Por Jorge Durand
Los republicanos están obsesionados con la seguridad fronteriza y Barack Obama con resolver el asunto de la migración irregular, que pase una reforma migratoria y eventualmente asegurar la presencia de los demócratas en la siguiente administración, con el apoyo del voto latino. Obama se juega su paso a la historia, después de múltiples fracasos y encontronazos en su relación con el Congreso. Por eso acepta cualquier enmienda que sugieran los republicanos sobre el tema de seguridad fronteriza. En el fondo se trata de dinero, de gasto público al que nadie se puede oponer, aunque sea una locura.
Y es una locura porque hay otros modos de manejar la migración irregular sin tener que militarizar la frontera y duplicar el número de patrulleros fronterizos. La misma reforma migratoria propone una medida efectiva para impedir que puedan trabajar los migrantes irregulares. La migración que se dirige a Estados Unidos es esencialmente laboral y si no se puede trabajar no tiene sentido ir.
Pero esa es la precondición que pusieron los republicanos para empezar a hablar de una reforma migratoria. Y con esta enmienda ya no hay manera de que se echen para atrás en especial los de la Cámara de Representantes, donde hay mayoría republicana y están los más recalcitrantes oponentes a cualquier tipo de reforma.
Se propone doblar a 40 mil el número de patrulleros, de concluir el muro fronterizo, de permitir la vigilancia aérea por medio de drones y el uso de tecnología sofisticada para impedir el paso de cualquiera que pretenda cruzar la frontera de manera subrepticia.
Y al respecto el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha abierto la boca. En realidad tiene mucho que decir. Poner un muro en las narices del vecino no es algo menor, tampoco militarizar la frontera y vigilarla día y noche. Pero este asunto empezó hace ya un par de décadas, no es de ayer y muy poco se ha podido hacer.
Paradójicamente los únicos que han dicho algo y han conseguido algunas concesiones son los ecologistas, que se preocupan por el libre tránsito de la fauna y se han dejado huecos para que pasen algunas especies menores.
En ese contexto vale la pena señalar que la Unesco hace unos días reconoció al Pinacate en el desierto de Sonora y al desierto de Gran Altar como Patrimonio Mundial. Un reconocimiento bien merecido, pero que tiene trasfondo político. En efecto, hace ya unos años se discutía la posibilidad de cerrar la frontera por parte de México, como medida para llegar a un acuerdo migratorio y mitigar los efectos del muro y una de las propuestas era declarar la zona como protegida y así tener la excusa para impedir el paso de los migrantes por esa zona. Si ese era el objetivo, llegó tarde. Ya no hay nada qué negociar.
El mutismo de México al respecto tiene su historia. Por muchos años el PRI aplicó la llamada política de la no política, la de no hacer nada y sólo reaccionar ante casos específicos de conflictos fronterizos o problemas de la comunidad mexicana en el exterior. Luego Vicente Fox fue proactivo (demasiado) y buscó a toda costa un acuerdo migratorio. Pero fue Felipe Calderón el que llevó las cosas al otro extremo y se propuso explícitamente, al comienzo de su mandato, desmigratizarla relación bilateral. En efecto, logró su cometido y narcotizó la relación con las nefastas consecuencias que todos padecemos. Por su parte, Peña Nieto no ha dicho nada y no se ha definido una política migratoria en su administración, a pesar de que en Gobernación existe una Unidad de Política Migratoria, lo que fuera antes un Centro de Estudios Migratorios.
Definir una política migratoria no se hace de la noche a la mañana. Y perdimos la oportunidad hace unos años, cuando se decidió dejar de lado el tema de la emigración y sólo se trató el de la inmigración, que terminó propiamente como una ley de extranjería. Se adujo que sería muy complicado trabajar con un proyecto de ley integral y ni siquiera se discutió el tema.
Ahora pagamos las consecuencias. No sabemos qué hacer al respecto ni qué posición tomar cuando el Congreso de EU toma una decisión soberana, pero que afecta directamente a México y complica la relación bilateral. La militarización de la frontera puede exacerbar el ambiente fronterizo, incrementar el número de conflictos y de muertes en la línea, como ya ha sucedido en repetidas ocasiones. Igualmente, se pueden originar conflictos con un número tan grande de patrulleros que no tienen nada qué hacer y que pueden exagerar sus actitudes o comportamiento, afectando directamente los derechos humanos de los migrantes.
Sellar la frontera militarmente implica riesgos y excesos y sobre este tema se puede hablar y negociar. Por ejemplo, el tipo de armamento que llevarán los patrulleros, algo de lo que ya se ha negociado anteriormente. Hay que preguntar acerca de los numerosos juicios contra el abuso de autoridad de los patrulleros que quedan impunes. Como el migrante asesinado Anastasio Hernández justo en el momento que iba a ser deportado, del cual hay numerosos videos. Los asesinatos que se cometen desde el lado estadunidense por disparos de los patrulleros a gente que está en el lado mexicano. El incremento de medidas coercitivas implica la exacerbación del ambiente fronterizo.
Por lo pronto, si ya se optó por no intervenir de acuerdo con el viejo lema mexicano de política exterior, por lo menos se puede actuar a escala local, tomar medidas de protección y defensa de los migrantes mexicanos, medidas que deben ir acompañadas de campañas de información a los migrantes y sus familias para que no arriesguen su vida y sus ahorros inútilmente. Pero sobre todo de desarrollar oportunidades laborales a nivel local. Otro tema a negociar en serio son las políticas de contratación de trabajadores temporales, sobre las cuales tampoco se ha dicho nada.
Finalmente, se debe definir una política con respecto a los migrantes en tránsito que van a quedar varados en la frontera o que se van a quedar en territorio nacional. Un problema que no hemos resuelto y que tiene numerosas aristas.
Fuente: La Jornada
