Por Pedro Miguel
El arresto de Genaro García Luna en Texas y su presentación, encadenado de pies y manos, ante una corte, es un hecho político y policial de gran envergadura porque el hombre fue la pieza que articulaba varios de los componentes principales del régimen calderonista: la corrupción gubernamental, la sangrienta estrategia de seguridad y la participación en ella del gobierno estadunidense.
En la génesis de la violencia estructural que se abatió sobre el país de manera profunda y perdurable, García Luna es un factor mucho más relevante que El Chapo Guzmán, porque éste actuó siempre de un sólo lado del fenómeno, en tanto que el ex secretario federal de Seguridad Pública operó en todos: como gestor de los contratistas que hicieron fortunas con el baño de sangre; como administrador de la fuerza del Estado; como protector furtivo de aquellos a quienes se suponía que estaba combatiendo; como encubridor, junto con el entonces procurador Eduardo Medina Mora, de las complicidades estadunidenses con el narcotráfico; como conexión con las organizaciones ciudadanas que dieron justificación y cobertura a la masacre –México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, Causa en Común y demás–, y hasta como guionista del discurso mediático que acompañaba las acciones de guerra.
Muchos piensan que el Calderonato fue una suma de corruptelas, ineptitudes y estupidez. Otros estamos convencidos de que fue, en realidad, un programa diseñado para llevar a la sociedad mexicana a un estado de indefensión, desarticulación, zozobra y pánico con la finalidad de crear condiciones óptimas para el saqueo de bienes nacionales, la apropiación de recursos naturales y la explotación más extrema de la fuerza de trabajo.
Pero, haiga sido como haiga sido –por estulticia o por designio–, no deja de ser sorprendente que haya sido posible ensamblar esa orquesta inmunda en la que tocaban al unísono, aunque en distintas escalas, empresarios, políticos, capos, representantes diplomáticos, académicos e intelectuales orgánicos, opinadores, publicistas, activistas y agentes del FBI, la DEA, la CIA y la ATF destacados en el territorio nacional. Y en el rol desempeñado por García Luna se encuentra una parte fundamental de la respuesta.
Ciertamente, en el periodo del usurpador michoacano no se encuentra la raíz de todos los males y miserias que ha padecido México; ese lapso es un eslabón en el ciclo de gobiernos neoliberales y oligárquicos que empieza con De la Madrid o con Salinas y culmina con Peña Nieto, un ciclo de avance progresivo y gradual de la corrupción a gran escala, la pérdida de derechos, conquistas y condiciones de vida, la destrucción de organizaciones sociales, la pérdida de soberanía y el acanallamiento de las conductas sociales.
Pero el calderonato es el tramo definitorio del proyecto antinacional que empezó a hacer agua tras la atrocidad de Iguala del 26 de septiembre de 2014, sufrió una fractura fatal con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y acabó de desmoronarse el 1 de julio del año pasado. Entre 2006 y 2012, sin embargo, se consagraron la generalización de la violencia, la pérdida de los derechos humanos como referente básico, la descomposición institucional y la impunidad garantizada a las raterías de los funcionarios. En ese lapso se hizo inocultable que había una conexión entre política económica y auge de la criminalidad y se evidenció que la delincuencia organizada se había convertido en un sector económico por derecho propio, tanto por el número de empleos que generaba como por la cantidad de divisas que aportaba a la economía.
Más allá de las obligaciones legales de procurar e impartir justicia, hay una razón de Estado que hace necesario esclarecer asuntos como el fraude electoral mediante el cual Calderón fue incrustado en Los Pinos, juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por su gobierno, –reactivando, por ejemplo, la denuncia presentada en la Corte Penal Internacional de La Haya– y esclarecer el destino de los recursos derivados de los sobreprecios petroleros –decenas de miles de millones de dólares que desaparecieron en los sexenios de Fox y de Calderón, el dispendio de la barda de la nunca construida Refinería Bicentenario y las raterías perpetradas con el pretexto de la Estela deLuz.
Adicionalmente, por la necesidad de entender a profundidad lo ocurrido, es deseable que una comisión de la verdad examine y evalúe desde el ámbito social el papel que desempeñaron García Luna, Medina Mora, el propio Calderón y otros ex funcionarios en la conformación y el funcionamiento del Calderonato, un ejercicio gubernamental sórdido, indecente y sangriento que no debe repetirse nunca más.
Fuente: La Jornada
