ahora.
El presidente López Obrador no obsequia respaldos políticos por que sí, menos cuando se trata de asuntos de corrupción, pero la falta de resultados de Gertz en el caso Pemex-Odebrecht le está pasando factura a él y a su gobierno, por más que la FGR no forme parte del mismo.
Lo mismo ocurre con el papel de la FGR en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, tema en el que López Obrador comprometió su palabra para el esclarecimiento, y cuyos avances son también pobres, quizá porque tres personajes del gobierno de Peña ocupan cargos prominentes.
Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía en derechos humanos, quien fue subprocuradora con Raúl Cervantes, el sucesor de Jesús Murillo Karam, y Óscar Langlet González, coordinador de asesores de Gertz, quien ocupó el mismo cargo con Alberto Elías Beltrán, sucesor de Cervantes.
Y también el actual titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, quien fue jefe de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña.
Sí, en la FGR no son iguales, son los mismos…
POR ÁLVARO DELGADO
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN EL DIARIO DIGITAL “SIN EMBARGO”
PERIODISTA.ALVARO.DELGADO@GMAIL.COM
@ALVARO_DELGADO
