Las autoridades de inmigración deben modificar sus prácticas para garantizar que los mexicanos acusados de vivir ilegalmente en Estados Unidos sean informados adecuadamente sobre sus derechos a una audiencia ante un juez de inmigración, según un acuerdo para zanjar una demanda, difundido públicamente el miércoles.
La demanda federal fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Los Ángeles en nombre de nueve ciudadanos mexicanos y tres organizaciones en junio del 2013. Sostiene que funcionarios de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han dicho rutinariamente a inmigrantes mexicanos que podrían pasar meses en la cárcel mientras se deciden sus casos y que han sido informados falsamente que pueden arreglar fácilmente su estatus legal una vez de regreso en México.
Las autoridades de inmigración ofrecen repatriaciones voluntarias que prohíben a los inmigrantes volver a entrar en Estados Unidos hasta por diez años, según la demanda. Esas salidas voluntarias pueden ser ofrecidas a inmigrantes sin antecedentes delictivos, que les permite evitar la posibilidad de penalidades más severas bajo órdenes formales de deportación.
Los dos organismos citados en la demanda dijeron en una declaración que se ofrecen las repatriaciones voluntarias como una opción para aquellos que solicitan ser repatriados en vez de someterse a órdenes formales de deportación “pero en ningún caso se toleran la coerción ni la decepción”.
Las agencias dijeron que aceptaron suplementar sus procedimientos actuales para garantizar que los extranjeros comprendan plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a México. La ACLU dijo el miércoles que todos los demandantes en el caso podrían haber presentado casos viables ante la justicia para permanecer en Estados Unidos si se les hubiese informado correctamente sobre su derecho a una audiencia.
Fuente: AP
