El equipo de Rosario Robles extrajo del programa de Vivienda Rural del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) más de 158 millones de pesos en efectivo cuyo destino se desconoce. En vez de sancionar a su personal, Robles tramitó con Hacienda un arreglo de las cuentas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la que es titular. Casualmente, es la misma red de funcionarios y colaboradores que participó en la llamada “estafa maestra”.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
Al menos 158 millones 662 mil pesos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) fueron sustraídos en efectivo y de manera irregular por la misma red de funcionarios y colaboradores de Rosario Robles que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cometieron entre 2015 y 2016 la serie de desvíos que configuraron La estafa maestra.
La sustracción de estos recursos fue descrita en dos oficios internos, de enero y marzo de 2016, por Claudio Enrique Trulin Espinosa, director de Administración y Finanzas de Fonhapo, quien le reprochó a Francisco Javier Báez Álvarez, director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, que los 158 millones 622 mil pesos fueron tomados sin informar a Fonhapo y “se desconoce si dichos recursos fueron depositados” a la Tesorería de la Federación.
Según estos oficios, cuya copia obtuvo Proceso, el área presupuestal de Sedatu utilizó estos 158 millones 622 mil pesos del programa de Vivienda Rural sin realizar un trámite o solitud expresa para obtener la adecuación presupuestaria y la propia dependencia dirigida por Rosario Robles “utilizó la clave de la entidad presupuestaria del Fonhapo, sin que en esta institución se tuviera conocimiento de esta partida operada en su nombre”.
Trulin Espinosa, colaborador de Ángel Islava Tamayo, director general de Fonhapo, le reprochó en su oficio del 13 de enero de 2016 a Francisco Javier Báez Álvarez que “esos retiros no fueron informados al Fonhapo como reintegros y se desconoce si dichos recursos fueron depositados a la Tesofe o a otra cuenta a favor de la Sedatu, por lo que se desconoce cuál fue su destino final; si el objetivo del retiro señalado era la disminución del presupuesto autorizado, entonces la Sedatu deberá realizar los movimientos presupuestarios correspondientes a un reintegro, de tal manera que los movimientos presupuestales queden debidamente equilibrados en el Fonhapo y a cargo de la Sedatu”.
“Es imprescindible la aclaración de estos movimientos presupuestales y de flujo de efectivo, ya que por ningún motivo deben incluir recursos que el Fonhapo no solicitó y que no fueron depositados en la cuenta del fideicomiso, de los que se desconoce su ejercicio para efectos del reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2015”, subrayó el director de administración y finanzas del fideicomiso responsable de subsidiar la vivienda de bajo costo y de coordinar las tareas de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.
Dos meses después, el 2 de marzo de 2016, otro oficio de Trulin Espinosa dirigido a Báez Álvarez destacó que la propia Secretaría de Hacienda rechazó la solicitud de “adecuación presupuestaria” debido a que “existen diferencias entre las cifras del flujo de efectivo propuesto 2015”, específicamente en el rubro de subsidios por la cantidad de 158 millones 662 mil pesos.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2162, ya en circulación
