El general Rubén Pérez Ramírez jamás se sintió traicionado por el Ejército durante los meses que pasó en prisión, pero sí por su superior, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien, asegura, nunca exigió una investigación seria, pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR), que sólo con testigos protegidos que falsearon información lo llevevaron a prisión, junto con otros seis militares acusados por supuestos nexos con el narcotráfico.
“Esto fue armado” con un interés político desde la PGR, asegura el general. Aunque dice no puede especular, resalta que cuando se inició la investigación [en 2010]era comandante de la Zona Militar de Toluca y tuvo cercanía con el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, por lo que considera que afectar al candidato más fuerte a la Presidencia pudo ser un motivo, o el justificar la guerra contra el narcotráfico.
Relata que funcionarios de la PGR, de la anterior administrración, lo amenazaron desde el primer momento de su detención en mayo de 2012. “Me dijeron que iban a acabar con mi carrera militar, que iba yo a parar a un penal federal” y cumplieron.
Hoy a una semana de salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano, al demostrarse que no existen pruebas en su contra y de sus coacusados, señala que retomará el servicio de 42 años que truncó este episodio, sólo espera que concluya el trámite administrativo para seguir trabajando, agradecido con el actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, quien ha declarado que a él y sus compañeros se les hizo justicia con la liberación, que se les reivindica.
“Significa que no hay duda de nuestra inocencia, la que defendimos desde el primer día”, dice el general Pérez Ramírez en entrevista con El Universal.
Fue acusado junto con los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz de presuntamente colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, por lo que fueron detenidos en mayo de 2012, arraigados y enviados a prisión en agosto de ese año.
Las pruebas fueron solo los dichos de los testigos protegidos con clave Jennifer y Mateo, por lo que en abril pasado la actual admnistración de la PGR presentó conclusiones no acusatorias a favor de Ángeles Dauahare; la semana pasada procedió igual con el resto de los cinco militares que fueron ex carcelados el 5 de julio.
Pérez Ramírez sostuvo que “me siento muy agraviado en mi persona porque se empleó a un testigo protegido para inculparme, a un general del Ejército de 42 años de servicio, intachable, no llegué a general por mala conducta, entonces sí se me hizo una injusticia que se haya utilizado un testigo que al final de cuentas es un asesino”.
¿Durante este tiempo se sintió traicionado por el Ejército?
No, de ninguna manera; me pude haber sentido traicionado pero por mi superior en ese momento, pero no por el Ejército, porque un hombre en determinado momento no representa o significa toda una institución.
¿Considera que el general Guillermo Galván no exigió una investigación?
Ahí, en determinado momento pues pudiera haber sido también que dijera: ‘pues investíguelos y si hay algo pues adelante’, entonces pues no sabría decir realmente si fue falta de apoyo de él… es difícil opinar sobre ese particular. Creo que en determinado momento, no hubo el apoyo, porque la misma secretaría realiza labores de inteligencia y hubiera podido comprobar el dicho o ellos mismos nos hubieran detenido. Esto fue algo armado en la PGR, definitivamente.
Aunque dice que no sabe quiénes están detrás de la “fabricación” del expediente contra los militares, tiene la certeza de que “el tal Jennifer, que fue el que me señaló, es el menos culpable porque a él alguien le puso las palabras, para que dijera lo que tenía que decir, así como el caso de nosotros en otros que han salido a la luz pública”.
El general espera que, sin importar el fondo de esta “fabricación”, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dé a conocer a corto plazo el resultado de la investigación que realiza en contra de los testigos protegidos y funcionarios implicados en el caso, “esto no se puede quedar así”.
¿Tuvo oportunidad de hablar sobre esto con sus coacusados en prisión?
Platicábamos como fue manipulado, como fuimos amenazados por estas gentes de la PGR, que al final de cuentas nos llevaron a la cárcel. Compartíamos la incertidumbre por el futuro, sabiéndonos inocentes.
¿Usted fue amenazado?
Por supuesto que sí. Yo no tuve derecho a un abogado desde un principio, cuando me informaron de qué se trataba pedí hablar con un abogado pues les dije que no era posible que me quisieran incriminar de esa forma, y me dijeron: ‘Usted está en la SIEDO y hacemos lo que nosotros queremos’. Por su puesto que sí fui amenazado, me dijeron que se iba a acabar mi carrera militar, que iba yo a dar a un penal federal. No hubo beneficio de la duda, todo fue manipulado, la amenaza fue directa y contundente.
Hoy libre y a punto de reintegrarse al servicio Pérez Ramírez señala que al analizar lo ocurrido “doy gracias a esta experiencia, que aunque amarga me permitió valorar a mi familia, mi vida”; también agradece el apoyo del secretario Cienfuegos, porque “nosotros sabíamos que éramos inocentes, qué bueno que nuestros superiores así lo saben, porque no nos soltaron por buenas gentes o caridad, nos soltaron porque se determinó que no había pruebas de las acusaciones”.
Para este general que ha servido en diversas unidades de la milicia, que desde joven estuvo en el Estado Mayor Presidencial al servicio de tres presidentes —José López Portillo, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo— lo ocurrido será capítulo cerrado.
“En el penal me hicieron un estudio sicológico en el que me preguntaron si tuviera oportunidad de volver a escoger un trabajo cuál sería y respondí: ‘Militar, nuevamente’. El Ejército me ha dado tantas experiencias de tan diversa naturaleza que hasta la cárcel me dio oportunidad de conocer”.
Fuente: El Universal
