Una antigua municipalidad minera de Pennsylvania y un suburbio de Dallas perdieron el lunes una prolongada batalla para implementar ordenanzas contra los inmigrantes cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declinó escuchar sus apelaciones.
El máximo tribunal del país ha sostenido desde 2012 que los asuntos de inmigración son en lo fundamental un tema de entidades federales, no de gobiernos locales.
La decisión del lunes fue sobre esfuerzos de la ciudad de Hazleton, en el noreste de Pennsylvania, y de Farmers Branch, en Texas, para hacer cumplir ordenanzas en materia de vivienda y empleo dirigidas a personas que viven sin autorización en el país, una estrategia que han copiado decenas de otras municipalidades que critican la ineficiencia del gobierno federal para controlar la inmigración.
“Creo que las cosas son muy diferentes ahora de cuando comenzamos este caso. Las ciudades ya no desean tomar el camino de Hazleton”, dijo el abogado Omar Jadwat, del Proyecto Derechos de Inmigración de la ACLU, la Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles, que alegó el caso exitosamente en un tribunal federal de apelaciones.
“Lo que vemos es que muchas más ciudades y estados buscan formas de integrar los inmigrantes a sus comunidades… no excluirlos o convertirlos en delincuentes”, afirmó.
Hazleton aprobó las primeras ordenanzas en 2006 para detener el flujo de inmigrantes. Las ordenanzas contemplaban multar a los caseros que alquilaban viviendas a personas que vivían en el país sin autorización, negar permisos a empresas que les dieran empleo y exigir a las personas que iban a alquilar viviendas que se inscribieran en el ayuntamiento y pagaran un permiso de alquiler. Pero las ordenanzas nunca se implementaron en medio de impugnaciones ante los tribunales.
El exalcalde Lou Barletta, quien dirigió el esfuerzo, es ahora un legislador federal. Barletta presentó las medidas después que dos personas que vivían en el país sin autorización fueron acusadas en un tiroteo mortal. El alcalde alegó que los que vivían en Hazelton sin permiso llevaban drogas y delincuencia a la ciudad, lo que abrumaba a la policía, las escuelas y los hospitales.
“A final de cuentas, culpo al gobierno federal. Si se hicieran cumplir las leyes de inmigración, las municipalidades no se verían obligadas a tomar este asunto en sus manos”, dijo Barletta, que es republicano, en un comunicado el lunes. “Por eso me opongo firmemente a cualquier ley que incluya la posibilidad de amnistía para los inmigrantes ilegales… La decisión de hoy me impulsa a hablar con más fuerza sobre este asunto”.
Fuente: AP
