Las autoridades federales de Estados Unidos están aplicando una nueva política que garantiza asesoría legal a los inmigrantes detenidos que no puedan representarse a sí mismos por padecer de trastornos mentales graves o condiciones que los definan como mentalmente incompetentes.
La nueva política nacional, anunciada esta semana por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, se conoció después de una batalla legal de un año encabezada por la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a través de una demanda presentada en Los Ángeles.
“Dar representación legal a gente con discapacidades mentales significativas no sólo es legalmente sensato, sino también es forma humana para que funcione nuestro sistema migratorio”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la ACLU en el sur de California y miembro del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.
Unos 34.000 inmigrantes son detenidos diariamente y más de 1.000 de ellos tienen discapacidades mentales de algún tipo, según la asociación.
En 2010, la ACLU ganó el derecho de representar a dos hombres discapacitados mentalmente que pasaron años detenidos. Ambos eran residentes legales que iban a ser deportados después de sus sentencias penales.
La demanda fue presentada por José Antonio Franco González, un inmigrante mexicano con deficiencia cognitiva que estuvo detenido en instalaciones migratorias federales casi cinco años sin una audiencia o abogado.
El residente de Cosa Mesa, California, y quien ahora tiene 33 años, fue obligado a representarse a sí mismo a pesar de que sus funciones a nivel mental eran las de un niño y no era capaz decir la hora o incluso recordar su fecha de nacimiento.
Ese año la querella se amplió al estatus de demanda colectiva y la jueza federal de Distrito, Dolly M. Gee, falló el martes a favor de la ACLU. De acuerdo con la asociación, esto aplica para ciertos detenidos que ahora están en Arizona, California y Washington.
La nueva política incluye audiencias para evaluar las capacidades de los detenidos y una revisión de procesos para desórdenes mentales graves.
Un representante calificado estará disponible para detenidos que no tienen representación y que parecen incapaces de hacerlo por ellos mismos, dijeron los funcionarios.
Se espera que los nuevos procesos se implementen por completo en todo el país a finales de este año.
La ACLU fue apoyada en el caso por el Consejo Público, el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, los Servicios de Abogacía y Salud Mental y el despacho de abogados Sullivan & Cromwell.
LA demanda, la sentencia
La sentencia en la demanda de acción de clase es la primera de su tipo para los inmigrantes detenidos, que a menudo languidecen en las cárceles durante años sin representación legal.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió sentencia a favor de los demandantes en el caso, Franco-González vs Holder, que se aplica a ciertos detenidos en Arizona, California y Washington.
La decisión se registra más de tres años después de que se presentó una demanda por el inmigrante mexicano José Antonio Franco González.
Franco González, quien sufre de discapacidad cognitiva, fue detenido en instalaciones federales de inmigración durante casi cinco años sin una audiencia o un abogado.
En 2010, los demandantes solicitaron para ampliar el alcance del desafío de procedimientos inadecuados del gobierno mediante la conversión de la demanda en una acción de clase (demanda colectiva).
En el fallo del tribunal, el juez Dolly M. Gee determinó que para esta clase, el abogado designado “es el único medio por el cual puedan” defenderse.
A su vez, el Tribunal criticó al gobierno por no tener garantías para proteger a esta población más vulnerable.
En consecuencia, la Corte ordenó que los detenidos con discapacidad mental grave cuenten con representantes calificados a expensas del gobierno y una audiencia de fianza para evitar una detención prolongada.
“La decisión de hoy garantiza que los inmigrantes detenidos con discapacidad mental, finalmente, obtengan la representación legal que necesitan”, dijo Ahilan Arulanantham.
Arulanantham es abogado de la ACLU del Sur de California y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“A medida que nuestro país se mueve para aplicar una reforma migratoria de sentido común, debemos insistir en que derechos de grupos vulnerables atrapados en cárceles de inmigración están protegidos”, anotó.
Franco-González, ahora de 33 años, se vio obligado a representarse a sí mismo a pesar de que un psiquiátra determinó que no tenía conocimientos básicos de los procedimientos de inmigración, y no sabía cómo defenderse.
Cerca de 34 mil inmigrantes son detenidos diariamente y estimaciones del gobierno indican que más de mil tienen discapacidad mental de algún tipo.
En el pasado, ninguna de estas personas se les garantizaba representación legal a pesar de que tendrían grandes dificultades para tratar de representarse a sí mismos en el proceso judicial.
Fuente: AP y Notimex
