Por Luis Javier Valero Flores
Podrán agregársele muchas cosas, quitársele otras tantas, pero el hecho, duro, contundente, es que la elección del 5 de junio pasado fue una especie de referéndum sobre el gobierno de César Duarte.
También lo fue sobre el PRI, pero ese juicio puede atenuarse y confirmarse la anterior debido a que una buena cantidad de militantes y simpatizantes priistas también votaron en contra de los candidatos del partido gobernante.
Y lo hicieron de ese modo, porque a su parecer –y al de cientos de miles de chihuahuenses que no son simpatizantes del tricolor– la mayoría de los postulados, en primerísima fila el candidato al gobierno, Enrique Serrano, respondían a los deseos del aún gobernante.
Muchos lo hicieron porque vieron en tales candidaturas –a pesar de que formalmente la postulación la haya realizado el Comité Nacional de ese partido– la pretensión de continuar en el poder y, para la absoluta mayoría de esos votantes, la intención de no castigar las supuestas, o reales, corruptelas cometidas por el mandatario.
De ahí el éxito del eje de la campaña de Javier Corral. Si había aquella percepción en la mayoría de la sociedad, el anuncio de que lo llevaría a la cárcel prendió como fuego en la pradera seca.
Deberemos recordarlo. Ante el anuncio de la candidatura de Corral, infinidad de personas, con insistencia, se hicieron la pregunta: ¿Y sí lo meterá a la cárcel? Con toda seguridad, ese tema constituyó el eje de los comentarios y discusiones de numerosos chihuahuenses.
No estaba a discusión si el gobierno de Duarte había realizado obra pública –estaba descartada de antemano–, o si había instituido la matrícula universal en educación media y superior (con excesos en la denostación de esta materia como la del maestro universitario Fernando Rascón, quien arguye que haber aumentado la matrícula en la Facultad de Medicina de la UACh fue ¡para usarlos en la elección de rector!); o si había mejorado o no la seguridad pública, o tantas otras cosas buenas argüidas por Duarte.
No, lo prevaleciente fueron, centralmente, la novedad de que el gobernador era un hombre rico, hecho del que apenas nos enterábamos y el crecimiento desmesurado de la deuda del gobierno de Chihuahua.
Vamos ahorrándonos discusiones. El grupo gobernante argumenta que los bonos carreteros y los del impuesto sobre nómina no son deuda. Bien, pero sí son compromisos financieros de la administración estatal, los que al asumir el poder constituían, juntos, deuda directa y la de los fideicomisos, un poco más de 12 mil millones de pesos.
Seis años después, juntas, la deuda directa y los compromisos de los fideicomisos (y ahora los de FIBRA Estatal Chihuahua) superarán los 51 mil mdp, si incluimos los 6 mmdp aprobados recientemente.
Se cuadriplicaron los compromisos de Chihuahua.
Y eso es lo percibido por la mayoría de la población, además de los rumores y las muy frecuentes publicaciones de documentos –reales o supuestos– sobre desfalcos o desvíos de la administración estatal.
Todo lo anterior y un sinnúmero de cosas más fueron acumulándose. Al final se convirtieron en una auténtica sorpresa para los gobernantes: la mayoría de los chihuahuenses los descalificó, a ellos, y a su obra gubernamental.
La elección podrá haber tenido algunas deficiencias, se puede aceptar, pero de ningún modo el resultado electoral va en sentido contrario al de los deseos de la mayoría de la población y, además, al de la aceptación de muchos priistas ante derrotas tan contundentes.
Al paso de las semanas, los militantes del PRI han hecho el recuento, no de las razones por las cuales perdieron, que también lo hacen, sino al de que ahora saben que un buen número de los votantes del PRI en esta ocasión lo hicieron por los candidatos de enfrente, fueran del PAN o independientes.
A pesar de lo anterior, la dirigencia formal del PRI, y la real, el grupo gobernante, decidieron impugnar las elecciones con el objetivo de anularlas.
No intentaron anular algunas casillas para mejorar los porcentajes de votación o ganar algunos distritos y municipios, no, pretenden que se anule la elección a gobernador.
¿Se imaginan lo que ocurriría si se anularan?
Además de la gran inconformidad popular, lo más seguro es que los votantes se precipitarían en las urnas en la elección –que debería realizarse, a más tardar, entre principios y mediados de mayo, además de que el nuevo Congreso sería, por mayoría absoluta de los diputados presentes, el que designara al Gobernador Provisional– y el resultado sería más que apabullante.
Derrotados los priistas en mayo del año entrante, unos cuantos meses después deberían afrontar los procesos internos y las elecciones de junio del 2018, en las que se elegirán síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república.
¿Estarán dispuestos a afrontar semejante desafío, en condiciones verdaderamente adversas, amén de los desajustes y desequilibrios causados a la población generados por la hipotética anulación de las elecciones pasadas?
Una cosa es cierta, además de todo lo anterior, el grupo gobernante, al momento de solicitar la anulación de las elecciones, no tomó en cuenta las necesidades, ni siquiera, de su propio partido, al que someterían a un salvaje desgaste.
Por supuesto más de uno de los lectores podrá estar de acuerdo en que así suceda, el problema son las consecuencias que acarrearía al conjunto de la población, cosa que al parecer tampoco tomaron en cuenta.
Y es que no se trata de la anulación de un proceso electoral que hubiese sido extremadamente reñido; no, estamos frente a una contundente derrota del PRI en Chihuahua y ese es el hecho político no aceptado por quienes gobernarán hasta el 3 de octubre.
Si lo hubiese sido, las evidencias e inconformidades brotarían por todos lados; no es así y lo procedente, lo mesurado será aceptarlo con todas sus consecuencias y no sólo declarativamente, en los hechos y dar paso, como se aprecia, por otro lado, en los encuentros sostenidos entre los funcionarios del Gobierno de Chihuahua y los comisionados de Javier Corral para recibir la administración estatal y, también, por la rectificación del gobernador Duarte acerca de la pretensión de adelantar la fecha del último informe de gobierno, que deberá realizarse el primer viernes de septiembre.
Porque la pretensión de cambiar cualquier cosa por la vía legislativa se tomará como la intención de continuar en el ejercicio del poder del modo como se le criticó hasta la saciedad, sin límites y sin respeto a la división de poderes que en el presente sexenio no existieron.
Lo anterior serviría, no sólo para hacer una transición gubernamental reposada y dar pie a que los nuevos gobernantes asuman un impresionante reto, descomunal, no sólo por las carencias y rezagos con los que se encontrarán, sino por el tono, la orientación del gobierno que Corral esbozó a lo largo de la campaña –que no sólo fue la crítica a Duarte, en la que el acento en lo social predominaba– y la orientación política e ideológica de muchos de los integrantes del equipo de recepción, claramente de derecha o proempresariales, como así sucede con Francisco Barrio, Gustavo Madero, Patricia Terrazas y algunos más.
Y es que en determinados momentos las arengas y posturas de Javier Corral tuvieron muchas coincidencias –en ese aspecto, en lo social– con las desarrolladas por Andrés Manuel López Obrador y que, entre otras cosas, ha llevado a que se le ubique a la izquierda del PAN.
Conciliar las orientaciones de los integrantes de su equipo, por la presencia de otro grupo, el de los activistas de izquierda y el de los social-cristianos (también de izquierda), entre los que sobresalen Víctor Quintana, Alma Gómez, Martín Solís, Hugo Almada y Camilo Daniel.
No será fácil, para muchos panistas, aceptar lo asentado al principio: el resultado de la elección no se debió a las extendidas simpatías por el PAN (que contaron, indudablemente, pero que no eran suficientes, ni siquiera, para ganar, mucho menos para hacerlo con la contundencia que se dio), sino al muy generalizado rechazo popular al actual gobierno.
Entenderlo de ese modo podría ser el antídoto para evitar que se pretenda llevar a la práctica el típico ideario panista; Chihuahua necesita, con urgencia, un cambio en su estructura económica, en su plataforma política, en la manera como se relacionan los gobernantes con la sociedad, en el funcionamiento de las instituciones, en la atención a los increíbles cinturones de miseria existentes en la entidad.
No todo Chihuahua es el de la prosperidad y, sobre todo, necesita una conducta diametralmente opuesta de la clase empresarial, no pueden seguir pagando los niveles salariales que tenemos, son la fuente de muchas de las desgracias sociales.
Todo eso, y más, necesita cambiarse.
Los panistas deberán entenderlo y olvidarse de que los chihuahuenses les extendieron un cheque en blanco.
De ningún modo.
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